La Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas contra Podemos después de que varias asociaciones denunciaran presuntos delitos de odio derivados de la campaña de boicot a Israel que se desplegó durante algunas etapas de La Vuelta Ciclista a España. La decisión, que se conoció este martes, añade un nuevo frente judicial para la formación morada en un momento de especial fragilidad política, marcado por la pérdida de representación parlamentaria, el desgaste interno y el distanciamiento con Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz.
El caso se origina tras las protestas organizadas en ciudades como Barcelona, Zaragoza o Madrid, coincidiendo con el paso de la ronda ciclista, donde colectivos afines a Podemos —según los denunciantes— habrían alentado consignas y pancartas contra los equipos patrocinados por empresas israelíes y, en general, contra la presencia de deportistas de ese país en la competición. La polémica estalló cuando, durante la tercera etapa, varias pancartas con el lema “Boicot a Israel: ni en el deporte ni en ninguna parte” fueron desplegadas en lugares estratégicos para la retransmisión televisiva.
Una denuncia con eco internacional
La denuncia fue presentada por asociaciones de juristas vinculadas a comunidades judías en España, así como por la organización Acción Legal contra el Antisemitismo (ALCA), que consideró que lo ocurrido en La Vuelta constituye “un episodio claro de incitación al odio y a la discriminación por motivos de origen nacional y religioso”. La queja también fue acompañada por un informe remitido a la Fiscalía por parte de la Embajada de Israel en Madrid, que calificó los incidentes de “inadmisibles en un Estado democrático que debe garantizar la neutralidad de sus instituciones deportivas”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras recibir la documentación, trasladó la causa a la Sala de lo Penal al considerar que los hechos “trascienden lo meramente deportivo y forman parte de una campaña coordinada que podría encajar en la tipificación de delito de odio del artículo 510 del Código Penal”.
Podemos, en el centro de la tormenta
Los denunciantes señalan a dirigentes de Podemos y a su entorno como principales responsables de haber promovido la campaña. Mencionan, en particular, las declaraciones de exdirigentes como Pablo Iglesias, que en un programa de televisión calificó la participación de equipos con patrocinio israelí como “un blanqueo intolerable de la política criminal de Tel Aviv”. También se han incluido mensajes de cuentas oficiales del partido en redes sociales en las que se aplaudían las protestas.
Desde la formación morada, la reacción ha sido inmediata. Un portavoz nacional aseguró que la denuncia “forma parte de la campaña de persecución política y judicial que sufre Podemos desde su nacimiento” y defendió que las acciones de protesta se enmarcan dentro de la “libertad de expresión y la solidaridad internacionalista con Palestina”. En palabras de la secretaria general, Ione Belarra: “Se intenta criminalizar la crítica legítima a un Gobierno que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Confundir eso con odio es una estrategia peligrosa que erosiona la democracia”.
El papel de La Vuelta
La organización de La Vuelta, por su parte, trató de restar importancia a los incidentes durante la competición, aunque reconoció la dificultad de gestionar un evento deportivo en el que la visibilidad internacional es tan alta. Javier Guillén, director general de la carrera, explicó que “el ciclismo es un deporte que pasa por carreteras abiertas, no por estadios cerrados, y eso genera la posibilidad de protestas pacíficas”. No obstante, subrayó que en ningún momento se registraron altercados violentos y que las pancartas “fueron retiradas con rapidez por las fuerzas de seguridad”.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) y la organización de la Vuelta recibieron comunicaciones de grupos de defensa de los derechos humanos en las que se pedía que no se sancionara a los manifestantes, insistiendo en que se trataba de un acto político y no de una acción violenta. Sin embargo, tras la denuncia en los tribunales españoles, el asunto ha adquirido un cariz que supera lo deportivo.
El marco jurídico del delito de odio
Los expertos en derecho penal consultados por El País explican que el artículo 510 del Código Penal español castiga la promoción o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razones racistas, antisemitas u otras relacionadas con la ideología o el origen nacional. Sin embargo, subrayan que existe un debate constante sobre dónde situar la línea entre la crítica política y la incitación al odio.
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, apunta que “el caso es jurídicamente complejo: criticar la política de un Estado extranjero no es un delito, pero sí puede serlo cuando la crítica se convierte en hostilidad hacia personas concretas por su origen o pertenencia religiosa”. Según Cancio, los tribunales españoles ya han archivado casos similares, aunque también existen precedentes de condena por mensajes considerados antisemitas.
