Diario ASDF

En un esfuerzo por fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital, un grupo de senadores estadounidenses ha presentado un nuevo proyecto de ley denominado **Block Bad Electronic Art and Recording Distributors Act of 2025**, conocido como **Block BEARD Act**. Este proyecto, liderado por los senadores Thom Tillis (R-NC), Chris Coons (D-DE), Marsha Blackburn (R-TN) y Adam Schiff (D-CA), busca abordar el creciente problema de los sitios web extranjeros dedicados a la distribución ilegal de contenido protegido por derechos de autor, como música, películas, series de televisión y software. La iniciativa, que cuenta con un respaldo bipartidista, ha generado un amplio debate sobre su alcance, implicaciones y posibles efectos en la libertad de expresión, el comercio digital y las prácticas actuales de la industria del entretenimiento.


La piratería en línea ha sido un problema persistente desde los albores de internet. Sitios como The Pirate Bay, Rapidshare y otros han permitido a los usuarios acceder a contenidos protegidos por derechos de autor sin compensar a los creadores o propietarios. Según estimaciones de la industria, la piratería digital cuesta miles de millones de dólares anuales a los sectores del entretenimiento, la música y el software. En un informe de 2011, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) estimaba que el 13% de los adultos en el país había consumido copias ilegales de películas o programas de televisión en línea, una cifra que probablemente ha crecido con el aumento de la conectividad global.

En el pasado, Estados Unidos ha intentado abordar este problema mediante proyectos de ley como la **Stop Online Piracy Act (SOPA)** y la **Protect IP Act (PIPA)** en 2011. Estas iniciativas enfrentaron una fuerte oposición de empresas tecnológicas, defensores de la libertad de expresión y usuarios de internet, quienes argumentaron que las medidas propuestas podían conducir a la censura y restringir la innovación en la web. Las protestas masivas, que incluyeron apagones de sitios como Wikipedia y Google, llevaron a la suspensión indefinida de ambos proyectos.

A pesar de estos reveses, la necesidad de combatir la piratería no ha disminuido. Los avances tecnológicos han facilitado la creación de sitios piratas que operan desde jurisdicciones extranjeras, fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. Este vacío legal ha motivado a los legisladores a buscar soluciones más precisas y efectivas, como el Block BEARD Act. Sin embargo, el contexto actual de la industria, especialmente en el ámbito de los videojuegos, ha añadido una nueva capa de complejidad al debate sobre la piratería.


El Block BEARD Act, presentado el 31 de julio de 2025, tiene como objetivo principal bloquear el acceso a sitios web extranjeros que se dediquen principalmente a actividades de piratería digital. Según el texto del proyecto, los propietarios de derechos de autor podrían solicitar a los tribunales que designen un sitio web extranjero como un “sitio de piratería digital extranjero” si se cumplen ciertos criterios. Estos incluyen:

1. **Propiedad de los derechos**: El solicitante debe demostrar que es el propietario o titular exclusivo de los derechos de autor del contenido en cuestión.
2. **Daño causado**: Debe probarse que el sitio infringe los derechos de autor y que esta actividad ha causado o causará daño al titular.
3. **Notificación previa**: El solicitante debe haber intentado notificar al operador del sitio extranjero sobre la infracción.
4. **Ubicación extranjera**: Se debe demostrar que el sitio no está ubicado en Estados Unidos.
5. **Propósito principal**: El sitio debe estar dedicado principalmente a actividades infractoras, con un propósito comercial limitado más allá de la piratería y con una intención clara de promover dichas actividades.

Una vez que un sitio es designado como “sitio de piratería digital extranjero”, los proveedores de servicios de internet (ISPs) en Estados Unidos estarían obligados a bloquear el acceso a dicho sitio. Los sitios extranjeros tienen un plazo de 21 días para responder a la petición y, si cumplen con los requisitos judiciales, pueden evitar ser bloqueados.

El proyecto destaca por su enfoque en el debido proceso. Según el senador Tillis, el Block BEARD Act es una “herramienta inteligente y dirigida” que busca evitar impactos en la libertad de expresión o en sitios legítimos. Los defensores del proyecto argumentan que su diseño es más preciso que iniciativas anteriores como SOPA, ya que se centra exclusivamente en sitios extranjeros con un claro propósito infractor.


El Block BEARD Act ha recibido el apoyo de organizaciones clave de la industria, como la **Recording Industry Association of America (RIAA)** y la **Motion Picture Association (MPA)**. Mitch Glazier, presidente de la RIAA, señaló que herramientas similares han sido efectivas en más de 50 países democráticos durante la última década, sin dañar la libertad de expresión ni la infraestructura de internet. Por su parte, el senador Coons destacó que el proyecto alinea a Estados Unidos con otras naciones que han implementado medidas para combatir el robo de propiedad intelectual extranjera.

Países como Dinamarca, Finlandia, Irlanda e Italia han bloqueado sitios como The Pirate Bay con resultados positivos, según la industria. En el Reino Unido, por ejemplo, la High Court of Justice ordenó en 2011 y 2012 el bloqueo de sitios como Newzbin.com y The Pirate Bay, lo que redujo significativamente el acceso a contenidos pirateados sin generar impactos negativos en el comercio legítimo o la libertad de expresión.



A pesar de su enfoque más específico, el Block BEARD Act no está exento de críticas. Los opositores, incluidos algunos defensores de la libertad en internet, temen que el proyecto pueda sentar un precedente peligroso para la regulación de la web. Organizaciones como la **Electronic Frontier Foundation (EFF)** han expresado preocupaciones similares en el pasado sobre leyes antipiratería, argumentando que el bloqueo de sitios web podría afectar a plataformas legítimas que alojan contenido generado por usuarios.

