El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de “negligencia intolerable” la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, advirtiendo que presionará los servicios públicos, tensionará el mercado de la vivienda y generará graves problemas de convivencia. Sin embargo, publicaciones virales en redes sociales y análisis de fuentes parlamentarias recuerdan que el Grupo Popular en el Congreso respaldó en abril de 2024 la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a regularizar a alrededor de 500.000 personas en situación irregular, una medida con objetivos y alcance notablemente similares a la actual. Vox ha aprovechado la circunstancia para acusar al PP de hipocresía flagrante y de practicar un cambio de criterio motivado por cálculos electorales.
Antecedentes de la crítica actual del líder popular
Alberto Núñez Feijóo ha intensificado en las últimas horas su ofensiva contra la decisión del Ejecutivo. En declaraciones públicas y mensajes difundidos en redes, el dirigente gallego ha insistido en que la regularización “masiva e improvisada” supera las 800.000 personas —incluyendo reagrupaciones familiares— y contradice los principios del pacto migratorio europeo, centrado en reforzar controles fronterizos y repatriaciones aceleradas.
“La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable”, ha afirmado Feijóo en múltiples intervenciones. Según sus estimaciones, la medida incrementará el “efecto llamada” en un porcentaje que podría alcanzar el 685% respecto a periodos anteriores, desbordará los servicios sanitarios y educativos, agravará la crisis de vivienda y pondrá en riesgo la cohesión social. El líder del PP ha vinculado la iniciativa incluso con intentos de “incrementar el censo” mediante mecanismos como la Ley de Nietos, algo a lo que, a su juicio, “el Gobierno no tiene derecho”.
Diversas fuentes cercanas a la dirección popular consultadas por este diario coinciden en que la posición de Feijóo responde a una defensa coherente de una política migratoria “ordenada, individualizada y compatible con las necesidades reales del mercado laboral español”. El PP sostiene que las regularizaciones deben ser excepcionales y no masivas, y que el procedimiento elegido por el Ejecutivo —un real decreto que sortea el debate parlamentario— representa un abuso de poder.
El voto del PP en la ILP de 2024: un respaldo mayoritario y explícito
El 9 de abril de 2024, el Pleno del Congreso aprobó por 310 votos a favor y solo 33 en contra la toma en consideración de la ILP Regularización, impulsada por la plataforma ¡Regularización YA! con más de 700.000 firmas validadas. La iniciativa buscaba modificar el Reglamento de Extranjería para permitir la regularización administrativa de personas migrantes que acreditasen residencia continuada en España, con un cálculo inicial de beneficiarios cercano a las 500.000 personas.
El Grupo Parlamentario Popular votó afirmativamente en bloque. Fuentes del partido explicaron entonces que la decisión respondía a una “sensibilidad especial” hacia colectivos vulnerables y a peticiones expresas de entidades como Cáritas Española, que respaldaba la propuesta. El propio Feijóo avanzó días antes que “esos pueden estar tranquilos”, en referencia a los promotores y potenciales beneficiarios, y subrayó que el PP buscaría soluciones humanitarias sin poner en riesgo el ordenamiento jurídico europeo.
La Cámara Baja dio luz verde al trámite parlamentario con un respaldo casi unánime —salvo Vox—, lo que permitió abrir un periodo de enmiendas y debate en ponencia. Expertos consultados por Diario ASDF recuerdan que, en aquel momento, el PP condicionó su apoyo a la introducción de salvaguardas que limitasen el alcance y exigiesen requisitos estrictos de integración, pero nunca rechazó el inicio del proceso.
Reacciones institucionales y acusaciones de incoherencia
Vox ha sido el partido más beligerante ante la aparente contradicción. Santiago Abascal y varios diputados han calificado el giro del PP como “cambio de chaqueta electoral” y “hipocresía estructural”. “En 2024 decían que era humanitario; en 2026, caos social. Todo depende de quién gobierne Sánchez”, han señalado fuentes de la formación. Publicaciones virales en X —con miles de interacciones entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026— reproducen fragmentos de declaraciones antiguas junto a las actuales, generando un debate intenso sobre la credibilidad de la oposición.
Desde el Gobierno, el PSOE y Podemos han aprovechado la circunstancia para exigir coherencia. “Si en 2024 el PP veía viable debatir una regularización de 500.000 personas, ¿por qué ahora la califica de intolerable?”, ha preguntado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Podemos, principal impulsor del acuerdo actual, ha recordado que el real decreto retoma “el espíritu” de la ILP que el propio PP ayudó a desbloquear.
Ciudadanos anónimos consultados en redes sociales expresan desconcierto. “Primero votan sí para tramitarla porque Cáritas lo pide, ahora dicen que es el fin del mundo. ¿En qué quedamos?”, resume un usuario en X. Otro añade: “La memoria es corta cuando hay elecciones cerca”.
Análisis: ¿un antes y un después en la credibilidad migratoria del PP?
Diversos analistas políticos consultados coinciden en que el contraste entre el voto de 2024 y las críticas de 2026 podría marcar un punto de inflexión en la percepción pública de la política migratoria del Partido Popular.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Migratorios (IEEM), con sede en Madrid y reconocido por sus informes anuales sobre flujos migratorios desde 1998, advierte que “cambios de posición tan notorios en apenas 21 meses erosionan la confianza en los líderes políticos y alimentan la polarización”. Según datos del IEEM, España ha experimentado regularizaciones extraordinarias en seis ocasiones entre 1986 y 2005 —cuatro bajo gobiernos socialistas y dos populares—, con un promedio de 300.000 beneficiarios por proceso y sin colapso estructural de servicios públicos.
Expertos en derecho constitucional consultados señalan que la ILP de 2024 y el real decreto actual comparten el mismo objetivo esencial: integrar a personas que ya residen, trabajan y contribuyen fiscalmente, aunque con trayectorias de tramitación distintas. “La diferencia radica en el contexto político, no en el fondo demográfico o económico”, explica un catedrático de la Universidad Complutense especializado en políticas migratorias europeas.
Comparado con hitos históricos como la regularización de 2005 —que afectó a más de 700.000 personas bajo el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contó con consenso multipartidista—, el episodio actual representa, según algunos observadores, un cambio de era en el que la inmigración se ha convertido en arma electoral prioritaria. “Lo que en 2005 era acuerdo nacional, en 2026 es negligencia intolerable o cortina de humo, dependiendo del color político”, resume un informe reciente del Observatorio Permanente de la Inmigración.
Conclusión
La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez continúa generando controversia en un contexto de alta tensión parlamentaria y social. Mientras Alberto Núñez Feijóo mantiene su postura de rechazo frontal y anuncia que llevará el asunto ante instancias europeas, el recuerdo del voto favorable del PP a la ILP de 2024 persiste como elemento de juicio ineludible.
Queda por ver si esta contradicción aparente modificará el posicionamiento estratégico del principal partido de la oposición o si, por el contrario, se consolidará como parte de una narrativa más amplia sobre control migratorio y prioridades nacionales. Lo cierto es que, en un país con tradición de procesos de regularización y con necesidades demográficas y laborales persistentes, el debate sobre quién tiene autoridad moral para definir qué es “masivo” y qué es “necesario” parece lejos de cerrarse.
La sociedad española observa con atención, mientras los servicios públicos, la vivienda y la convivencia siguen siendo invocados como argumentos decisivos en ambos lados de la barricada política.