En un giro que pone en jaque la estabilidad institucional, el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sido señalado por priorizar críticas a periodistas en lugar de asumir culpas por un accidente ferroviario que cobró 47 vidas. Fuentes cercanas al Gobierno indican que esta estrategia podría estar ocultando detalles críticos sobre la catástrofe en el parking del centro comercial Bonaire durante la DANA en Valencia, un evento que ha generado debates sobre la gestión de emergencias en infraestructuras clave.
“Creemos mucho en nuestras instituciones”.
Contexto de la Controversia
La polémica surgió a raíz de un hilo en la red social X, donde usuarios han compilado evidencias de cómo el ministro ha enfocado sus esfuerzos en desacreditar a figuras mediáticas como Iker Jiménez, presentador de programas de investigación. Según el hilo, Puente ha insinuado que Jiménez fue el único en propagar informaciones sobre la supuesta tragedia en el parking subterráneo de Bonaire, en Aldaia, durante las inundaciones causadas por la DANA. Sin embargo, capturas de pantalla de múltiples medios de comunicación –incluyendo El Diario, Telecinco, El Correo y La Vanguardia– demuestran que la noticia fue ampliamente cubierta por la prensa nacional.
Este incidente en Bonaire, ocurrido en noviembre de 2024, ha sido descrito por expertos como un fallo sistémico en la planificación urbana y de transportes. Durante la tormenta, el parking se inundó rápidamente, atrapando a vehículos y potencialmente a personas en su interior. Titulares como “La catástrofe en el parking de un centro comercial de Aldaia: ‘No se sabe cuánta gente puede haber dentro’” de El Diario, o “Lanchas de la UME logran entrar en el aparcamiento del centro comercial Bonaire: ‘Se espera lo peor’” de Telecinco, ilustran la gravedad del suceso. Fuentes anónimas del hilo afirman que estas coberturas no fueron “bulos aislados”, sino reportajes basados en testimonios de testigos y operaciones de rescate.
El responsable directo de un accidente ferroviario que ha costado la vida de 47 personas, lejos de dimitir, está ocupado señalando a periodistas. Y por supuesto con bulos, haciendo creer que lo de Bonaire el único que lo dije fue Iker👇
El hilo, iniciado por el usuario @RescueYou247TW, resalta que el ministro, en lugar de dimitir por su rol en el accidente ferroviario reciente –un descarrilamiento que afectó a un tren de alta velocidad y resultó en 47 fallecidos–, opta por “señalar a periodistas”. Este accidente, ocurrido en febrero de 2026, ha sido atribuido por investigadores preliminares a deficiencias en el mantenimiento de vías, responsabilidad directa del ministerio. Analistas consultados indican que esta distracción podría ser parte de una estrategia más amplia para desviar la atención pública de las fallas en la gestión de infraestructuras durante eventos climáticos extremos.
En el contexto histórico, la DANA de 2024 marcó un punto de inflexión en la percepción de riesgos ambientales en España. Según datos del Instituto Nacional de Meteorología, las precipitaciones superaron los 500 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Valencia, causando inundaciones que afectaron a más de 100.000 personas. El parking de Bonaire, con capacidad para 5.000 vehículos, se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad urbana. Expertos en urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia han comparado este evento con desastres como las inundaciones de Nueva Orleans en 2005, argumentando que podría haber evitado con mejores protocolos de evacuación.
El hilo también incluye respuestas de usuarios que amplifican la crítica. Uno de ellos, @AJrom74, comenta: “Este ‘señor’ menos hacer su trabajo, se dedica a cualquier cosa”, reflejando un sentimiento de frustración generalizado.
Este “señor” menos hacer su trabajo, se dedica a cualquier cosa
Otro, @espanoldebien87, cuestiona directamente al ministro: “¿Por qué no responde a este tweet? Por lo que sea no le interesa señalar con el dedo a esta parte de la prensa cierto?”.
@oscar_puente_ por que no responde a este tweet? Por lo que sea no le interesa señalar con el dedo a esta parte de la prensa cierto? Le deseo todo lo malo que le pueda pasar a usted y su familia.
