El Comité Olímpico Internacional (COI) ha tomado una decisión histórica: expulsar a España de los próximos Juegos Olímpicos tras las revueltas vividas durante la última edición de la Vuelta a España. Irene Montero celebra la decisión y afirma que “es lo mejor que podía suceder”.
Madrid –
El deporte español vive su mayor crisis internacional de las últimas décadas. El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este domingo la exclusión de España de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, alegando que el país “no puede garantizar la seguridad ni el espíritu de neutralidad” tras las protestas que bloquearon en varias ocasiones la Vuelta a España en solidaridad con Palestina.
Las movilizaciones de la sociedad civil, organizadas por plataformas pro-palestinas y movimientos sociales, se multiplicaron durante el recorrido de la Vuelta. Según el dossier de más de 700 páginas que el COI ha remitido a los gobiernos europeos, hubo cortes en carreteras, pancartas gigantes desplegadas en cumbres de montaña y sentadas masivas en las líneas de meta. En más de una ocasión, los ciclistas tuvieron que detenerse en seco, no por la pendiente o el cansancio, sino porque centenares de manifestantes habían bloqueado el asfalto gritando consignas contra Israel y exigiendo un embargo deportivo internacional.
“Un precedente peligroso”
En palabras de Thomas Bach, presidente del COI, lo ocurrido en España supone un “precedente peligroso”:
“El olimpismo se basa en la convivencia pacífica de todos los pueblos. Lo que hemos visto en la Vuelta a España es la instrumentalización del deporte como campo de batalla político. El riesgo de que estas protestas se trasladen a los Juegos Olímpicos, con acciones directas contra la delegación israelí, es demasiado alto. No podemos asumir esa amenaza”.
Bach añadió que “ningún otro país había permitido hasta ahora que la sociedad civil impusiera sus reivindicaciones políticas sobre el normal desarrollo de una competición deportiva de élite”.
Irene Montero: “Es lo mejor que podía suceder”
Las reacciones políticas no tardaron en llegar. La más sorprendente fue la de Irene Montero, que celebró la medida en un acto improvisado en Madrid:
“Es lo mejor que podía suceder. El COI nos castiga porque la sociedad civil ha demostrado que no se puede separar la lucha por los derechos humanos de los eventos deportivos. La causa palestina no se negocia, y si eso significa que España no vaya a unos Juegos Olímpicos dominados por intereses económicos y por el blanqueamiento de Israel, bienvenida sea la sanción”.
Montero también propuso la creación de unos “Juegos Alternativos por la Justicia Global”, donde se prohíba la participación de Estados acusados de violaciones de derechos humanos y se premie “la resistencia popular como disciplina olímpica”.
Un ciclismo interrumpido por la protesta
Los informes del COI recogen episodios que van desde lo simbólico hasta lo caótico. En la etapa de Asturias, un grupo de manifestantes descendió de los Picos de Europa con banderas palestinas, bloqueando el pelotón y obligando a neutralizar la carrera durante más de 40 minutos. En Granada, la contrarreloj quedó interrumpida cuando decenas de activistas se encadenaron a las vallas publicitarias con pancartas que decían: “Sin Palestina no hay meta”.
El incidente más grave ocurrió en la última etapa, en Madrid, cuando un grupo de manifestantes intentó entrar en la Plaza de Cibeles con neumáticos en llamas y gritos de “boicot a Israel olímpico”. Aunque la Policía contuvo la acción, la imagen dio la vuelta al mundo.
El miedo a los ataques contra deportistas israelíes
La clave de la decisión del COI radica en el temor de que estas movilizaciones, o versiones más radicalizadas, se reproduzcan en los Juegos Olímpicos contra los deportistas israelíes. El informe señala explícitamente que “la intensidad y organización de las protestas en España, y la permisividad de las autoridades, indican que podría producirse un boicot activo e incluso agresiones contra atletas israelíes en un entorno internacional”.
El COI asegura haber recibido advertencias de servicios de inteligencia europeos sobre la posibilidad de “acciones coordinadas” contra competiciones donde participe Israel. España, con el precedente de la Vuelta, se considera “el epicentro de este riesgo”.
