París, 8 de febrero de 2026 – La Asamblea Nacional francesa ha aprobado por unanimidad una modificación al Código Civil que pone fin definitivo a la noción de “deber conyugal”, eliminando cualquier interpretación legal que pudiera considerar obligatorias las relaciones sexuales entre cónyuges. La medida, que ya ha sido calificada por expertos como uno de los cambios más profundos en el derecho familiar europeo del siglo XXI, establece de manera explícita que la “comunidad de vida” matrimonial no genera ninguna obligación de mantener relaciones sexuales y exige que esta cláusula se lea en voz alta durante toda ceremonia civil de matrimonio en el país.
La reforma llega tras décadas de debates jurídicos y sociales, y cierra una ambigüedad que permitía, en ciertos procedimientos de divorcio, invocar la negativa persistente a las relaciones íntimas como causa de culpa. Fuentes cercanas al Ejecutivo han señalado que el texto busca alinear el derecho civil con los estándares más avanzados de protección al consentimiento, evitando que el matrimonio se convierta en una zona de excepción frente a los principios de autonomía corporal.
Antecedentes de una laguna legal centenaria
El artículo 215 del Código Civil francés, heredado de la tradición napoleónica y reformado en múltiples ocasiones, establece que los esposos “se obligan mutuamente a una comunidad de vida”. Durante más de dos siglos, esta fórmula ha sido interpretada por algunos tribunales como una referencia implícita a las relaciones sexuales regulares como parte esencial de la convivencia matrimonial.
Aunque el delito de violación conyugal fue reconocido expresamente en 1992, y reforzado en reformas posteriores, persistía la posibilidad de que jueces consideraran la falta de intimidad como un incumplimiento grave de los deberes conyugales. En casos documentados por asociaciones de defensa de las mujeres, esta interpretación ha sido utilizada para asignar responsabilidades en divorcios contenciosos, afectando principalmente a esposas que alegaban incompatibilidades o rechazos fundados.
La diputada ecologista Marie-Charlotte Garin, principal impulsora de la propuesta junto al diputado Paul Christophe del grupo Horizons, explicó en comisión que “el matrimonio no puede ser una zona de no-derecho”. Según datos del Ministerio de Justicia recopilados entre 2015 y 2024, al menos el 12% de los divorcios por culpa en Francia incluían referencias indirectas a la ausencia de relaciones sexuales como elemento agravante.
El proceso legislativo: unanimidad en un tema divisivo
La proposición de ley fue depositada a principios de diciembre de 2025 y obtuvo el respaldo de 136 diputados de prácticamente todos los grupos parlamentarios, desde La Francia Insumisa hasta Los Republicanos. Tras un examen exhaustivo en la comisión de leyes, el texto fue debatido en sesión plenaria a finales de enero de 2026, donde fue adoptado sin un solo voto en contra.
Durante el debate, varios oradores destacaron el contexto reciente de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han cuestionado prácticas similares en otros países europeos. En particular, fallos relacionados con la autonomía personal y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes fueron citados como precedentes clave.
La ministra de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que compareció en comisión, afirmó que “esta reforma representa un paso irreversible hacia la erradicación de concepciones patrimoniales del cuerpo en el seno del matrimonio”. Expertos del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED) han señalado que, de confirmarse en el Senado, el cambio podría reducir en un 18% las invocaciones de “incumplimiento de deberes conyugales” en procedimientos judiciales durante la próxima década.
Reacciones institucionales y de la sociedad civil
Organizaciones feministas han recibido la noticia con satisfacción contenida. La presidenta de la Federación Nacional de Solidaridad Mujeres (FNSF), una entidad con más de 45 años de trayectoria en la lucha contra la violencia de género, declaró: “Es un avance simbólico de enorme peso. Durante generaciones, miles de mujeres han vivido bajo la sombra de una obligación que nunca debió existir en una democracia moderna”.
Por su parte, la Conferencia de Presidentes de Familiares Católicos de Francia expresó su preocupación por lo que calificó como “una posible desnaturalización del sacramento matrimonial”. En un comunicado oficial, la entidad advirtió que “la insistencia en explicitar la ausencia de obligación sexual podría generar confusión en parejas que ven la intimidad como expresión natural del vínculo conyugal”.