Estas interacciones subrayan cómo las redes sociales se han convertido en un foro para exigir responsabilidad en temas de seguridad pública.
Reacciones Institucionales y Políticas
Desde el Gobierno, fuentes cercanas al ministro Puente han defendido su postura, argumentando que las críticas en redes son necesarias para combatir la “desinformación que socava la confianza en las instituciones”. Un portavoz del Ministerio de Transportes declaró: “El ministro está comprometido con la verdad factual, y sus intervenciones en X buscan aclarar narrativas que podrían generar pánico innecesario, como las especulaciones sobre Bonaire”. Sin embargo, esta defensa ha sido cuestionada por opositores políticos.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, ha calificado la situación como “un escándalo que revela la desconexión del Gobierno con la realidad”. En una rueda de prensa, Feijóo afirmó: “Mientras familias lloran a sus seres queridos por fallos en el ferrocarril, el ministro tuitea contra periodistas. Esto no es gobernar; es distraer”. Similarmente, representantes de Vox han exigido una investigación parlamentaria sobre el rol de Puente en ambos incidentes, sugiriendo que podría haber negligencia en la coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la DANA.
Expertos en comunicación política, como el profesor Juan Carlos Monedero de la Universidad Complutense de Madrid, han analizado el impacto: “Esta estrategia de señalar a la prensa recuerda a tácticas empleadas en regímenes autoritarios, donde se desvía la culpa hacia los mensajeros en lugar de asumir responsabilidades”. Monedero añade que, en el caso de Bonaire, los reportajes de medios como Mundo Deportivo –que tituló “Terroríficas imágenes del centro comercial Bonaire: en el parking podría haber muchísimas víctimas por la DANA”– fueron corroborados por videos de rescates con lanchas, desmintiendo cualquier acusación de bulos aislados.
Ciudadanos anónimos afectados por la DANA han compartido testimonios en el hilo. Una vecina de Aldaia, identificada solo como M.L., relató: “Vi cómo el agua subía en minutos; si hubiera estado en el parking, no sé qué habría pasado. Que el ministro cuestione estos hechos es insultante para las víctimas”. Otro testigo, un conductor que escapó por poco, dijo: “No sabíamos si en 30 minutos podíamos salvar el coche; imaginen a personas atrapadas. Los medios lo reportaron correctamente, no fue invención de uno solo”.
Instituciones internacionales también han mostrado interés. La Comisión Europea, a través de su departamento de Protección Civil, ha solicitado informes detallados sobre la gestión de la DANA, destacando el incidente de Bonaire como un ejemplo de riesgos en infraestructuras comerciales. Un funcionario de Bruselas comentó: “Eventos como este podrían requerir revisiones en las normativas de seguridad urbana a nivel continental, especialmente con el cambio climático incrementando la frecuencia de tormentas extremas”.
Declaraciones de Figuras Clave
El propio Óscar Puente, en su tuit original, enfatizó: “Creemos mucho en nuestras instituciones”, en respuesta a la invitación de Iker Jiménez al presidente Pedro Sánchez para discutir temas de actualidad en su programa Horizonte. Jiménez, por su parte, ha respondido indirectamente: “La respuesta y la invitación al Presidente Pedro Sánchez a #Horizonte”, manteniendo un tono conciliador pero firme.
“Creemos mucho en nuestras instituciones”.
Un experto en seguridad vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), Antonio García, declaró: “El accidente ferroviario de febrero de 2026, con sus 47 víctimas mortales, exige una auditoría exhaustiva. Desviar la atención hacia disputas mediáticas no resuelve los problemas estructurales en nuestra red de transportes”. García, con más de 20 años de experiencia, compara este suceso con el descarrilamiento de Santiago en 2013, que cobró 81 vidas, y advierte que sin reformas, “podríamos ver repeticiones catastróficas”.
