El Gobierno de Pedro Sánchez sitúa a España en su peor registro histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción: cae al puesto 49, empatado con Chipre y Fiji
Transparencia Internacional ha hecho público el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente a 2025, en el que España desciende hasta la posición 49 de 182 países evaluados, con una puntuación de 55 sobre 100. Se trata del peor dato registrado en las últimas tres décadas, pese a las reiteradas declaraciones oficiales sobre regeneración democrática y ejemplaridad en la gestión pública. El retroceso de tres puestos y un punto respecto al año anterior consolida una tendencia de deterioro que expertos internacionales vinculan a la ausencia de reformas estructurales profundas.
El descenso confirmado por Transparencia Internacional
La organización no gubernamental Transparencia Internacional, fundada en 1993 y considerada la referencia mundial en la medición de la integridad del sector público, presentó este 10 de febrero de 2026 su 31ª edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). El estudio, elaborado a partir de 13 fuentes expertas independientes, evalúa la percepción de corrupción en el sector público mediante indicadores como abuso de poder, soborno, malversación, nepotismo y opacidad en la contratación.
España obtiene 55 puntos, un retroceso de un punto respecto a los 56 de 2024, y cae del puesto 46 al 49. Este resultado iguala la puntuación de Chipre y las islas Fiji, dos territorios que tradicionalmente se sitúan en posiciones intermedias del ranking. Por primera vez en 30 años, el país cae por debajo de los niveles alcanzados durante los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, cuando la puntuación superó consistentemente los 55 puntos e incluso llegó a 65 en algunos ejercicios.
En el contexto europeo, España desciende al decimoséptimo puesto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, superada por Portugal (56 puntos) y Eslovenia (58), y solo por delante de Italia (53) y Polonia (53). La media de la Unión Europea se sitúa en 64 puntos, ocho por encima de la española, lo que evidencia una brecha creciente en materia de percepción de integridad institucional.
Contexto de un deterioro sostenido desde 2018
El análisis histórico del IPC revela que España inició una trayectoria descendente a partir de 2018, coincidiendo con el cambio de ciclo político tras la moción de censura. Antes de ese momento, en 2017, el país registraba 57 puntos. Desde entonces, la puntuación ha ido erosionándose año tras año, con caídas acumuladas de diez puntos en la última década según algunos expertos consultados por Transparencia Internacional.
Diversas fuentes académicas y analistas internacionales atribuyen este retroceso a factores estructurales: falta de una estrategia nacional anticorrupción de amplio consenso, deficiencias persistentes en la independencia judicial, limitada efectividad de los órganos de control parlamentario y administrativo, ausencia de un registro central obligatorio de lobbies, y una aplicación práctica insuficiente de las normas sobre conflictos de interés y contratación pública.
El informe global destaca que 2025 ha sido un año de estancamiento o empeoramiento en más de dos tercios de los países evaluados, con una media mundial que ha caído hasta 42 puntos, el nivel más bajo en más de una década. En este escenario, el caso español se interpreta como parte de una tendencia preocupante en democracias consolidadas.
Reacciones institucionales y declaraciones clave
Desde el entorno del Gobierno, fuentes cercanas al Ejecutivo consultadas por este diario han restado dramatismo al dato. “El Índice mide percepciones, no hechos contrastados judicialmente. España sigue siendo una democracia plena con mecanismos de control robustos, y el trabajo en regeneración democrática continúa sin pausa”, ha señalado una voz autorizada del Palacio de la Moncloa.
Por su parte, el PSOE ha emitido un comunicado en el que subraya que “la lucha contra la corrupción es una prioridad irrenunciable del Gobierno más progresista de la historia de España”. El texto añade que “los avances legislativos en transparencia y protección de denunciantes demuestran un compromiso real que tarde o temprano se reflejará en los indicadores internacionales”.
