El Ejecutivo defiende que la mejor forma de luchar contra el acoso es centralizarlo, registrarlo, archivarlo y, si procede, enterrarlo bajo tres capas de protocolo y una comisión de confianza integrada por compañeros de despacho.
Madrid.— El Gobierno ha anunciado que estudia seriamente obligar por ley a partidos políticos, sindicatos y empresas privadas a implantar un “canal contra el acoso” inspirado en el exitoso modelo del PSOE, un sistema que, según fuentes gubernamentales, ha demostrado una eficacia sin precedentes a la hora de “gestionar” los casos de acoso conocidos recientemente en el partido, especialmente aquellos que, tras pasar por el canal, dejaron de existir administrativamente sin molestar a nadie importante.
La propuesta, aún en fase embrionaria pero ya presentada como un “avance histórico”, pretende homogeneizar los mecanismos internos de denuncia en todo el tejido político y económico del país. La idea es simple: si algo funciona tan bien en un partido de gobierno, ¿por qué no exportarlo al resto de la sociedad? “No hablamos de tapar nada”, explicó un alto cargo del Ejecutivo con sonrisa pedagógica, “hablamos de canalizar”.
El modelo de referencia: discreción, calma y silencio administrativo
El llamado “canal contra el acoso” del PSOE ha sido señalado en las últimas semanas como una herramienta clave para entender cómo varios casos de acoso interno, hoy de dominio público gracias a filtraciones, rumores persistentes y periodistas con demasiado tiempo libre, fueron durante años tratados con una combinación equilibrada de formularios, reuniones a puerta cerrada y una fe casi religiosa en que el tiempo lo cura todo.
Según el Gobierno, precisamente ahí reside la virtud del sistema. “No se trata de resolver el problema de manera brusca”, explicó una fuente ministerial, “sino de acompañarlo hasta que se diluya”. El canal permite que cualquier militante, trabajador o cargo intermedio presente una queja que será recibida, numerada, clasificada y derivada a un órgano interno cuya composición suele coincidir casualmente con personas que ya conocen al denunciado desde hace años.
En los casos recientes del PSOE —que el Gobierno insiste en calificar como “episodios del pasado reinterpretados con ojos del presente”— el canal cumplió su función esencial: evitar escándalos innecesarios en el momento inoportuno. “Imagina el daño institucional que habría causado sacar todo esto a la luz antes de unas elecciones”, se preguntan desde el Ejecutivo, apelando al interés general.
De la lucha contra el acoso a la lucha contra el ruido
El proyecto gubernamental no se limita a copiar el canal, sino que pretende elevarlo a estándar nacional. La futura norma, según los primeros borradores, obligaría a cualquier organización con más de cinco personas y una cafetera compartida a disponer de un canal de denuncias “seguro, confidencial y profundamente comprensivo con el contexto”.
Esto significa que las denuncias no solo se evaluarán por su contenido, sino también por su oportunidad política, su encaje mediático y su potencial para generar titulares incómodos. “El acoso es inaceptable, pero el ruido también”, resumió un portavoz gubernamental en una frase que ya se estudia incluir en el preámbulo de la ley.
La experiencia del PSOE demuestra, según el Gobierno, que un canal bien diseñado puede convertir un problema grave en una nota a pie de página. “No se trata de negar”, insisten, “sino de posponer indefinidamente”.
Los casos del PSOE: un ejemplo de manual
Aunque desde Moncloa se evita entrar en detalles, los casos de acoso conocidos recientemente dentro del PSOE han servido como argumento principal para justificar la iniciativa. Casos que, según diversas informaciones, fueron denunciados internamente, analizados por el canal correspondiente y finalmente considerados “no concluyentes”, “malentendidos” o “conflictos interpersonales propios de entornos de alta exigencia”.
En todos ellos, el canal actuó como una especie de purgatorio burocrático: las denuncias entraron, pasaron un tiempo en reflexión y salieron convertidas en silencio. Para el Gobierno, esto no es un fallo, sino una prueba de eficacia. “El sistema evitó linchamientos públicos”, aseguran, “y protegió la presunción de inocencia de personas muy valiosas para el proyecto”.