Reacciones políticas
La noticia ha generado un terremoto en el Congreso. El Partido Popular y Vox han exigido explicaciones inmediatas y han pedido a la Fiscalía que actúe “con toda la contundencia de la ley”. Desde el PP, Cuca Gamarra aseguró que “Podemos vuelve a situarse en la radicalidad y el extremismo, convirtiendo las instituciones democráticas en plataformas de odio”. Vox fue más allá y anunció que se personará como acusación popular en el procedimiento.
En el lado opuesto, Sumar ha evitado criticar directamente a Podemos, aunque sí mostró su incomodidad. Fuentes cercanas a Yolanda Díaz insistieron en que “es imprescindible mantener el debate político dentro de los cauces democráticos y no contribuir a alimentar el discurso de odio en ninguna dirección”. El PSOE, por su parte, optó por un perfil bajo: se limitó a señalar que “la justicia debe trabajar con independencia” y que el Gobierno “no entra en valoraciones sobre procesos judiciales abiertos”.
Un debate de fondo
El caso vuelve a abrir la discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto internacional. La causa palestina ha sido históricamente respaldada por sectores de la izquierda española, y el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel) cuenta con simpatías en determinados ámbitos universitarios y sindicales. No obstante, la judicialización de este tipo de campañas introduce un elemento de incertidumbre.
El filósofo y ensayista Reyes Mate sostiene que “en Europa arrastramos una memoria traumática vinculada al antisemitismo, lo que explica que los sistemas judiciales reaccionen de manera especialmente sensible a cualquier manifestación que pueda interpretarse en esa clave”. A su juicio, el reto es “distinguir entre una crítica legítima al Gobierno israelí y un discurso que reproduce estereotipos antijudíos”.
Impacto en el deporte y la diplomacia
El caso también puede tener consecuencias en el ámbito deportivo y diplomático. Israel ha incrementado en los últimos años su presencia en competiciones internacionales, especialmente a través del equipo Israel-Premier Tech, que compite en las grandes vueltas ciclistas. Su participación en La Vuelta ha sido un escaparate importante para su proyección internacional, y los episodios de protesta ponen en entredicho la neutralidad que suele reclamarse para el deporte.
En el plano diplomático, la denuncia y la apertura de diligencias podrían tensar aún más las relaciones entre Madrid y Tel Aviv, ya afectadas por las críticas del Gobierno español a la ofensiva militar israelí en Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores, de momento, no ha hecho declaraciones, aunque fuentes diplomáticas reconocen que el tema “está siendo seguido de cerca”.
Posibles escenarios judiciales
La apertura de diligencias no significa automáticamente que se vaya a celebrar un juicio. La Audiencia Nacional iniciará ahora una fase de investigación en la que se recopilarán testimonios, documentos y posibles pruebas audiovisuales. En función de los resultados, el caso podría archivarse, derivarse a otra instancia o culminar en la apertura de un procedimiento penal contra los responsables señalados.
Los abogados de Podemos ya han adelantado que solicitarán el archivo inmediato de la causa al considerar que se trata de un intento de criminalizar la protesta. Han recordado que en 2020 un juzgado de Valencia archivó una causa similar relacionada con el boicot académico a una institución israelí, argumentando que se trataba de un acto de libertad de expresión.
La mirada puesta en Europa
La causa también será observada con atención en el ámbito europeo. El Parlamento Europeo aprobó en 2017 una resolución en la que advertía contra el antisemitismo, pero al mismo tiempo defendía el derecho a criticar las políticas del Gobierno israelí. Algunos eurodiputados de Los Verdes ya han expresado su preocupación por el caso español, alertando de que puede sentar un precedente “peligroso para la libertad de expresión política”.
Conclusión provisional
La apertura de diligencias contra Podemos por la campaña de boicot a Israel en La Vuelta coloca al partido en una situación incómoda y reaviva el debate sobre los límites de la protesta política. La Audiencia Nacional tendrá ahora que decidir si los hechos encajan en la categoría de delito de odio o si, por el contrario, se trata de una expresión protegida por la libertad de expresión.
Mientras tanto, el ciclismo español y la política internacional se cruzan en un terreno inédito, donde las carreteras de La Vuelta se han convertido en escenario de una controversia que trasciende lo deportivo.
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