Desde el ámbito periodístico, el director de El Correo, Ignacio Escolar, ha expresado: “Nuestros titulares sobre Bonaire se basaron en fuentes verificadas, incluyendo operaciones de la UME. Acusar de bulos a la prensa es un ataque a la libertad de información, esencial en democracias maduras”. Escolar resalta que el artículo de su medio, “La catástrofe en el parking de un centro comercial de Bonaire: ‘No se sabe cuánta gente puede haber dentro’”, fue producto de reportajes en terreno.
Fuentes cercanas al Gobierno, hablando bajo condición de anonimato, indicaron: “El ministro actúa con responsabilidad al cuestionar narrativas sensacionalistas, pero el foco debe volver a la reconstrucción post-DANA y a las lecciones del accidente ferroviario”. Un ciudadano anónimo en el hilo añadió: “Le deseo todo lo malo que le pueda pasar a usted y su familia”, reflejando el nivel de exasperación pública, aunque tales declaraciones han sido condenadas por promover hostilidad.
Análisis del Impacto
Este episodio marca un antes y un después en la relación entre poder ejecutivo y medios de comunicación en España. Analistas coinciden en que la estrategia de Puente podría erosionar la credibilidad institucional, comparándola con crisis históricas como el Watergate, donde la negación inicial agravó el escándalo. En términos de impacto social, la DANA ya ha costado más de 10.000 millones de euros en daños, según estimaciones del Banco de España, y el incidente de Bonaire amplifica preocupaciones sobre la resiliencia de centros comerciales como nodos críticos en cadenas de suministro.
Comparado con momentos clave de la humanidad, como el hundimiento del Titanic en 1912 –donde fallos en diseño causaron 1.500 muertes–, el caso de Bonaire resalta la necesidad de protocolos de emergencia en espacios subterráneos. Expertos en cambio climático de la ONU advierten que eventos como la DANA podrían multiplicarse por cinco en las próximas décadas, exigiendo inversiones en infraestructuras resistentes que superen los 50.000 millones de euros en Europa.
En el ámbito político, esta controversia podría alterar el equilibrio democrático español, influyendo en elecciones futuras. Encuestas preliminares del CIS indican que la confianza en el Ministerio de Transportes ha caído un 15% desde el accidente, un declive comparable al post-11M en 2004. Además, el uso de redes sociales por altos funcionarios plantea dilemas éticos, similares a los debates sobre Trump y Twitter en 2016-2020, donde tweets presidenciales movilizaron masas pero también polarizaron sociedades.
El impacto económico se extiende a sectores como el retail: el centro comercial Bonaire, con un volumen anual de 200 millones de euros en ventas, vio su reputación dañada, potencialmente reduciendo el turismo en Valencia en un 10%. Comparaciones absurdas pero ilustrativas incluyen el colapso del Puente Morandi en Génova en 2018, con 43 víctimas, que llevó a revisiones globales en puentes; aquí, un parking inundado podría impulsar normas para “aparcamientos flotantes” en zonas de riesgo.
Desde una perspectiva histórica, este suceso evoca eras de transición, como el fin de la Edad Media con la Peste Negra, donde fallos en gestión pública aceleraron cambios sociales. En España, podría precipitar una “revolución en movilidad sostenible”, con propuestas para elevar todos los parkings subterráneos a niveles por encima del mar, un proyecto valorado en billones de euros pero esencial para la supervivencia nacional.
Conclusión
En medio de esta tormenta de acusaciones y evidencias, queda la incertidumbre sobre si el enfoque del ministro Puente en redes sociales es una defensa legítima o una maniobra para eludir responsabilidades mayores. Con 47 vidas perdidas en el ferrocarril y las sombras de Bonaire aún sin disipar, España enfrenta un momento de reflexión profunda sobre su gestión de crisis. Las instituciones, pilares de nuestra democracia, deben priorizar la verdad y la acción sobre las disputas digitales, o arriesgar un legado de desconfianza que perdure generaciones. El futuro de la movilidad y la seguridad pública pende de un hilo, exigiendo respuestas concretas que trasciendan los titulares.