En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la gestión municipal en la provincia de Pontevedra, el regidor socialista Andrés Díaz ha designado directamente a su pareja, Isabel Pregal, como concejala responsable de Igualdad, entre otras áreas clave. La decisión, avalada por la mayoría absoluta del PSOE en el Ayuntamiento, incluye una dedicación parcial remunerada que supera los 33.000 euros brutos al año. Fuentes municipales consultadas por este diario aseguran que el nombramiento responde a “necesidades objetivas de refuerzo en comunicación y atención a colectivos vulnerables”, aunque la coincidencia sentimental ha desatado un intenso debate sobre los límites éticos en la administración local.
Antecedentes del nombramiento y contexto municipal
El pleno del Ayuntamiento de Ponte Caldelas aprobó la reestructuración de áreas de gobierno el pasado 30 de enero de 2026, apenas días después de que el equipo de gobierno socialista presentara su propuesta de organigrama para el nuevo periodo. Andrés Díaz, alcalde desde hace más de una década y reelegido con holgada mayoría en las últimas convocatorias electorales, argumentó ante los concejales la imperiosa necesidad de profesionalizar la gestión de la comunicación institucional y de fortalecer las políticas dirigidas a la tercera edad y a la juventud.
En este marco, Isabel Pregal —quien ya figuraba en la lista electoral socialista en posiciones simbólicas desde 2023— asumió las competencias de Benestar Social, Xuventude, Igualdade e Comunicación. La concejalía de Igualdad, en particular, ha sido considerada históricamente como uno de los pilares ideológicos del proyecto socialista en los municipios gallegos. Precisamente por esa sensibilidad, el nombramiento ha generado cuestionamientos inmediatos en la oposición y entre sectores de la ciudadanía.
Según datos facilitados por el propio consistorio, la dedicación parcial asignada a Pregal implica una retribución anual de 33.214 euros brutos, cantidad que se sitúa en la horquilla media-alta de las retribuciones de cargos con dedicación no exclusiva en ayuntamientos de similar tamaño en Galicia. El cese previo de una asesora técnica que percibía un importe similar ha sido interpretado por el gobierno municipal como una “optimización de recursos” que evita duplicidades administrativas.
Reacciones institucionales y políticas
La oposición local no ha tardado en posicionarse. El portavoz del Partido Popular en Ponte Caldelas, Manuel Rodríguez, calificó el nombramiento como “un claro ejemplo de nepotismo institucional que daña la credibilidad de las políticas de igualdad”. En declaraciones a este diario, Rodríguez añadió: “Resulta paradójico que el área destinada a combatir cualquier forma de favoritismo o desigualdad sea ocupada por una persona unida sentimentalmente al máximo responsable municipal. Esto no contribuye precisamente a la imagen de imparcialidad que debería proyectar una concejalía tan sensible”.
Desde el Bloque Nacionalista Galego, su representante en el pleno, Ana López, fue más allá al afirmar: “En un momento en que la ciudadanía exige máxima transparencia en el uso de fondos públicos, este tipo de decisiones envían un mensaje equivocado. La igualdad no puede empezar por el dormitorio del alcalde”.
Incluso en el seno del propio PSOE provincial se han escuchado voces discretas que piden “una reflexión interna”. Fuentes cercanas a la ejecutiva comarcal consultadas bajo condición de anonimato reconocen que “el caso genera incomodidad porque pone en cuestión la ejemplaridad que el partido siempre ha defendido en materia de ética pública”.
Declaraciones del equipo de gobierno
El alcalde Andrés Díaz ha defendido con firmeza la designación. En una comparecencia ante los medios locales el 1 de febrero, señaló: “Este nombramiento responde exclusivamente a criterios de capacidad y compromiso con el proyecto municipal. Isabel Pregal cuenta con una trayectoria contrastada en gestión social y comunicación, y su incorporación fortalece un gobierno que ya ha demostrado resultados palpables en bienestar ciudadano”.