El Gobierno: “Una sanción desproporcionada”
Pedro Sánchez trató de rebajar la tensión en una comparecencia en Moncloa:
“Respetamos la decisión del COI, pero creemos que es desproporcionada. España es un país democrático donde la sociedad civil se expresa libremente. Eso no significa que nuestro Estado ampare actos violentos ni que ponga en peligro a ningún atleta internacional. Lucharemos para que se corrija esta injusticia y apelaremos al Tribunal de Arbitraje Deportivo”.
Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo fue contundente:
“Esto es una humillación histórica. El Gobierno ha permitido que la Vuelta a España se convirtiera en una manifestación ambulante contra Israel. Hoy pagamos las consecuencias de esa dejación de funciones”.
Santiago Abascal (Vox) llevó la crítica más lejos:
“No solo nos expulsan de los Juegos, nos señalan como país cómplice del terrorismo palestino. España se ha rendido ante los radicales y Sánchez es responsable de esta vergüenza internacional”.
En cambio, Yolanda Díaz defendió las protestas como “expresión legítima de solidaridad”:
“No podemos criminalizar a la ciudadanía que defiende a Palestina. El problema no es la protesta, sino un COI que mira hacia otro lado mientras Israel viola derechos humanos”.
Los deportistas, en estado de shock
Para los atletas, la noticia cayó como un jarro de agua fría. Carlos Alcaraz escribió en X: “Nos quitan los Juegos por algo que nada tiene que ver con nosotros. Es una injusticia absoluta”. La nadadora Ona Carbonell declaró que “es muy doloroso que años de trabajo se pierdan por causas políticas externas”.
Otros, sin embargo, mostraron cierta simpatía con la causa. Un ciclista del Movistar Team, que pidió anonimato, comentó:
“Lo que vivimos en la Vuelta fue caótico, pero también entendí que la gente no podía quedarse callada. El problema es que ahora nosotros somos los que pagamos el precio”.
Consecuencias económicas y diplomáticas
El Comité Olímpico Español (COE) calcula pérdidas millonarias en becas, patrocinios y visibilidad. Federaciones pequeñas como las de halterofilia o tiro con arco podrían desaparecer al perder financiación.
En el plano diplomático, el Ministerio de Exteriores español ya ha iniciado contactos con la Unión Europea. Francia se mostró distante: “España debe aprender a separar deporte y política, como hacemos nosotros en el Tour… salvo cuando protestan contra la reforma de las pensiones”, ironizó un funcionario galo. Italia, en cambio, ofreció mediar.
Israel, por su parte, celebró la decisión del COI como “una garantía de seguridad para nuestros atletas” y acusó a España de “convertirse en refugio de campañas de odio”.
La calle: apoyo masivo a Palestina
En las calles españolas, la reacción fue muy distinta. Lejos de la indignación, muchas manifestaciones espontáneas aplaudieron que el activismo pro-palestino “haya logrado poner en jaque a una institución tan poderosa como el COI”. En redes sociales proliferaron los mensajes de orgullo: “Nos han echado de los Juegos, pero no de la historia”.
Un vecino de Vallecas lo resumió con sarcasmo:
“Prefiero que me quiten las Olimpiadas a que me quiten la solidaridad. Además, siempre nos quedará Eurovisión”.
¿Y ahora qué?
España tiene derecho a apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo, aunque el proceso podría durar años. Mientras tanto, plataformas sociales ya trabajan en unos “Juegos por Palestina” en Madrid para 2026, con pruebas simbólicas como el “maratón de solidaridad”, el “salto contra la ocupación” o la “contrarreloj de la justicia”.
El Gobierno, en cambio, insiste en revertir la sanción. “España volverá a los Juegos Olímpicos, porque España es deporte, es democracia y es convivencia”, cerró Pedro Sánchez en un discurso en el Congreso.
Conclusión
La expulsión de España de los Juegos Olímpicos no responde a un escándalo deportivo, sino a la presión política de la sociedad civil en favor de Palestina. Lo que para el COI es un riesgo de boicot y violencia contra los atletas israelíes, para una parte de la población española es una victoria simbólica en la batalla internacional por los derechos humanos. Entre la humillación diplomática y el orgullo militante, España afronta un dilema que trasciende al deporte: ¿puede un país separar la justicia global de la competición olímpica?