En el ámbito opositor, el Partido Popular ha calificado el resultado como “un varapalo histórico a la credibilidad del Ejecutivo”. Su portavoz institucional ha declarado: “Es inaceptable que España esté hoy empatada con paraísos fiscales de dudosa reputación y por detrás de naciones que hace una década considerábamos muy alejadas de nuestros estándares democráticos. Esto exige una asunción inmediata de responsabilidades”.
Desde la sociedad civil, el capítulo español de Transparencia Internacional ha sido tajante. Su director ha afirmado: “No hay consensos políticos ni un compromiso institucional efectivo y continuado. Sin reformas de calado, la percepción de corrupción seguirá deteriorándose, con graves consecuencias para la confianza ciudadana y la atracción de inversiones”.
Expertos de la Universidad Complutense de Madrid, citados en el informe complementario, han advertido que “la brecha entre el discurso de ejemplaridad y la realidad percibida puede generar un círculo vicioso de desconfianza institucional difícil de revertir en el corto plazo”.
Impacto histórico y comparaciones de calado
Este descenso al puesto 49 marca un punto de inflexión en la trayectoria institucional de España. Diversos analistas coinciden en que el país ha perdido terreno equivalente al registrado durante las grandes crisis de confianza de finales del siglo XX, cuando la percepción de corrupción se asociaba a etapas de transición democrática o escándalos sistémicos.
Comparado con hitos históricos, el actual registro supone un retroceso mayor que el producido tras los casos de financiación irregular de los años 90, cuando España mejoró 16 puntos en un solo ejercicio tras cambios políticos relevantes. Hoy, sin embargo, la tendencia es opuesta: el deterioro se prolonga durante años sin signos visibles de reversión.
A nivel global, el dato sitúa a España por debajo de países como Ruanda, Costa Rica o Arabia Saudita en percepción de integridad pública, mientras supera por poco a jurisdicciones tradicionalmente asociadas a opacidad financiera. Expertos del Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona han señalado que “este posicionamiento puede alterar el equilibrio de credibilidad de España en foros multilaterales durante las próximas generaciones, en un momento en que la Unión Europea exige estándares cada vez más altos para acceder a fondos estructurales”.
Las consecuencias económicas no son menores. Instituciones financieras internacionales ya incorporan el IPC en sus modelos de riesgo-país. Una caída sostenida por debajo de 60 puntos puede traducirse en mayores costes de financiación, menor atractivo para la inversión extranjera directa y una percepción de inestabilidad institucional que afecta a la competitividad nacional.
Un antes y un después en la percepción democrática
El IPC 2025 no solo refleja un dato estadístico: representa un cambio de era en cómo se percibe la calidad democrática española. Durante décadas, España se presentó como ejemplo de consolidación institucional tras la dictadura. Hoy, el empate con Chipre y Fiji, y la proximidad a Italia o Polonia, obliga a replantear narrativas oficiales sobre regeneración y limpieza en la gestión pública.
Diversos observadores internacionales coinciden en que este retroceso podría acelerar demandas de reformas estructurales que hasta ahora han encontrado resistencias políticas. La ausencia de un gran pacto de Estado contra la corrupción, similar a los consensos alcanzados en otros países europeos, se presenta como el principal obstáculo para revertir la tendencia.
Conclusión: incertidumbre ante el futuro institucional
El peor registro en 30 años del Índice de Percepción de la Corrupción sitúa a España en una encrucijada delicada. Mientras el Gobierno defiende su hoja de ruta de regeneración democrática, los datos internacionales dibujan un panorama de deterioro continuado que genera alarma entre expertos, inversores y ciudadanos.
Queda por ver si este descenso sirve de catalizador para un cambio profundo en las prácticas institucionales o si, por el contrario, consolida una nueva normalidad en la que España se aleja de los estándares de integridad que caracterizaron su etapa de mayor prestigio internacional. La historia reciente demuestra que la percepción de corrupción, una vez instalada, es extremadamente difícil de revertir sin medidas extraordinarias y consensuadas.