El Ejecutivo aprueba dos decretos separados en el Consejo de Ministros de este martes: uno exclusivo para la revalorización de las pensiones, que cuenta con amplio respaldo parlamentario, y otro que incluye el escudo social con una moratoria antidesahucios modificada para eximir a los pequeños propietarios. La maniobra, negociada contrarreloj, busca evitar un nuevo bloqueo independentista en vísperas de las elecciones autonómicas en Aragón y garantizar que más de nueve millones de pensionistas reciban su incremento del 2,7% sin demoras.
En una decisión adoptada en el último Consejo de Ministros, el Gobierno ha procedido a fraccionar el real decreto ley conocido como “ómnibus” que había sido tumbado la semana pasada en el Congreso por los votos conjuntos de PP, Vox, Junts y UPN. El primer decreto, centrado exclusivamente en la actualización de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026 —con incrementos superiores al 7% en las mínimas—, ha sido diseñado para obtener el apoyo casi unánime de la Cámara. El segundo texto agrupa el resto del llamado escudo social, incluyendo la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables, aunque con importantes modificaciones que excluyen a los propietarios con una o dos viviendas en alquiler. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario aseguran que esta división representa “un ejercicio de responsabilidad institucional” ante la proximidad de procesos electorales clave en comunidades como Aragón, donde residen alrededor de 300.000 pensionistas que podrían verse afectados por cualquier retraso en el cobro.
Antecedentes del decreto ómnibus y su caída en el Congreso
El real decreto ley original, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2025, agrupaba en un solo texto más de una docena de medidas de protección social. Entre ellas destacaban la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC medio del año anterior, la extensión del bono social eléctrico y térmico, ayudas directas por daños de la DANA e incendios forestales recientes, y la prórroga hasta finales de 2026 de la moratoria que impide desahucios y cortes de suministros a hogares en situación de vulnerabilidad acreditada.
El pasado 27 de enero, el Pleno del Congreso rechazó su convalidación con 178 votos en contra —PP, Vox, Junts y UPN— frente a 172 a favor. La principal línea roja señalada por los grupos discrepantes fue la moratoria antidesahucios, interpretada por Junts y sectores conservadores como un incentivo indirecto a la ocupación ilegal, pese a que el texto original excluía expresamente los casos de okupación y exigía informe de servicios sociales para acreditar la vulnerabilidad.
Diversos analistas políticos coinciden en que esta pinza parlamentaria obligó al Ejecutivo a replantear su estrategia. Fuentes cercanas a Moncloa explican que, durante las últimas 72 horas, se intensificaron las conversaciones bilaterales con PNV y Junts para encontrar una salida que preservara el núcleo de las medidas sociales sin comprometer la estabilidad del Gobierno en un momento políticamente sensible.
La división en dos decretos: pensiones seguras, escudo social condicionado
El primer decreto aprobado este martes se limita a las cuestiones de Seguridad Social: incremento del 2,7% en pensiones contributivas —lo que supone un aumento medio de 45 euros mensuales por pensionista—, subida del 7,5% en mínimas no contributivas y ajustes en cotizaciones de autónomos. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que esta medida “está blindada” gracias al compromiso explícito de PP y Junts de apoyarla si se presentaba de forma aislada.
El segundo decreto incorpora el grueso del escudo social, pero con una modificación sustancial en la moratoria antidesahucios. Tras el acuerdo alcanzado con el PNV —que actuó como puente con Junts—, se excluye de la prohibición a los propietarios que posean una o dos viviendas en alquiler. En estos casos, la responsabilidad de buscar alternativa habitacional recaerá exclusivamente en los servicios sociales autonómicos y municipales, sin carga adicional para el arrendador. Expertos del Instituto Nacional de Estadística estiman que esta exención afecta a menos del 8% del parque de viviendas en alquiler, pero representa un gesto significativo hacia los pequeños propietarios, tradicionalmente sensibles a este tipo de regulaciones.
Fuentes de Sumar consultadas por Diario ASDF subrayan que “la línea roja se mantiene: ninguna familia vulnerable sin alternativa quedará en la calle”. Sin embargo, reconocen que la negociación ha requerido “flexibilidades inevitables” para garantizar la viabilidad parlamentaria.
Reacciones institucionales y declaraciones clave
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado la decisión como “un acto de altura de miras en defensa de los derechos de los más vulnerables y de la estabilidad económica de millones de hogares”. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, añadió: “Dividir el decreto no es una derrota, es una adaptación inteligente a la realidad parlamentaria para que las pensiones lleguen puntuales y el escudo social siga protegiendo a quien más lo necesita”.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha valorado positivamente el “gesto” del Ejecutivo al separar las pensiones, aunque ha advertido: “Junts no va a avalar indefinidamente medidas que penalicen a la clase media catalana propietaria. La exención para pequeños caseros es un avance, pero insuficiente si no se corrigen otros aspectos intervencionistas”.
Desde el PNV, el portavoz Aitor Esteban ha celebrado el acuerdo alcanzado: “Hemos logrado equilibrar la protección social con el legítimo derecho de propiedad. Los propietarios con una o dos viviendas no pueden asumir solos el coste de políticas que corresponden al conjunto de la sociedad”.
En el ámbito opositor, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha declarado: “El Gobierno ha reconocido su error al intentar colar el escudo social atado a las pensiones. Ahora no hay excusas: que aprueben las pensiones en solitario y dejen de tomar rehenes a los jubilados”.
Expertos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —cuyo último barómetro especial sobre vulnerabilidad habitacional data de enero de 2026— coinciden en que más de 52.000 familias podrían beneficiarse de la moratoria prorrogada, aunque la modificación reduce el alcance en unas 4.200 unidades aproximadamente.
Análisis: un antes y un después en la gestión de coaliciones
Esta operación de troceado normativo marca un precedente relevante en la legislatura. Por primera vez desde 2020, un decreto ley de calado social ha sido fraccionado no por imperativo judicial, sino por cálculo parlamentario puro. Diversos catedráticos de Derecho Constitucional consultados —entre ellos profesores de la Universidad Complutense y la Universidad Pompeu Fabra— advierten que esta práctica, aunque legal, podría “alterar el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo durante las próximas generaciones”, al convertir los decretos leyes en piezas de Lego susceptibles de ser ensambladas o desmontadas según conveniencias coyunturales.
El impacto electoral es evidente: en Aragón, donde se celebran comicios en mayo de 2026, el mantenimiento de la subida de pensiones representa un salvavidas para el PSOE en un territorio con alta densidad de población mayor de 65 años. Fuentes internas del partido estiman que un retraso en el cobro podría haber supuesto una pérdida de hasta siete puntos en intención de voto entre jubilados.
Comparado con crisis históricas —como la fragmentación de planes de rescate durante la Gran Recesión de 2008 o la gestión de decretos pandemia en 2020—, este episodio representa un cambio de era: del decreto ómnibus como herramienta de urgencia a la “legislación a la carta” como método habitual de supervivencia política.
Cierre
El Gobierno ha logrado, al menos provisionalmente, salvar la revalorización de las pensiones y mantener vivo el escudo social, aunque a costa de una notable cesión en la protección antidesahucios. Queda por ver si el segundo decreto supera el trámite de convalidación en el Congreso, donde Junts mantiene la última palabra. Mientras tanto, más de nueve millones de pensionistas respiran aliviados, pero más de 50.000 familias vulnerables aguardan con incertidumbre el desenlace parlamentario. En política, como en la vida, a veces hay que cortar por lo sano para que lo esencial no se pierda por el camino.