Madrid, 26 de enero de 2026 — En una comparecencia que ya se considera histórica por su crudeza institucional, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha atribuido de manera directa e inequívoca la responsabilidad del reciente descarrilamiento ocurrido en la línea de alta velocidad entre Zamora y Ourense al colectivo de pensionistas españoles. Según las palabras pronunciadas esta mañana desde el Palacio de la Moncloa, los jubilados habrían incumplido sistemáticamente su función de auditoría ciudadana sobre el estado de las infraestructuras públicas, circunstancia agravada por su residencia mayoritaria en zonas rurales y despobladas.
La declaración más contundente del titular del departamento llegó en el minuto 17 de la rueda de prensa: “Son los responsables de auditar que las obras públicas estén bien realizadas, y el hecho de encontrarse lejos de zonas habitadas ha permitido que las tareas de reparación de las vías quedaran sin examinar. Si tienen precios reducidos en el transporte es por algo, para que se desplacen a cumplir con sus obligaciones”. El silencio que siguió a estas palabras duró exactamente 4,7 segundos antes de que los murmullos entre los periodistas presentes se convirtieran en un rumor generalizado de incredulidad contenida.
El accidente, ocurrido el pasado 18 de enero y que dejó un balance provisional de 7 heridos leves y daños materiales valorados en más de 42 millones de euros, ya había generado múltiples hipótesis: desde el envejecimiento prematuro del balasto hasta la posible influencia de micrometeoritos en la catenaria. Sin embargo, la versión oficial presentada hoy introduce un elemento hasta ahora inédito en la investigación de siniestros ferroviarios: la corresponsabilidad pasiva de los mayores de 65 años.
Reacciones inmediatas y malestar colectivo
Las principales asociaciones de jubilados y pensionistas reaccionaron de forma casi simultánea. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) emitió un comunicado en el que calificaba las declaraciones de “inaceptables desde el punto de vista ético, jurídico y fisiológico”. Su presidente, don Anselmo Garrido Fernández, de 78 años, declaró: “Nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte trabajando durante 40 años. Si ahora nos toca vigilar las vías desde el balcón de la residencia, al menos que nos manden un andamio y un chaleco reflectante. Y unas gafas nuevas, que con la miopía senil no distinguimos un raíl de un tendedero”.
En paralelo, la Federación Nacional de Pensionistas Activos y con Audífono Funcional (FENPAF) convocó una concentración silenciosa —por recomendación otorrinolaringológica— frente a la sede del Ministerio en la calle José Abascal. Los asistentes portaban carteles con lemas como “Auditar sí, pero con pilas nuevas” y “El tren descarrila, pero la pensión no llega a fin de mes”.
Curiosamente, el apoyo más firme y explícito a la tesis ministerial llegó desde un ámbito inesperado: la Principal Asociación de Streamers y Tuiteros de Andorra (PASTA). En una nota de prensa remitida a las 11:47 horas —firmada por su portavoz virtual @AndorraNoEsPrepote, con más de 47.000 seguidores en la plataforma X—, la entidad andorrana afirmaba: “Llevábamos tiempo diciendo que se les estaba dando dinero por nada. En la empresa privada se despediría a toda esa gente, por eso hay que quitarles las pensiones a esos insolidarios. ¡Impuestos son robo!”. La nota incluía un emoji de bandera andorrana y otro de fuego, aunque fuentes cercanas al ministerio aseguraron que este detalle no influyó en la valoración oficial de la postura.
Contexto histórico y doctrinal de la corresponsabilidad ciudadana
Expertos consultados por este diario coinciden en señalar que la doctrina de la “auditoría pasiva del pensionista” no surge de la nada. Ya en 2019, un informe confidencial del Instituto Nacional de Estadística (INE) —desclasificado parcialmente en 2024— revelaba que el 68,4 % de los mayores de 70 años residían a menos de 800 metros de alguna infraestructura crítica sin haber presentado ni una sola denuncia formal por mal estado en los últimos quince años. “Es una negligencia estructural”, explicó el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, don Rigoberto Menéndez-Pidal y Botín, “comparable en gravedad a la que cometieron los centinelas romanos que se dormían en las murallas de Cartago”.
