Bruselas, 12 de febrero de 2026 — El eurodiputado español Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez y representante de la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF), ha sido objeto de una medida disciplinaria inmediata por parte de la Presidencia del Parlamento Europeo. La sanción, que incluye la suspensión provisional de ciertas prerrogativas parlamentarias durante un periodo inicial de evaluación, se deriva directamente de la difusión de una grabación realizada en los pasillos de la institución donde se muestra a un eurodiputado de dilatada trayectoria perdiendo visiblemente los nervios mientras increpaba con vehemencia a una empleada administrativa.
Entradilla: el incidente que ha sacudido la institución
El suceso tuvo lugar el pasado 10 de febrero durante una jornada de sesiones ordinarias en Estrasburgo. Según las imágenes difundidas por el propio Pérez a través de sus canales habituales de comunicación, un eurodiputado de un grupo parlamentario mayoritario —cuya identidad se mantiene en reserva por respeto al procedimiento interno— dirigió expresiones de tono elevado y gestos airados hacia una trabajadora del servicio de apoyo legislativo que, al parecer, le había solicitado cumplir con un trámite administrativo rutinario relacionado con la firma de documentos de asistencia.
La grabación, de aproximadamente 47 segundos de duración, captura el momento en que el parlamentario eleva el tono de voz hasta límites que varios testigos presenciales calificaron de “desproporcionados e innecesarios”. La trabajadora, visiblemente incómoda, opta por retirarse del lugar mientras el eurodiputado continúa con reproches que incluyen referencias a “la burocracia asfixiante” y “la incompetencia generalizada”.
Pocos minutos después de la difusión del vídeo, la Secretaría General del Parlamento activó el protocolo de revisión de conducta previsto en el artículo 183 del Reglamento Interior, culminando en la decisión de suspender cautelarmente al eurodiputado Pérez por haber vulnerado las normas sobre grabaciones en espacios no públicos y por el supuesto uso indebido de material audiovisual obtenido en el interior de la institución.
Desarrollo del incidente y contexto institucional
El episodio se produjo en uno de los corredores de acceso restringido al hemiciclo, zona donde las normas internas prohíben expresamente la realización de grabaciones sin autorización expresa de los servicios competentes. Fuentes cercanas a la Presidencia consultadas por este diario confirman que Pérez utilizó un dispositivo móvil oculto para registrar la escena, argumentando posteriormente que se trataba de un ejercicio legítimo de control democrático sobre el comportamiento de los representantes públicos.
La trabajadora afectada, una funcionaria con más de 14 años de antigüedad en el Parlamento Europeo, presentó una queja formal ante el departamento de Recursos Humanos esa misma tarde. Según el relato oficial, la empleada manifestó sentirse “humillada en su puesto de trabajo” y solicitó medidas de protección inmediata.
Paralelamente, el eurodiputado grabado habría presentado una denuncia interna por vulneración de su intimidad y de las reglas de convivencia parlamentaria. Diversos grupos políticos, desde los populares hasta los socialistas y los verdes, emitieron comunicados conjuntos exigiendo “la máxima contundencia” ante lo que calificaron como “un ataque premeditado al decoro institucional”.
Reacciones institucionales y declaraciones oficiales
La presidenta del Parlamento Europeo, en una breve comparecencia ante la prensa acreditada, calificó los hechos de “gravemente perturbadores para el normal funcionamiento de la democracia europea”.
“Nos encontramos ante un precedente que podría comprometer seriamente la confianza que los ciudadanos depositan en esta institución. La grabación no autorizada de interacciones privadas entre parlamentarios y personal administrativo constituye una línea roja que no podemos permitirnos cruzar”, declaró la máxima autoridad parlamentaria.
Por su parte, el eurodiputado Alvise Pérez emitió un comunicado en el que defiende su actuación:
“Lo que he mostrado no es un ataque personal, sino la prueba irrefutable de cómo se comporta una parte de la casta política cuando cree que nadie la observa. Si grabar la verdad molesta, entonces es que la verdad molesta demasiado. No me callarán”.
