El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido la nacionalidad española a aproximadamente 240.000 personas bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática, una cifra que podría escalar hasta 1,4 millones si se mantienen los ritmos de tramitación actuales y se consideran las solicitudes acumuladas. Once líderes europeos, en su mayoría vinculados al Partido Popular Europeo, han suscrito una carta conjunta en la que califican la medida como una “regularización masiva sin control” y una “negligencia intolerable” que pone en riesgo la cohesión del espacio comunitario. Fuentes cercanas al Ejecutivo español defienden que se trata de una reparación histórica legítima, mientras que la oposición advierte de un impacto electoral directo de cara a las generales de 2027.
Antecedentes de la Ley de Memoria Democrática y su aplicación masiva
La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aprobada durante la anterior legislatura, amplió significativamente los supuestos para optar a la nacionalidad española por vía de opción. Esta norma, concebida inicialmente como instrumento de reparación para descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo, ha permitido que hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su ciudadanía por motivos políticos, ideológicos o de creencia accedan directamente a la nacionalidad de origen sin necesidad de residencia previa en territorio español.
Desde su entrada en vigor en octubre de 2022, los consulados españoles han recibido más de 876.000 solicitudes, de las cuales alrededor de 240.000 han sido resueltas favorablemente hasta fechas recientes. Países como Argentina, Cuba y Brasil concentran la mayor parte de las peticiones, con consulados en Buenos Aires y La Habana gestionando volúmenes que superan con creces su capacidad habitual. El Gobierno prorrogó en varias ocasiones el plazo de solicitud —finalmente cerrado en octubre de 2025— ante la avalancha de expedientes, lo que ha generado un cuello de botella administrativo sin precedentes en la red consular.
Expertos en derecho internacional consultados por este diario coinciden en que la ley representa la mayor ampliación de acceso a la ciudadanía española desde la Transición. A diferencia de los procesos ordinarios de nacionalidad, que exigen hasta diez años de residencia legal y continuada, esta vía permite obtener el pasaporte español en plazos considerablemente más breves, sin requisitos de arraigo físico en el país.
La dimensión electoral y las proyecciones demográficas
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia en junio de 2018, se han concedido cerca de 1,4 millones de nacionalidades a extranjeros, sumando tanto las tramitadas por la vía ordinaria como las facilitadas por la Ley de Memoria Democrática. De mantenerse el ritmo observado en los últimos tres años —con picos anuales cercanos a las 240.000 concesiones—, las elecciones generales de 2027 podrían contar con hasta un millón de nuevos electores respecto a las de 2023.
Esta ampliación del censo electoral, especialmente en el voto CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes), ha generado alarma en sectores conservadores. Diversos analistas políticos señalan que los nuevos nacionales, en su mayoría residentes en América Latina, podrían inclinar la balanza en circunscripciones clave si optan por ejercer su derecho al voto por correo. El PSOE ha rechazado estas interpretaciones, insistiendo en que la medida responde exclusivamente a una obligación moral e histórica.
La carta de los once líderes europeos y la reacción institucional
En una resolución aprobada recientemente en Zagreb, once dirigentes europeos —la mayoría del Partido Popular Europeo— han expresado su rechazo frontal a lo que denominan “regularización masiva sin control”. La misiva, firmada por exlíderes y actuales figuras del PPE, califica la política española como “una negligencia intolerable” que debilita la política migratoria común de la Unión Europea y genera desequilibrios en el espacio Schengen.
“Esta concesión acelerada de ciudadanías sin requisitos de integración efectiva pone en cuestión los principios de cohesión y reciprocidad que sustentan el proyecto europeo”, reza uno de los párrafos centrales del documento. Fuentes diplomáticas consultadas indican que la carta ha sido remitida tanto a la Comisión Europea como al Consejo, aunque por el momento no se ha producido una respuesta oficial desde Bruselas.
El Gobierno español ha minimizado el alcance de la crítica. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado que “la reparación de agravios históricos no puede someterse a veto externo” y ha recordado que España ejerce su soberanía en materia de nacionalidad conforme al artículo 11 de la Constitución.
Declaraciones de responsables políticos y expertos
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la medida en múltiples ocasiones: “Se trata de devolver la dignidad a miles de familias que sufrieron el exilio forzado. No es una cuestión electoral, es una cuestión de justicia histórica”.
Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el proceso como “una operación de ingeniería demográfica sin precedentes”. “El Gobierno está alterando el cuerpo electoral de forma artificial”, ha afirmado en declaraciones recientes.
Expertos del Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales, una entidad de referencia en análisis jurídico, han advertido que el volumen de nuevas nacionalidades podría superar en impacto a crisis migratorias pasadas en el continente. “Estamos ante un cambio de paradigma comparable, en términos demográficos, al que supuso la regularización extraordinaria de 2005, pero multiplicado por diez”, ha señalado un investigador senior bajo condición de anonimato.
Ciudadanos anónimos consultados en redes consulares expresan opiniones divididas. Una solicitante argentina residente en Buenos Aires ha declarado: “Para mí es recuperar lo que mi abuelo perdió por la fuerza. No entiendo por qué Europa se mete en algo tan personal”. Otro residente en Madrid, de origen colombiano, ha añadido: “Si ya pagan impuestos aquí, ¿por qué no votar?”.
Análisis del impacto a medio y largo plazo
Diversos observatorios internacionales coinciden en que esta oleada de nacionalizaciones marca un antes y un después en la configuración del electorado español. Comparado con momentos históricos como la ampliación de derechos durante la Transición o la adhesión a la Unión Europea, el proceso actual podría redefinir el mapa político durante las próximas generaciones.
Instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas han comenzado a incluir variables de “nacionalizados recientes” en sus sondeos, anticipando variaciones de hasta tres puntos en la intención de voto en escenarios de alta participación del CERA. Economistas del Banco de España advierten que el incremento de población con derechos plenos podría tensionar los sistemas de protección social si no va acompañado de políticas de integración laboral efectivas.
En el plano europeo, la crítica de los once líderes podría derivar en propuestas para armonizar los criterios de concesión de ciudadanía en el seno de la UE. Fuentes cercanas al PPE indican que se está preparando un informe detallado sobre las implicaciones para la libre circulación y el voto transfronterizo.
Conclusión: un debate que trasciende fronteras
La aplicación masiva de la Ley de Memoria Democrática ha colocado a España en el centro de una controversia que combina memoria histórica, soberanía nacional y equilibrio europeo. Mientras el Gobierno defiende una reparación pendiente desde hace décadas, las críticas externas y la oposición interna alertan de riesgos para la estabilidad democrática y la cohesión comunitaria.
Queda por ver si las más de 600.000 solicitudes pendientes se resuelven en los próximos meses y cómo se integran estos nuevos españoles en el tejido social y político del país. Lo que resulta incuestionable es que el proceso iniciado en 2022 está alterando, de forma profunda e irreversible, la composición del electorado español. El futuro de las próximas convocatorias electorales podría depender, en buena medida, de cómo se gestione esta nueva realidad demográfica.