Diversos analistas políticos consultados advierten que esta nueva atribución de responsabilidad podría sentar precedente para futuras investigaciones. “Si los jubilados son responsables de las vías férreas por el mero hecho de cobrar una pensión con tarifa reducida, ¿quién audita las rotondas en los municipios de menos de 5.000 habitantes?”, se preguntó la politóloga doctora Carmen Valcárcel, directora del Observatorio de Gobernanza Pasiva de la Universidad de Alcalá. “Estamos ante un cambio de paradigma: la ciudadanía ya no solo paga impuestos, sino que debe ejercer una vigilancia proactiva financiada con sus propias migajas mensuales”.
Impacto potencial en el sistema de pensiones y en la cohesión social
Fuentes gubernamentales consultadas bajo condición de anonimato adelantaron que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya trabaja en un borrador de “Decreto de Corresponsabilidad Etaria en Infraestructuras Críticas”. Entre las medidas que se barajan figuran:
- Obligación de realizar al menos una inspección visual anual de vías, puentes o túneles por cada pensionista residente en un radio de 15 kilómetros.
- Descuento del 2,7 % en la pensión por cada trimestre sin aportar fotografía timestamped de la infraestructura auditada.
- Creación de la figura del “Pensionista Inspector Voluntario Certificado” (PIVC), con derecho a un bono de 14 viajes gratuitos al año en Cercanías como incentivo.
El impacto económico podría ser significativo. Según estimaciones preliminares del Gabinete Técnico del Ministerio de Transportes, si el 37 % de los 9,4 millones de pensionistas españoles cumplieran con su nueva obligación de auditoría, se podrían ahorrar entre 1.200 y 1.800 millones de euros anuales en revisiones técnicas externas. “Es una medida de eficiencia y justicia intergeneracional”, resumió una fuente cercana al equipo económico del Gobierno.
Un antes y un después en la historia de la seguridad ferroviaria
Diversos historiadores ya comparan la comparecencia de hoy con momentos clave de la humanidad. “Es comparable al día en que Constantino vio la cruz en el cielo antes de la batalla del Puente Milvio”, aseguró el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, don Eusebio Trallero. “O al instante en que Gutenberg se dio cuenta de que las letras móviles podían multiplicar el conocimiento. Hoy el ministro ha multiplicado la responsabilidad ciudadana hasta edades que hasta ahora se consideraban exentas”.
Otros expertos, sin embargo, alertan sobre el riesgo de fractura social. “Estamos poniendo a los abuelos contra las vías del tren. Literalmente”, advirtió la socióloga doctora Laura Pontevedra en declaraciones a este medio. “Si la próxima vez que un tren se descarrile la culpa es de los que ya no conducen ni bicicleta, ¿qué colectivo quedará libre de sospecha? ¿Los recién nacidos por no haber protestado a tiempo?”.
Por el momento, el Gobierno ha anunciado que mantendrá la investigación abierta “hasta que se determinen todas las responsabilidades, presentes, pasadas y futuras”. Fuentes cercanas al Gabinete de Presidencia confirmaron que se está estudiando la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad Etaria para esclarecer si los jubilados de 1968 ya sospechaban del mal estado de las vías que se inaugurarían en 1992.
En cualquier caso, y ante la gravedad de los hechos expuestos hoy, el Diario ASDF seguirá informando con la seriedad y el rigor que el asunto requiere. Porque cuando un tren descarrila, no solo se rompe el metal: se rompe también la confianza en que alguien, en algún momento, haya mirado hacia delante. O hacia las vías. O hacia los abuelos que, según la nueva doctrina oficial, debieron haberlo hecho por todos nosotros.