Desde el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, al que pertenecía el eurodiputado increpador, se limitaron a señalar que “cualquier comportamiento impropio será tratado internamente con la seriedad que merece”, sin entrar en más valoraciones.
Un portavoz anónimo de la dirección de personal del Parlamento añadió:
“Esta no es la primera vez que se producen tensiones entre diputados y trabajadores, pero nunca habíamos llegado a una difusión pública tan inmediata y masiva. Estamos evaluando si el incidente puede tener repercusiones en la salud laboral de todo el colectivo administrativo, que supera los 8.200 empleados”.
Análisis: un antes y un después en la regulación de grabaciones
Expertos en derecho parlamentario consultados coinciden en señalar que la sanción aplicada a Pérez podría sentar jurisprudencia en el seno de la institución.
“El Parlamento Europeo ha convivido durante décadas con filtraciones y grabaciones informales, pero nunca habíamos asistido a una difusión tan viral y directa por parte de un diputado en activo. Estamos posiblemente ante el inicio de una nueva era en la que la cámara de un teléfono móvil se convierte en herramienta de rendición de cuentas… o en arma de destrucción institucional”, explica el profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Bruselas, Henri Vandenberghe.
Diversos analistas comparan el episodio con hitos históricos de crisis de confianza: desde el escándalo de las cuentas suizas de ciertos parlamentarios en los años 90 hasta las revelaciones de LuxLeaks en 2014. En esta ocasión, sin embargo, el detonante no ha sido un documento secreto ni una trama financiera, sino un arrebato humano captado en vídeo.
“Si cada interacción tensa entre un diputado y un funcionario termina en redes sociales con millones de visualizaciones, el clima de trabajo en el hemiciclo podría volverse insostenible durante las próximas legislaturas”, advierte una fuente cercana al Colegio de Questores.
Consecuencias previsibles y escenario a medio plazo
La suspensión cautelar de Pérez implica, de momento, la privación temporal del derecho a participar en determinadas actividades protocolarias y la posible deducción de dietas de asistencia durante un periodo que fuentes internas cifran entre 5 y 15 días laborables. Además, el caso ha sido remitido al Comité Consultivo sobre Conducta de los Diputados, que deberá determinar si procede una sanción definitiva.
En paralelo, el incidente ha reabierto el debate sobre la necesidad de endurecer el código de conducta interno. Varios grupos parlamentarios ya han anunciado la presentación de propuestas para prohibir de forma explícita cualquier grabación no autorizada en dependencias parlamentarias, con sanciones que podrían llegar incluso a la pérdida temporal del escaño.
Ciudadanos consultados en las inmediaciones del hemiciclo mostraron opiniones divididas.
“Por fin alguien enseña cómo se comportan realmente algunos de los que nos representan”, afirmó un transeúnte belga de 52 años.
Minutos después, una funcionaria jubilada del Consejo de la UE opinó en sentido contrario:
“Esto es el fin de la dignidad parlamentaria. Si todo se graba y se publica, nadie se atreverá a decir lo que piensa ni a enfadarse nunca más. Y sin humanidad no hay política”.
Cierre: incertidumbre sobre el futuro de la convivencia institucional
El caso Alvise Pérez marca un punto de inflexión en la ya delicada relación entre transparencia radical y respeto a las normas internas del Parlamento Europeo. Mientras la institución evalúa las consecuencias jurídicas, políticas y laborales del incidente, una pregunta flota en el ambiente de los pasillos de Estrasburgo: ¿hasta dónde puede llegar el derecho a informar cuando choca con el derecho a preservar un mínimo de serenidad en el ejercicio de la representación democrática?
Por ahora, la respuesta oficial es clara: la línea se ha cruzado. Queda por ver si esa línea volverá a trazarse más adelante… o si, por el contrario, la cámara del teléfono se convertirá en el nuevo juez supremo de la política europea.