El 14 de octubre de 2025, Manuel López San Martín publicó en X un tuit que ha desatado una ola de preocupación entre ciudadanos, empresas y organizaciones de derechos digitales en México.
El post alerta sobre los artículos 30-B y 113-Bis del Código Fiscal de la Federación, los cuales, según el autor y los firmantes, representan una seria amenaza para la privacidad de los ciudadanos y el desarrollo del ecosistema digital en el país.
Los artículos 30-B y 113-Bis, según el documento compartido por López San Martín, introducen medidas drásticas para combatir la evasión fiscal en el ámbito digital. El Artículo 30-B otorga a las autoridades fiscales acceso en línea y en tiempo real a las bases de datos privadas de plataformas digitales, eliminando la necesidad de una orden judicial. Por su parte, el Artículo 113-Bis impone sanciones penales a plataformas que permitan la publicación de anuncios relacionados con comprobantes fiscales falsos, exigiendo a estas un monitoreo exhaustivo de su contenido. Estas disposiciones han sido impulsadas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y cuentan con el respaldo de la administración actual, liderada por el partido Morena, en un esfuerzo por cerrar un hueco de evasión fiscal estimado en 10 mil millones de dólares en 2024.
Sin embargo, las organizaciones firmantes —entre las que se encuentran la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la Cámara de Comercio Internacional México (ICC México) y el Interactive Advertising Bureau (IAB México)—
advierten que estas medidas no solo son desproporcionadas, sino que violan la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y principios constitucionales de privacidad. El posicionamiento, respaldado por el tuit de López San Martín, subraya que estas reformas podrían dañar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y disuadir la inversión extranjera en un sector que proyecta un crecimiento del 15% en 2025.
Una Infracción a los Derechos Fundamentales
El acceso en tiempo real a datos privados sin supervisión judicial es el núcleo de la controversia. Organizaciones como Artículo 19 han emitido declaraciones el 15 de octubre de 2025, argumentando que esta disposición vulnera los derechos humanos protegidos por la Constitución mexicana, particularmente el derecho a la privacidad consagrado en el Artículo 16. Esta preocupación no es nueva: desde la década de 1990, Amnistía Internacional ha documentado patrones de vigilancia ilegal en México, incluyendo el uso de software espía contra periodistas y defensores de derechos humanos, como se reveló en un artículo del *New York Times* en 2022. La falta de salvaguardas en los artículos 30-B y 113-Bis sugiere un riesgo de repetición de estos abusos, especialmente bajo un gobierno que, según críticos como Ricardo Castro en X, parece ansioso por implementar mecanismos de control autoritario.
La reciente Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el 20 de marzo de 2025, pretendía fortalecer la regulación gubernamental del manejo de datos. Sin embargo, al transferir las responsabilidades del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al Ministerio de Anticorrupción y Buen Gobierno —un organismo bajo el control directo del Ejecutivo—, se ha erosionado la independencia de las revisiones. Esta estructura deja un vacío legal que las nuevas disposiciones fiscales podrían explotar, permitiendo un acceso no regulado a información sensible.
Impactos Económicos y Tecnológicos
El sector del comercio electrónico, un pilar del crecimiento económico mexicano, enfrenta un desafío sin precedentes. Empresas como Shein, que ya se adaptaron a las medidas de cumplimiento fiscal introducidas a finales de 2024, podrían verse afectadas por la carga administrativa de monitoreo continuo exigida por el Artículo 113-Bis. Expertos técnicos advierten que esta obligación expone a las plataformas a riesgos cibernéticos, especialmente considerando que México ocupó el segundo lugar en América Latina en tasas de cibercrimen en 2024. Un fallo en la seguridad podría comprometer datos de millones de usuarios, amplificando las vulnerabilidades en un ecosistema digital ya frágil.
Además, analistas económicos predicen una posible caída del 5% en la inversión extranjera en el sector tecnológico mexicano para mediados de 2026. Este pronóstico se basa en precedentes como la India, donde las leyes de localización de datos de 2022 generaron desconfianza entre empresas globales. La ausencia de un oficial de protección de datos obligatorio, como se recomendaba en las Reglas de Aviso de Privacidad de 2013, agrava esta incertidumbre, dejando a las empresas expuestas a errores de cumplimiento y a la arbitrariedad gubernamental.
La aprobación de la Ley de Ingresos 2026 por la Comisión de Hacienda el 15 de octubre de 2025 refleja la presión política del partido Morena para consolidar su control económico. Críticos en X, como el usuario @Total90Aerow, han calificado estas reformas como un paso hacia una “dictadura”, acusando al gobierno de usar la política fiscal para silenciar a sus opositores. Esta narrativa se ve reforzada por la mención de funcionarios estadounidenses —como @USAmbMex y @SenMarcoRubio— en los comentarios, lo que sugiere una creciente preocupación internacional sobre el retroceso democrático en México.
Comparado con países como Brasil, que en 2023 implementó un marco tributario digital con salvaguardas explícitas para la privacidad, México parece rezagado. La falta de un equilibrio entre la fiscalización y los derechos individuales podría llevar a impugnaciones legales, especialmente tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en 2023 que anuló una ley de vigilancia similar por carecer de supervisión adecuada.
Reacciones Sociales y Perspectivas Futuras
La reacción en redes sociales ha sido contundente. Usuarios como @tequislas expresaron indignación con exclamaciones como “¡Carajoooo! ‼️😡”, mientras otros, como @georgegarcia666, recurrieron al humor para lamentar el impacto en sus suscripciones a plataformas como OnlyFans. Estas respuestas reflejan una mezcla de frustración y burla hacia un gobierno percibido como desconectado de las necesidades ciudadanas. Al mismo tiempo, la mención de figuras como Ricardo Salinas Pliego en comentarios críticos (@Jesus163429) apunta a un debate más amplio sobre la equidad fiscal, aunque desvía la atención del núcleo del problema: la privacidad.
A largo plazo, la implementación de estos artículos podría consolidar un modelo de gobernanza basado en la vigilancia masiva, alejando a México de los estándares internacionales de derechos humanos. La comunidad internacional, incluyendo organismos como la Unión Europea —que en 2025 actualizó el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) con sanciones más estrictas—, podría imponer restricciones comerciales si México no ajusta su curso. Asimismo, la presión de la sociedad civil y el sector privado podría forzar una revisión judicial, especialmente si las PyMEs y plataformas digitales organizan una resistencia colectiva.
Los artículos 30-B y 113-Bis del Código Fiscal de la Federación, como se presentan en el tuit de Manuel López San Martín, representan un paso peligroso hacia la erosión de la privacidad y la innovación en México. Aunque el objetivo de combatir la evasión fiscal es legítimo, los medios propuestos —acceso irrestricto a datos y sanciones desproporcionadas— carecen de las salvaguardas necesarias para proteger a los ciudadanos y las empresas. En un contexto de creciente autoritarismo y vulnerabilidades tecnológicas, estas reformas no solo son ineficaces, sino que podrían agravar las tensiones sociales y económicas. Es imperativo que el gobierno reconsidere esta legislación, integrando mecanismos de supervisión judicial y consultas amplias con el sector privado y la sociedad civil, para evitar que México se convierta en un ejemplo de retroceso digital en un mundo cada vez más conectado y consciente de sus derechos.