Por su parte, la nueva concejala de Igualdad, Isabel Pregal, declaró: “Asumo esta responsabilidad con absoluta vocación de servicio público. Mi relación personal con el alcalde no interfiere en absoluto en el desempeño de mis funciones; al contrario, nos permite una coordinación fluida y eficaz en beneficio de todos los vecinos de Ponte Caldelas”.
Una fuente cercana al gabinete municipal, que prefirió no ser identificada, subrayó: “Se ha producido un relevo natural. La anterior asesora ya no era necesaria tras la incorporación de una figura con mayor implicación política y personal en el proyecto socialista”.
Análisis de impacto y precedentes históricos
Expertos en derecho administrativo consultados coinciden en que el nombramiento es legalmente impecable, dado que la legislación autonómica gallega permite a los alcaldes con mayoría absoluta designar libremente los cargos de confianza y las áreas de gobierno sin necesidad de concurso público. Sin embargo, la dimensión ética del caso trasciende lo estrictamente jurídico.
El Instituto Galego de Estudios Políticos y Administrativos (IGEPA), con sede en Santiago de Compostela y reconocido por sus informes de referencia en gobernanza local, ha emitido un comunicado cauteloso: “Casos como este, aunque ajustados a derecho, pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas locales. La percepción de favoritismo, especialmente en áreas simbólicas como Igualdad, representa un riesgo para la cohesión social en municipios pequeños”.
Comparado con episodios históricos de controversia en la administración española —desde los nombramientos familiares en ayuntamientos andaluces de los años 90 hasta los casos más recientes de compatibilidades en grandes ciudades—, el de Ponte Caldelas destaca por su combinación única de romanticismo público y responsabilidad institucional. Diversos analistas políticos han señalado que podría convertirse en referente de una nueva era en la que las fronteras entre lo personal y lo público se difuminan de manera cada vez más visible.
En términos cuantitativos, Ponte Caldelas cuenta con una población de aproximadamente 5.800 habitantes y un presupuesto municipal que ronda los 4,2 millones de euros anuales. La retribución asignada a la concejala representa cerca del 0,8% del gasto corriente, porcentaje que, aunque no extraordinario, adquiere relevancia simbólica al vincularse directamente con el despacho del alcalde.
Consecuencias a medio y largo plazo
La designación podría tener repercusiones que van más allá del propio municipio. En un contexto en el que los partidos políticos nacionales insisten en códigos éticos cada vez más estrictos, este episodio local podría ser utilizado como argumento en debates parlamentarios sobre regulación de nombramientos en entidades locales.
Además, organizaciones feministas de la provincia de Pontevedra han expresado su preocupación. La coordinadora comarcal de Mulleres en Igualdade declaró: “La igualdad de género no puede construirse sobre bases de privilegio personal. Este nombramiento, lejos de fortalecer las políticas de género, las expone a un escrutinio que puede deslegitimar esfuerzos legítimos realizados durante décadas”.
Por otro lado, sectores afines al gobierno municipal defienden que “la pareja sentimental no equivale automáticamente a conflicto de intereses”. Argumentan que Pregal ya había demostrado su valía en campañas anteriores y que su incorporación responde a una estrategia de continuidad en un equipo consolidado.
Cierre: un antes y un después en la gestión cercana
El caso de Ponte Caldelas obliga a reflexionar sobre los límites difusos entre la esfera privada y la pública en la política municipal de proximidad. En un municipio donde el alcalde conoce personalmente a la mayoría de sus vecinos, decisiones de este calado adquieren una dimensión casi familiar. Sin embargo, precisamente esa cercanía exige un plus de ejemplaridad.
Mientras la ciudadanía de Ponte Caldelas asiste atónita al desarrollo de los acontecimientos, queda abierta la incógnita sobre si este nombramiento marcará un punto de inflexión en la forma de entender la responsabilidad política en Galicia o si, por el contrario, será absorbido por la normalidad cotidiana de la gestión local. Lo que resulta incuestionable es que, a partir de febrero de 2026, la concejalía de Igualdad en este pequeño ayuntamiento pontevedrés ya no volverá a ser vista de la misma manera.