El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes desde Dubái que España prohibirá el acceso a plataformas como Instagram, TikTok y X a todos los menores de 16 años. La medida, que se aprobará en el Consejo de Ministros la próxima semana, incluye la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos destinada a captar o amplificar contenidos hacia audiencias juveniles. Bruselas ha recibido con satisfacción la iniciativa española, aunque ha recordado que cualquier regulación nacional debe respetar estrictamente el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA). En paralelo, han surgido tensiones internas en la coalición: fuentes de Izquierda Unida han reivindicado la autoría de la propuesta y han acusado a sectores del PSOE de haberla retrasado durante meses.
Anuncio desde la Cumbre Mundial de Gobiernos
El jefe del Ejecutivo realizó el anuncio en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, ante una audiencia de más de treinta líderes internacionales. Sánchez calificó las plataformas digitales actuales como “un espacio en el que nunca debieron navegar solos nuestros hijos” y subrayó la necesidad urgente de transformarlas en entornos “saludables y democráticos”.
Según detalló, el paquete legislativo incluye cinco medidas principales. La más destacada es la prohibición absoluta de acceso a redes sociales para menores de 16 años, que obligará a las compañías a implementar sistemas de verificación de edad robustos y efectivos, más allá de simples casillas de auto-declaración. “No se trata de una recomendación, sino de una barrera real que funcione”, insistió el presidente.
Otras medidas contemplan la responsabilidad penal directa de los consejeros delegados de las plataformas en caso de incumplimiento reiterado, así como la persecución penal de la manipulación algorítmica cuando esta sirva para amplificar contenidos ilegales o nocivos dirigidos a población vulnerable.
Contexto de la medida y tramitación parlamentaria
La prohibición ya se encontraba recogida en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia y actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Fuentes cercanas al departamento ministerial han confirmado que la enmienda que endurece la prohibición absoluta (eliminando cualquier posibilidad de consentimiento parental entre 14 y 16 años) se incorporará en las próximas semanas.
Esta iniciativa se enmarca en un movimiento europeo más amplio. Países como Francia (que ya aplica límites a los 15 años), Portugal, Dinamarca, Grecia y Austria han avanzado en regulaciones similares. La Comisión Europea, a través de directrices publicadas el pasado verano, ha alentado a los Estados miembros a reforzar la protección infantil en línea, aunque siempre dentro de los límites de la DSA.
Reacción de Bruselas: aplauso con límites claros
La Comisión Europea ha aplaudido la decisión española. En una rueda de prensa celebrada este mismo martes, el portavoz comunitario para Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, señaló que España se une a “un club creciente de países comprometidos con la protección real de los menores”. No obstante, Regnier ha sido explícito al advertir que “toda ley nacional no puede imponer obligaciones adicionales a las plataformas de muy gran tamaño más allá de lo que ya establece la DSA, ya que esa es una prerrogativa exclusiva de la Comisión”.
Expertos consultados por este diario coinciden en que la verificación de edad es competencia nacional, pero su supervisión y sanción a escala europea recae en Bruselas. Cualquier exceso podría derivar en procedimientos de infracción contra España.
Choques internos en la coalición gubernamental
La medida ha generado fricciones visibles dentro del Gobierno. Fuentes próximas a Izquierda Unida han asegurado que la propuesta de elevar la edad mínima a 16 años y tipificar la manipulación algorítmica como delito “lleva la firma inequívoca” de su ministerio y que “ha sido retrasada innecesariamente por sectores más moderados del PSOE durante los últimos meses”.
Desde Ferraz han evitado entrar en polémicas internas, limitándose a destacar que “el presidente ha asumido la iniciativa como propia porque responde a una necesidad urgente de la sociedad española”. Diversos analistas políticos interpretan estas declaraciones como síntoma de las tensiones persistentes en la coalición ante temas de calado social y tecnológico.
Declaraciones institucionales y expertas
El presidente Sánchez fue tajante: “Las redes sociales se han convertido en un territorio sin ley donde se ignoran las normas y se toleran delitos. Ya no lo aceptaremos más. Protegeremos a nuestros hijos del salvaje Oeste digital”.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró: “Esta ley marca un antes y un después en la soberanía digital de España. No vamos a permitir que algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso capturen mentes en formación”.
Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), su director ha afirmado: “Los datos de los últimos tres años muestran un incremento del 47% en casos de ciberacoso y exposición a contenidos extremos entre adolescentes de 13 a 15 años. Esta prohibición es una respuesta proporcionada y necesaria”.
Un portavoz de la Fiscalía General del Estado ha avanzado que ya se estudian posibles causas contra plataformas por amplificación algorítmica de contenidos delictivos, incluyendo investigaciones abiertas sobre herramientas de IA integradas en algunas redes.
Impacto y consecuencias históricas
Diversos expertos consultados coinciden en que esta decisión podría alterar de forma profunda el ecosistema digital juvenil en España durante las próximas dos generaciones. Comparada con hitos regulatorios como la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en 1999 o la entrada en vigor del RGPD en 2018, la prohibición de acceso a redes a menores de 16 años representa, según analistas del think tank Observatorio de la Digitalización Responsable, “el paso más decisivo desde la democratización de internet en los años 90”.
Se estima que más de 4,2 millones de adolescentes españoles dejarían de tener acceso legal a estas plataformas de forma inmediata. Las consecuencias económicas para las compañías podrían alcanzar los 1.800 millones de euros anuales en pérdida de usuarios activos en el mercado español, según proyecciones preliminares de consultoras especializadas.
A nivel social, pedagogos y psiquiatras infantiles alertan de un posible “efecto rebote” si no se acompaña de alternativas educativas sólidas. Sin embargo, el consenso entre las principales asociaciones de padres es abrumadoramente favorable: “Por fin alguien pone un límite real”, resume la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
Cierre: un nuevo paradigma de protección digital
Con esta batería de medidas, el Gobierno de Pedro Sánchez sitúa a España a la vanguardia de la regulación digital en Europa. La prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, unida a la penalización de prácticas algorítmicas nocivas, representa un cambio de era en la forma en que el Estado asume la tutela de la salud mental y la seguridad de las nuevas generaciones en el entorno online.
Queda por ver si el Congreso convalida la enmienda sin modificaciones sustanciales y si Bruselas acepta que la ambición española no sobrepase los límites comunitarios. Lo que resulta incuestionable es que, a partir de febrero de 2026, la relación de los adolescentes españoles con el mundo digital entrará en una fase radicalmente distinta. Un antes y un después cuya magnitud solo el tiempo permitirá calibrar con precisión.