El escándalo arbitral en el fútbol español alcanza un nuevo nivel de gravedad histórica: Urizar Azpitarte, exárbitro internacional de Primera División, ha confesado públicamente que, durante su etapa en activo, mantuvo participaciones accionariales en ocho clubes españoles de relevancia nacional. La revelación, realizada en directo en un programa de máxima audiencia, ha generado un terremoto institucional que muchos aficionados consideran superior en dimensiones al conocido caso Negreira, al poner en cuestión la imparcialidad estructural del colectivo arbitral durante décadas clave.
La confesión se produjo en un contexto de debate abierto sobre la integridad del arbitraje español, justo cuando el caso de pagos millonarios a un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros sigue en fase judicial. Fuentes cercanas al entorno arbitral consultadas por este medio coinciden en señalar que esta admisión podría representar el precedente más directo de conflicto de intereses jamás documentado en la historia de LaLiga.
La confesión en directo: un testimonio sin precedentes
Ildefonso Urizar Azpitarte, árbitro activo entre las décadas de 1980 y principios de 1990, intervino en un espacio televisivo de gran seguimiento para abordar diversos temas relacionados con el arbitraje. En un momento de la conversación, el excolegiado vasco desveló con absoluta naturalidad: “Soy accionista de la Real Sociedad. También de siete clubs más de España”.
Preguntado por los detalles, Urizar Azpitarte explicó que la situación se originó durante el proceso de conversión de los clubes a Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un cambio legislativo impulsado a finales de los años 80 y principios de los 90. Según su versión, muchos equipos carecían de liquidez suficiente para abonar facturas pendientes a proveedores externos.
“Trabajamos cuando vino la conversión a Sociedad Anónima Limitada. No tenían dinero y nos pagaron en acciones”, declaró el exárbitro. Añadió que su empresa, Hispapost —dedicada a servicios de correspondencia y paquetería con tarifas más competitivas que las de Correos—, prestaba servicios a múltiples entidades deportivas en distintas ciudades españolas.
Entre los clubes mencionados explícitamente figuran Real Sociedad, Alavés, Málaga y otros no detallados en la intervención, completando un total de ocho participaciones accionariales. Urizar insistió en que “sí estaba en activo” cuando se produjeron estas operaciones, y defendió la práctica con serenidad: “¿Y a mí qué me importa? Nosotros éramos una empresa tipo Correos que trabajamos para todo el mundo”.
Contexto histórico: la reconversión a SAD y el nacimiento de un sistema dual
La transformación de los clubes de fútbol en Sociedades Anónimas Deportivas supuso uno de los cambios regulatorios más profundos en la historia del deporte español. Promovida por la Ley del Deporte de 1990, la medida buscaba sanear las finanzas de las entidades y profesionalizar su gestión. Sin embargo, en aquellos años muchos clubes arrastraban deudas crónicas y recurrieron a pagos en especie o en participaciones para saldar obligaciones con proveedores.
Expertos en derecho deportivo consultados explican que, aunque la figura del accionista menoritario no implicaba necesariamente control operativo, la posesión de acciones convertía al titular en copropietario parcial de la entidad. En el caso de un árbitro en activo, esta circunstancia podría generar dudas razonables sobre la neutralidad en partidos que involucraran a cualquiera de esos ocho clubes.
Diversas fuentes institucionales, bajo condición de anonimato, han señalado que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la época no disponía de mecanismos formales de declaración de conflictos de intereses tan exhaustivos como los actuales. “Era otro tiempo”, admiten algunos veteranos del estamento, aunque reconocen que la acumulación de participaciones en ocho entidades representa un volumen inusual y potencialmente problemático.
Reacciones inmediatas: estupor en plató y alarma en redes
La declaración provocó reacciones de incredulidad entre los presentes en el programa. El presentador intentó reconducir la conversación alabando la trayectoria arbitral de Urizar: “He visto arbitrar a Urizar y es de los mejores árbitros de España”. Sin embargo, otros tertulianos no ocultaron su sorpresa y compararon el caso con el escándalo Negreira.
“Esto es mucho peor”, afirmó uno de los colaboradores, argumentando que la posesión directa de acciones implica un interés económico concreto, a diferencia de meros informes asesores. En las redes sociales, la noticia se propagó con rapidez virulenta. Aficionados de diversos equipos, especialmente aquellos históricamente enfrentados al arbitraje, calificaron la confesión como “el auténtico escándalo arbitral” que eclipsa episodios anteriores.
Usuarios anónimos y cuentas especializadas en fútbol compartieron capturas y fragmentos del vídeo, con comentarios que oscilaban entre la indignación y la exigencia de investigaciones formales. Algunos pidieron la intervención urgente de la Comisión Europea de Competencia y de la FIFA, alegando que la existencia de un árbitro con cartera diversificada en clubes podría haber distorsionado la competición durante años.
Análisis de impacto: un antes y un después en la credibilidad arbitral
Diversos analistas coinciden en que esta confesión marca un punto de inflexión irreversible en la percepción pública del arbitraje español. Mientras el caso Negreira se centra en pagos por supuestos servicios de consultoría, la admisión de Urizar introduce un elemento mucho más tangible: la propiedad accionarial directa.
“Estamos ante una situación que podría equipararse, en términos de conflicto de intereses, a lo ocurrido en escándalos financieros internacionales de gran calado”, explica un profesor titular de Derecho Deportivo de una universidad española de prestigio, que solicitó reserva de identidad. Compara el caso con crisis históricas como la quiebra de Enron o el escándalo de las preferentes en España, donde la mezcla de roles generó desconfianza sistémica.
Instituciones como LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol aún no han emitido comunicados oficiales, aunque fuentes internas indican que se está evaluando la apertura de un expediente informativo. Expertos consultados estiman que, de confirmarse la compatibilidad temporal entre la actividad arbitral y las participaciones, podrían derivarse responsabilidades disciplinarias retroactivas o incluso reclamaciones civiles por parte de clubes o aficionados perjudicados.
La sombra se extiende también al presente: “Si un árbitro jubilado confiesa esto con total tranquilidad, ¿qué ocurrió en otros casos no declarados?”, se preguntan voces autorizadas del periodismo deportivo. La duda razonable se instala en cada decisión arbitral retrospectiva de aquella época.
Consecuencias a largo plazo: incertidumbre y llamada a la transparencia total
El fútbol español enfrenta ahora uno de sus momentos más delicados en materia de gobernanza. La confesión de Urizar Azpitarte no solo revive debates sobre el pasado, sino que obliga a replantear los protocolos actuales de declaración de bienes y conflictos de intereses para colegiados en activo y retirados.
Organismos internacionales observan con atención. Cualquier dilación en la respuesta institucional podría agravar la crisis de credibilidad que ya afecta a la competición. Mientras tanto, el exárbitro mantiene su postura: “¿Qué quieres que haga? No tenía por qué regalar las facturas”.
El lector queda con una pregunta abierta que resuena en todo el ecosistema del fútbol: si un árbitro pudo ser accionista de ocho clubes mientras pitaba sus partidos, ¿hasta dónde llega realmente la imparcialidad que se presume en cada pitido? El silencio de las instituciones, por ahora, solo amplifica la alarma.