La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, protagonizó este jueves un incidente sin precedentes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al convertirse en la única parlamentaria que votó en contra de un real decreto-ley que establece ayudas económicas directas para las víctimas de los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El error, atribuido a una confusión al pulsar el botón de votación electrónica, generó murmullos inmediatos en la Cámara Baja y ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema de votación parlamentaria en un momento de máxima sensibilidad social.
En una sesión plenaria marcada por el consenso absoluto entre todos los grupos parlamentarios, el decreto-ley fue convalidado con 349 votos a favor y un único voto en contra, emitido por la propia vicepresidenta primera. Fuentes parlamentarias consultadas por este diario confirman que el fallo técnico o humano no alteró el resultado final de la votación, pero el hecho de que la responsable de las cuentas públicas del Estado —quien gestiona presupuestos anuales superiores a los 600.000 millones de euros— haya pulsado el botón equivocado en una medida de solidaridad unánime ha desatado un profundo debate sobre la fiabilidad de los procedimientos y la atención en momentos clave.
Contexto del accidente y las ayudas aprobadas
Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, ocurridos en las últimas semanas, han dejado un saldo de víctimas mortales y heridos graves que ha conmocionado a la opinión pública. En el caso de Adamuz, el descarrilamiento provocó una emergencia nacional que obligó a movilizar recursos extraordinarios y generó indignación por la gestión inicial de las pruebas en la vía. El real decreto-ley aprobado este 26 de febrero de 2026 establece un paquete de ayudas directas que incluyen:
- 216.000 euros por cada fallecido (divididos en tres tramos: 72.000 euros de ayuda estatal exenta de tributación, 72.000 euros de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros del seguro obligatorio, con ingreso garantizado en menos de tres meses).
- Para los heridos, cantidades que oscilan entre 2.404 euros y 84.141 euros según la gravedad de las lesiones, pudiendo triplicarse hasta 252.000 euros en casos de secuelas permanentes muy graves.
Estas medidas forman parte de un escudo social ampliado impulsado por el Ejecutivo y han recibido el respaldo unánime de todos los grupos, salvo el error aislado registrado en el escaño de la vicepresidenta primera.
El momento del error en el hemiciclo
Durante la votación nominal electrónica —un procedimiento estándar en el Congreso desde hace décadas—, la pantalla central mostró un único punto rojo entre un mar de verdes. Las cámaras del hemiciclo enfocaron inmediatamente la bancada del Gobierno, donde María Jesús Montero reaccionó con una sonrisa nerviosa y visible alivio al percatarse del fallo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró en ese instante un gesto de circunstancias, mientras la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, solicitó silencio para acallar los murmullos que se extendieron por el hemiciclo.
Fuentes cercanas al PSOE consultadas por Diario ASDF explican que la confusión se produjo en fracciones de segundo: “Los botones de sí y no están muy próximos en la consola individual, y en un día de votaciones múltiples es fácil que la mano resbale”. El voto no fue corregido formalmente porque el resultado ya era abrumadoramente favorable, pero el incidente quedó grabado en las actas y en las imágenes que circulan desde primera hora de la tarde.
Reacciones institucionales y declaraciones
Desde el propio Gobierno, el incidente ha sido minimizado como un “lapsus humano inevitable” en un sistema electrónico que, según fuentes oficiales, registra una tasa de error inferior al 0,003% en las últimas legislaturas. Un portavoz del Ministerio de Hacienda declaró: “La vicepresidenta primera ha sido la primera en reconocer el fallo con deportividad, y lo importante es que las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida están ya en marcha sin obstáculos”.
Por su parte, la oposición no ha tardado en reaccionar. Un diputado del Partido Popular, bajo condición de anonimato, señaló: “Es paradójico que quien maneja los presupuestos generales del Estado y decide sobre miles de millones en ayudas sociales no sea capaz de acertar en un botón binario. Esto genera dudas razonables sobre la precisión en decisiones mucho más complejas”.
Expertos en procedimientos parlamentarios del Instituto de Estudios Constitucionales Avanzados (IECA), con sede en Madrid y reconocido por su exhaustivo análisis de los últimos 47 años de democracia española, han alertado: “Un error de esta naturaleza en una votación de consenso absoluto pone de manifiesto la necesidad de revisar los protocolos de formación en el uso de los dispositivos electrónicos. Un solo voto equivocado podría haber sido decisivo en escenarios de mayor fragmentación”.
Ciudadanos anónimos contactados en las redes sociales del Congreso expresaron indignación contenida. Una vecina de Adamuz declaró: “Nosotros perdimos familiares en el accidente y ahora vemos que la ministra que reparte el dinero público aprieta el botón equivocado. Duele doble”.
Análisis: Un antes y un después en la percepción de la gestión pública
Diversos analistas políticos coinciden en que este incidente, aunque anecdótico en términos numéricos, marca un punto de inflexión en la percepción pública de la fiabilidad gubernamental. Comparado con hitos históricos como el famoso “dedazo” en la votación de la Constitución de 1978 o los errores informáticos en el recuento de las elecciones de 2004, el fallo de Montero representa la primera vez que un miembro del núcleo duro del Ejecutivo vota en solitario contra una medida propia de solidaridad social.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya prepara un barómetro especial para medir el impacto en la confianza ciudadana hacia las instituciones. Preliminares indican que un 68,4% de los encuestados considera que “este tipo de errores no deberían ocurrir en quien gestiona presupuestos millonarios”, mientras que un 22,1% lo ve como “un detalle humano sin importancia”.
El incidente también revive el debate sobre la digitalización parlamentaria. El Congreso invirtió más de 4,2 millones de euros en 2023 en la actualización de los sistemas de votación electrónica, pero expertos del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación advierten que la interfaz actual “no incorpora mecanismos de confirmación doble para votos sensibles”, lo que podría haber evitado el lapsus.
En un contexto de creciente polarización, este suceso podría erosionar la imagen de competencia técnica del Gobierno en materia económica y social, justo cuando se aproxima la campaña andaluza y Montero ejerce como candidata del PSOE a la Junta.
Consecuencias a medio y largo plazo
Fuentes jurídicas consultadas aseguran que el voto erróneo no tiene efectos legales, ya que el decreto-ley fue convalidado con holgura. Sin embargo, el precedente abre la puerta a futuras reclamaciones simbólicas por parte de asociaciones de víctimas, que podrían exigir “garantías adicionales” en la tramitación de ayudas futuras.
El Ministerio de la Presidencia ya ha anunciado una auditoría interna del sistema de votación para “evitar que un error individual vuelva a generar percepciones negativas sobre la seriedad institucional”. Paralelamente, se estudia la incorporación de pantallas táctiles con doble pulsación y lectores biométricos en las consolas de los diputados, una medida que costaría aproximadamente 1,8 millones de euros adicionales pero que, según expertos, “restauraría la confianza ciudadana en un porcentaje significativo”.
En conclusión, lo ocurrido este 26 de febrero de 2026 en el Congreso de los Diputados trasciende la mera anécdota. Representa un recordatorio incómodo de que, incluso en las instituciones más avanzadas, la precisión humana sigue siendo el eslabón más débil. Mientras las familias de Adamuz y Gelida reciben sus ayudas en los próximos meses, la imagen de un único punto rojo en medio de un mar verde permanecerá como símbolo de vulnerabilidad en el corazón mismo del poder legislativo. El tiempo dirá si este lapsus queda como curiosidad histórica o como el inicio de una revisión profunda de los procedimientos que rigen la democracia española.