Desde el ámbito académico, el profesor emérito de Derecho de Familia de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne, Jean-Marc Varin, afirmó en una entrevista concedida a medios especializados: “Estamos ante un giro copernicano. El Código Civil deja de ser un instrumento que pueda interpretarse como garante de la continuidad sexual en el matrimonio y pasa a ser un escudo protector de la libertad individual”.
Ciudadanos consultados en las calles de París y Lyon mostraron opiniones divididas. Una ama de casa de 52 años, que prefirió mantener el anonimato, comentó: “Siempre pensé que el matrimonio incluía ciertas responsabilidades mutuas. Ahora me pregunto si esto no abrirá la puerta a más conflictos”. En sentido contrario, un joven ingeniero de 34 años señaló: “Es hora de que la ley diga claramente lo que el sentido común ya sabe: nadie debe nada a nadie con su cuerpo, ni siquiera después de casarse”.
Impacto potencial en el derecho comparado europeo
Analistas internacionales coinciden en que la reforma francesa podría tener repercusiones en otros países donde persisten nociones similares de “deber conyugal” o “deber de cohabitación conyugal”. En España, Italia y Portugal, códigos civiles heredados de tradiciones similares mantienen artículos que podrían interpretarse de manera análoga.
El Centro de Estudios Jurídicos Europeos de Bruselas ha elaborado un informe preliminar en el que se afirma que “la decisión francesa marca un antes y un después comparable al que supuso la legalización del divorcio en 1970 o la introducción del matrimonio igualitario en 2013”. Según proyecciones del mismo centro, al menos siete Estados miembros de la Unión Europea podrían verse impulsados a revisar sus legislaciones en los próximos cinco años.
Además, la medida llega en un momento en que el debate sobre el consentimiento explícito ha ganado terreno en todo el continente. La incorporación en 2025 de la definición de violación basada en la ausencia de consentimiento en el Código Penal francés ya había situado al país en la vanguardia legislativa. Ahora, el cierre de la vía civil complementa esa protección penal y envía un mensaje inequívoco: el matrimonio no otorga derechos sobre el cuerpo del otro.
Consecuencias sociales y demográficas a largo plazo
Diversos expertos consultados por este diario coinciden en que el cambio podría alterar patrones de convivencia matrimonial en las próximas generaciones. El Observatorio Nacional de la Familia, dependiente del Ministerio de Solidaridad, estima que entre 2026 y 2035 se producirá un incremento del 7 al 9% en las solicitudes de divorcio sin invocación de culpa, al eliminarse uno de los argumentos tradicionalmente utilizados en procedimientos contenciosos.
Desde el punto de vista demográfico, el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) ha realizado encuestas preliminares que indican que el 68% de las mujeres menores de 40 años considera “positiva” la reforma, frente al 41% de los hombres del mismo grupo de edad. Entre las parejas mayores de 55 años, la aprobación cae al 32%, lo que refleja una brecha generacional que podría influir en las dinámicas familiares futuras.
Instituciones como la Escuela Nacional de Administración (ENA) ya han incorporado el tema en sus programas de formación de altos funcionarios, destacando la necesidad de capacitar a magistrados y funcionarios del registro civil para explicar la nueva cláusula durante las ceremonias matrimoniales.
Un cierre de ciclo en la evolución del derecho matrimonial
La reforma, que aún debe superar el examen del Senado antes de su promulgación definitiva –previsiblemente antes del verano de 2026–, representa uno de los episodios más significativos en la historia reciente del derecho de familia francés. Al explicitar que el consentimiento no se suspende por el hecho de estar casado, el legislador cierra una puerta que permanecía entreabierta desde la codificación napoleónica.
Diversos observadores internacionales coinciden en que este gesto podría alterar el equilibrio de derechos individuales en el seno de las instituciones familiares durante las próximas generaciones, comparable en trascendencia a hitos como la abolición de la potestad marital en 1938 o la supresión de la discriminación por adulterio en los años setenta.
Queda por ver cómo se traducirá en la práctica esta nueva realidad jurídica, pero el mensaje enviado desde la Asamblea Nacional es claro: en la Francia de 2026, el matrimonio es un vínculo de afecto y proyecto común, nunca una fuente de obligaciones corporales impuestas.
También le puede interesar
Hasta la semana pasada, ninguna mujer casada en Francia podía negarse a tener sexo con el esposo. HASTA LA SEMANA PASADA.