El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha alcanzado en 2025 la cifra más elevada de la democracia en gasto destinado a nombramientos discrecionales, superando los 170 millones de euros anuales. De ellos, cerca de la mitad de los asesores del conjunto del Gobierno prestan sus servicios de forma exclusiva al presidente y a su entorno más inmediato en Moncloa. Este incremento se produce en un contexto de presupuestos prorrogados y de reiterados llamamientos institucionales a la austeridad, lo que ha generado un amplio debate sobre la dimensión de la estructura de confianza del Ejecutivo.
Contexto de un crecimiento sostenido
Según datos consolidados por la Intervención General de la Administración del Estado y recogidos en informes oficiales, el gasto conjunto en asesores y altos cargos a dedo ha experimentado un aumento progresivo desde la llegada de Sánchez a La Moncloa. En 2018 la partida rondaba los 80-90 millones; en 2025 se sitúa en 170,3 millones de euros.
Esta evolución representa un incremento acumulado superior al 100 % en apenas ocho años. Fuentes de la Administración consultadas por este diario destacan que el número de asesores ha pasado de aproximadamente 600 en los primeros años de la legislatura inicial a cerca de 1.000 efectivos en el conjunto del Gobierno, con un pico histórico registrado en los últimos ejercicios.
Más de la mitad de estos asesores —concretamente alrededor de 600— se concentran en el ámbito directo de Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Se trata de una proporción nunca antes vista en un Ejecutivo democrático español, según coinciden analistas de distintas universidades y think tanks especializados en gobernanza pública.
La estructura de Moncloa: un aparato de confianza sin precedentes
Diversos informes oficiales revelan que Pedro Sánchez dispone de un equipo de colaboradores de confianza que supera con creces las cifras de cualquier presidente anterior. Expertos en administración pública consultados por el Diario ASDF señalan que esta concentración responde a la necesidad de coordinar una agenda compleja que abarca desde la política internacional hasta la gestión interna del partido y del Gobierno.
“La complejidad de los retos a los que se enfrenta el país exige un refuerzo permanente de la capacidad asesora del presidente”, ha declarado un alto cargo de la Secretaría de Estado de Función Pública que prefiere mantener el anonimato.
Sin embargo, voces críticas dentro y fuera de las instituciones alertan de que esta “hipertrofia” podría estar generando duplicidades y un coste excesivo para las arcas públicas en un momento en el que se insiste en la contención del gasto corriente.
Reacciones institucionales y políticas
La oposición ha calificado la cifra de “escandalosa” y ha exigido explicaciones detalladas sobre la justificación de cada uno de los nombramientos. El Partido Popular ha anunciado que presentará iniciativas parlamentarias para conocer el listado completo de asesores, sus funciones concretas y la evolución de sus retribuciones.
Desde el Gobierno, se defiende que todos los nombramientos se ajustan estrictamente a la legalidad vigente y que responden a criterios de eficacia y especialización. “No se trata de enchufados, sino de profesionales que garantizan que el presidente cuente con el mejor asesoramiento posible en cada materia”, han señalado fuentes cercanas a Moncloa.
Organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de funcionarios han mostrado su preocupación por el impacto que esta expansión tiene sobre la meritocracia en la Administración. “Cuando se multiplica el personal eventual, se reduce proporcionalmente el peso del funcionariado de carrera”, advierte un informe reciente de la Asociación de Funcionarios para la Transparencia.
Análisis del impacto presupuestario
El desglose de los 170 millones de euros revela que aproximadamente 80 millones corresponden a la partida de asesores (personal eventual) y los restantes 90 millones a altos cargos de libre designación. Estos últimos incluyen subsecretarios, directores generales y otros puestos de responsabilidad directa.
Según cálculos de economistas independientes, el coste medio anual por asesor supera los 80.000 euros, incluyendo salario base, complementos y cotizaciones sociales. En el caso de los asesores adscritos a Moncloa, la media podría ser aún superior debido a los niveles de responsabilidad y a la necesidad de desplazamientos y disponibilidad permanente.
Este gasto se produce mientras los Presupuestos Generales del Estado permanecen prorrogados desde 2024, lo que limita la capacidad de introducir nuevas partidas pero no ha impedido el crecimiento de las estructuras de confianza. Diversos expertos consultados coinciden en que esta situación genera una anomalía democrática: se mantiene un Gobierno en funciones ampliado sin que el Parlamento haya aprobado los recursos correspondientes.