Críticos malintencionados hablan de encubrimiento, pero el Ejecutivo rechaza el término. “Encubrir es una palabra fea”, explicó una asesora de igualdad, “nosotros preferimos ‘gestionar con sensibilidad’”.
Reacciones: entusiasmo oficial y escepticismo social
La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por los sectores más institucionales y con una mezcla de ironía y cansancio por parte de la ciudadanía. Sindicatos y grandes empresas han mostrado su disposición a adaptarse a la futura normativa, sobre todo tras comprobar que el modelo permite cumplir con la ley sin alterar demasiado las dinámicas internas.
“Si el canal del PSOE ha conseguido que durante años no pasara nada, es justo lo que necesitamos”, reconoció off the record un directivo de recursos humanos de una gran empresa. “Nos ahorra abogados y titulares”.
Las asociaciones feministas y colectivos contra el acoso, en cambio, han mostrado cierta preocupación. Temen que el sistema convierta la denuncia en un trámite sin consecuencias reales. Desde el Gobierno se les ha tranquilizado asegurando que el canal “escucha mucho”, aunque no siempre responda.
Formación obligatoria en lenguaje administrativo
Otro de los pilares del proyecto es la formación. El Gobierno planea cursos obligatorios para responsables de los canales, centrados en habilidades clave como la redacción de informes ambiguos, el uso correcto de expresiones como “no consta”, “no se puede determinar” o “no se aprecia intencionalidad”, y la organización de reuniones que no llevan a ninguna conclusión concreta.
“Esto es un trabajo delicado”, explicó un funcionario implicado en el diseño del programa. “No cualquiera puede transformar una denuncia clara en un expediente dormido”.
En el PSOE, estas técnicas se han perfeccionado con el tiempo, y el Ejecutivo considera que es hora de compartir ese conocimiento con el resto del país.
Transparencia, pero la justa
Preguntado por la transparencia del sistema, el Gobierno ha sido claro: toda la necesaria, pero no más. Los canales estarán obligados a emitir informes anuales con datos agregados que demuestren que se denuncian cosas, aunque no quede claro qué pasa después.
“El ciudadano no necesita saberlo todo”, explicó un ministro. “Le basta con saber que existe un canal. La existencia ya es un avance”.
En el caso del PSOE, la mera mención del canal ha sido utilizada durante años como argumento defensivo ante cualquier acusación. “Tenemos un canal”, repetían los portavoces, como si la frase en sí misma resolviera el problema.
Una solución elegante a un problema incómodo
Desde el Ejecutivo insisten en que la medida no busca proteger a nadie en concreto, sino crear un marco común que evite desigualdades. “No es justo que solo el PSOE tenga un canal tan eficaz”, ironizó un diputado socialista, “el resto también merece esa tranquilidad”.
La oposición, por su parte, ha acusado al Gobierno de legislar para blanquear su propia gestión de los casos de acoso. El Gobierno ha respondido acusando a la oposición de “politizar el acoso”, una expresión que, según expertos, se ha convertido en comodín para cualquier crítica.
Conclusión: institucionalizar la calma
Si la iniciativa sale adelante, España se convertirá en el primer país en institucionalizar a gran escala un modelo de canal contra el acoso inspirado directamente en la experiencia de un partido político con casos recientes convenientemente administrados.
Para el Gobierno, es un paso más en la modernización del país. Para los críticos, una forma elegante de convertir un problema estructural en un trámite interno. Para el diario ASDF, en cualquier caso, una noticia perfecta: un Ejecutivo que, tras ver cómo su propio canal contra el acoso sirvió para encubrir durante años situaciones incómodas dentro del PSOE, ha decidido que la solución no es cambiarlo, sino imponerlo a todos.
Porque si algo ha quedado claro en los últimos meses es que, cuando un sistema no resuelve el problema pero evita el escándalo, en política eso se llama éxito.
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