Madrid, 28 de enero de 2026 — En una medida sin precedentes en la historia del deporte español, LaLiga, bajo la presidencia de Javier Tebas, ha lanzado un plan de gratificación que recompensa con 50 euros a cualquier persona que denuncie de manera efectiva a establecimientos hosteleros —bares, restaurantes o casas de apuestas— que retransmitan partidos de fútbol sin la licencia correspondiente. La iniciativa, integrada en el reforzado Canal de Denuncias LaLiga Bares (www.laligabares.com/denuncias), busca erradicar definitivamente la piratería audiovisual en el sector HORECA y proteger el ecosistema legal del fútbol profesional.
La novedad llega en un momento clave para la competición. Tras años de intensas campañas contra las emisiones fraudulentas —que ya han generado más de mil sentencias condenatorias y sanciones que superan en ocasiones los 75.000 euros por local—, LaLiga da un paso cualitativo al involucrar directamente a la ciudadanía mediante un incentivo económico directo. El presidente Javier Tebas ha subrayado la trascendencia de esta decisión: «La piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla».
El mecanismo es aparentemente simple y ha sido diseñado para maximizar la participación. Cualquier ciudadano mayor de 18 años residente en España puede acceder al portal oficial, completar un formulario breve —que incluye datos del establecimiento y, obligatoriamente, fotografías de la pantalla del televisor durante la emisión— y adjuntar pruebas visuales que demuestren la ausencia del distintivo oficial. Ese distintivo, una “B” visible en la esquina de la pantalla para bares o una “A” para locales de apuestas, junto a los logos de operadores autorizados como Movistar, Orange, Vodafone, BarTV, +BarSportTV, +Media o TVHotel, es el indicador inequívoco de legalidad. Su ausencia convierte cualquier retransmisión en potencialmente ilegal.
Una vez enviada la denuncia, un equipo especializado de LaLiga Bares inicia un proceso de validación riguroso que incluye cotejo de datos, inspección presencial si procede y verificación técnica. Solo las denuncias consideradas válidas y efectivas —es decir, aquellas que conducen a la confirmación de la irregularidad— optan a la gratificación de 50 euros. Fuentes cercanas al organismo aseguran que el pago se gestiona de forma rápida y transparente, previa solicitud de documentación al denunciante identificado (las denuncias anónimas, aunque válidas para la lucha contra la piratería, quedan excluidas de la recompensa).
La campaña presenta límites claros para garantizar su sostenibilidad. Por cada establecimiento denunciado solo se bonificarán las cuatro primeras denuncias válidas correspondientes a partidos o emisiones distintas. Además, la iniciativa estará vigente hasta alcanzar un máximo de 1.000 denuncias válidas o hasta el próximo 28 de febrero de 2026, lo que supondría un desembolso potencial de hasta 50.000 euros por parte de LaLiga. Expertos consultados por este diario coinciden en que estas restricciones responden a una estrategia calculada: incentivar una oleada inicial masiva de colaboraciones que permita mapear y neutralizar los focos principales de piratería en el país.
El contexto en el que se enmarca esta medida es preocupante. Según datos oficiales de LaLiga, la piratería en establecimientos HORECA ha supuesto durante años una sangría económica que afecta no solo a los derechos audiovisuales —cuyo coste para los bares ronda los 300-350 euros mensuales en la temporada 2025/2026—, sino también a la competencia leal entre locales. Establecimientos que pagan religiosamente sus licencias ven cómo competidores cercanos atraen clientela ofreciendo el mismo producto a precio de consumición, sin asumir los costes legales. Diversos estudios sectoriales estiman que un bar que emite legalmente puede incrementar su afluencia hasta un 50 % y el consumo por cliente en un 40 % durante los partidos, cifras que se diluyen drásticamente cuando la oferta ilegal prolifera sin control.
Fuentes institucionales consultadas destacan que esta gratificación no es un simple incentivo económico, sino un reconocimiento simbólico a la responsabilidad colectiva. «Estamos ante un cambio de paradigma —explica un alto cargo de LaLiga que ha preferido mantener el anonimato—. Pasamos de perseguir la piratería desde arriba a involucrar al aficionado medio como agente activo de la legalidad. Es comparable, en su escala, a lo que supusieron las recompensas ciudadanas en otras luchas históricas contra el fraude organizado».
Reacciones al anuncio han sido inmediatas. Desde la Federación Española de Hostelería se ha mostrado cautela ante la medida, aunque sin pronunciamientos oficiales por el momento. En redes sociales y foros especializados ya circulan los primeros testimonios de usuarios que aseguran haber identificado locales sospechosos y planean formalizar la denuncia. Un aficionado contactado en Madrid, que prefiere no dar su nombre, afirma: «Fui a un bar cerca de mi casa, pedí una caña y vi el partido del fin de semana pasado. No había ninguna letra en la pantalla. Si con una foto me dan 50 euros, pues voy a denunciar. Total, es legal y confidencial».
Por su parte, expertos en propiedad intelectual y derecho deportivo consultados coinciden en calificar la iniciativa como «un antes y un después» en la protección de los derechos audiovisuales en España. «Nunca antes se había puesto precio directo a la delación ciudadana en este ámbito —señala el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, doctor Arturo Mendoza—. Estamos hablando de un modelo que podría extenderse a otros sectores gravemente afectados por la economía sumergida. Si funciona, cambiará para siempre la forma en que se combate la piratería en el entretenimiento».
Desde LaLiga insisten en que el objetivo final no es recaudar multas, sino lograr que la emisión ilegal desaparezca del paisaje hostelero español. «Cada euro que se deja de pagar en licencias legales es un euro que falta para sostener competiciones, clubes, jugadores y, en última instancia, el espectáculo que disfrutan millones de aficionados», recuerdan en su comunicado oficial.
El lanzamiento de esta campaña coincide con el ecuador de la temporada 2025/2026, una de las más competidas de los últimos años. Mientras los equipos luchan por posiciones en la tabla, LaLiga libra su propia batalla en la sombra: la del control absoluto de su producto estrella. Con 50 euros como reclamo, el mensaje es claro: a partir de ahora, ver fútbol pirata en un bar puede salirle caro al dueño… y rentable al cliente que lo denuncie.
Queda por ver si la medida genera la avalancha de denuncias prevista o si, por el contrario, despierta resistencias inesperadas en un sector hostelero ya golpeado por múltiples crisis. Lo que resulta innegable es que, por primera vez, el aficionado común tiene en su mano —y en su bolsillo— una herramienta directa para decidir el futuro de la retransmisión legal del fútbol en España.
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