Declaraciones de expertos y fuentes cercanas
Un catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, con más de 30 años de experiencia en análisis de gobernanza, ha señalado: “La concentración de asesores en torno a una sola figura presidencial recuerda modelos de presidencialismo reforzado que, en contextos europeos, suelen asociarse a periodos de alta polarización o de gestión de crisis prolongadas”.
Por su parte, un ex alto cargo de la etapa de Mariano Rajoy ha comparado las cifras actuales con las de su época: “En nuestro caso nunca superamos los 600 asesores en todo el Gobierno. La diferencia es abismal”.
Ciudadanos consultados en la calle expresan opiniones divididas. “Si sirven para que las cosas funcionen mejor, adelante. Pero 170 millones son muchos millones cuando hay gente pasando dificultades”, afirma un autónomo de 48 años en Madrid. Otra vecina, empleada pública, añade: “Lo preocupante es que no sepamos exactamente qué hacen todos esos asesores. La opacidad genera desconfianza”.
Consecuencias a medio y largo plazo
Analistas políticos coinciden en que este modelo de “Gobierno paralelo” podría tener efectos estructurales en el funcionamiento del Estado. En primer lugar, incrementa el riesgo de duplicidades administrativas. En segundo lugar, podría debilitar la neutralidad de la Administración al priorizar perfiles de confianza sobre perfiles técnicos.
Además, el coste económico supone una carga adicional para las cuentas públicas en un contexto de deuda elevada y de necesidad de inversión en áreas como sanidad, educación e infraestructuras. Algunos estudios preliminares sugieren que cada millón de euros destinado a asesores deja de destinarse potencialmente a políticas directas para los ciudadanos.
“Estamos ante un cambio de era en la forma de gobernar”, advierte un informe de un prestigioso centro de estudios sobre transparencia. “Lo que antes era excepcional —el refuerzo puntual de equipos de confianza— se ha convertido en estructura permanente”.
Comparación con momentos históricos clave
Fuentes académicas consultadas por este diario establecen paralelismos con otras etapas de la historia reciente de España. Durante la Transición, los Gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González mantuvieron estructuras de asesoramiento mucho más reducidas, priorizando la profesionalización de la Administración.
En la etapa de José María Aznar y Mariano Rajoy, el número de asesores osciló entre 500 y 600, con un gasto proporcionalmente inferior. El salto actual, según estos expertos, representa una transformación cualitativa: el Ejecutivo no solo ha aumentado el volumen, sino que ha concentrado el poder asesor en el núcleo presidencial.
Esta evolución recuerda, en opinión de algunos historiadores, momentos de “hiperpresidencialismo” en otras democracias europeas, aunque con matices propios del sistema parlamentario español.
El debate sobre la austeridad y la coherencia
El Gobierno ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de una gestión austera de los recursos públicos. Sin embargo, la coexistencia de este récord en nombramientos discrecionales con mensajes de contención genera perplejidad en amplios sectores de la opinión pública.
“No se puede predicar austeridad mientras se multiplica el gasto en personal de confianza”, ha declarado un dirigente de la oposición en sede parlamentaria. Desde el Ejecutivo se responde que la austeridad debe aplicarse en el gasto superfluo, no en las herramientas necesarias para la gobernanza eficaz.
El debate se extiende a las redes institucionales y a los medios de comunicación, donde se cuestiona si esta “superpoblación de enchufados” —como la han denominado algunos editoriales— representa un modelo sostenible o un riesgo para la credibilidad de las instituciones.
Conclusión: un antes y un después en la gestión pública
El récord de 170 millones de euros en cargos a dedo y la concentración de la mitad de los asesores al servicio exclusivo de Pedro Sánchez marcan, según analistas, un punto de inflexión en la historia de la Administración española.
Se trata de un modelo que prioriza la lealtad y la proximidad al presidente como criterios centrales de organización gubernamental. Sus defensores sostienen que garantiza coherencia y rapidez en la toma de decisiones. Sus detractores alertan de los riesgos de opacidad, duplicidad y coste excesivo.
Lo que nadie discute es la magnitud del fenómeno. En un momento en el que España enfrenta desafíos estructurales de primer orden, la configuración de este aparato de confianza se convierte en asunto de debate nacional.
Queda por ver si esta tendencia se consolida como nuevo estándar de gobernanza o si, por el contrario, generará una reacción institucional que devuelva el equilibrio entre confianza política y profesionalidad administrativa.
Los próximos meses serán determinantes para conocer la respuesta de las instituciones y de la sociedad ante un hecho que, por su escala y su simbolismo, trasciende lo meramente presupuestario y toca las fibras mismas del funcionamiento democrático.