Otro punto de controversia es la posible afectación al sistema de nombres de dominio (DNS). En 2010, críticos de proyectos similares advirtieron que el bloqueo de dominios podría dañar la credibilidad de Estados Unidos como administrador del sistema global de DNS, gestionado por la ICANN. Aunque el Block BEARD Act requiere una orden judicial para cualquier bloqueo, algunos expertos creen que la implementación técnica podría ser compleja y generar efectos no deseados, como el acceso restringido a sitios no infractores alojados en los mismos servidores.

Además, los críticos señalan que los sitios piratas suelen adaptarse rápidamente a las restricciones, cambiando de dominio o utilizando redes privadas virtuales (VPNs) para evadir los bloqueos. Esto plantea dudas sobre la efectividad a largo plazo del proyecto y si justificará los costos asociados a su implementación.

Un factor crucial que ha avivado el debate sobre el Block BEARD Act es el creciente descontento de los consumidores con las prácticas de la industria del entretenimiento, especialmente en el sector de los videojuegos. En los últimos años, los estudios han sido criticados por lanzar productos inacabados, llenos de errores o con contenido recortado que luego se vende como DLC (contenido descargable) a precios elevados. Además, los precios de los videojuegos han aumentado significativamente, con muchos títulos AAA alcanzando los 70 dólares o más, mientras que los microtransacciones y las suscripciones se han convertido en la norma.

Lo que ha generado mayor indignación es la práctica de las licencias digitales, donde los consumidores no adquieren la propiedad real del producto que compran. En muchos casos, los términos de servicio de plataformas como Steam, PlayStation Network o Xbox Live establecen que los usuarios solo están adquiriendo una licencia para usar el juego, no la posesión del mismo. Esto significa que las empresas pueden eliminar el acceso a un juego en cualquier momento, incluso después de que el consumidor haya pagado por él, sin obligación de reembolsar el dinero. Casos como el del juego *The Crew* de Ubisoft, que fue retirado de las bibliotecas de los usuarios tras el cierre de sus servidores, han alimentado esta frustración.

En este contexto, ha surgido una frase que resuena en comunidades en línea: **“Si comprar no te da propiedad, piratear no es robo”**. Esta idea refleja la percepción de algunos consumidores de que, si las empresas no les garantizan la propiedad de los productos que adquieren, la piratería no debería considerarse un delito moralmente equivalente al robo. En plataformas como Reddit y Hacker News, los usuarios han argumentado que la piratería es, en parte, una reacción a las prácticas abusivas de la industria, como precios exorbitantes, contenido incompleto y la falta de control sobre los productos comprados. Este sentimiento podría complicar la aceptación pública del Block BEARD Act, ya que muchos ven la piratería como una forma de resistencia contra un sistema que perciben como injusto.



El Block BEARD Act podría tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento y los consumidores. Por un lado, los creadores de contenido y las empresas de medios podrían beneficiarse de una mayor protección de sus derechos, lo que incentivaría la producción de nuevas obras. Por otro lado, los consumidores podrían enfrentar un acceso más limitado a contenidos gratuitos, aunque ilegales, lo que podría empujarlos hacia servicios legales como Netflix, Spotify o Disney+.

Sin embargo, el descontento con las prácticas de la industria plantea un desafío adicional. Algunos usuarios han señalado que la piratería a menudo surge por la falta de acceso asequible o conveniente a contenidos legales. Por ejemplo, un comentario en una discusión reciente en Hacker News destacó que la industria musical logró reducir la piratería al ofrecer servicios como Spotify, que combinan una amplia biblioteca de contenido con una experiencia de usuario accesible. En el caso de los videojuegos, los consumidores han pedido a los estudios que ofrezcan productos completos a precios justos y que garanticen la propiedad real de los juegos comprados. Sin estas reformas, medidas como el Block BEARD Act podrían ser percibidas como un intento de proteger a las empresas en lugar de abordar las preocupaciones de los usuarios.



El Block BEARD Act está en sus primeras etapas y aún debe pasar por un proceso legislativo que incluirá audiencias, debates y posibles enmiendas. Dado el respaldo bipartidista inicial, es probable que el proyecto avance en el Senado, aunque su aprobación final dependerá de la capacidad de los legisladores para abordar las preocupaciones de los críticos, tanto en términos técnicos como sociales.

El contexto político también jugará un papel crucial. En un entorno donde la protección de la propiedad intelectual es una prioridad para ambos partidos, pero la regulación de internet sigue siendo un tema divisivo, el Block BEARD Act podría servir como un punto de prueba para futuras legislaciones sobre ciberseguridad y comercio digital. Sin embargo, los legisladores también deberán considerar el creciente descontento de los consumidores con las prácticas de la industria. Para que el proyecto sea efectivo a largo plazo, la industria del entretenimiento deberá complementar las medidas legales con estrategias que aborden las preocupaciones de los usuarios, como ofrecer productos más accesibles, completos y con garantías de propiedad.


El Block BEARD Act representa un nuevo capítulo en la lucha de Estados Unidos contra la piratería en línea. Con un enfoque más específico que sus predecesores, el proyecto busca equilibrar la protección de la propiedad intelectual con la preservación de la libertad de expresión y el comercio legítimo. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad para abordar las preocupaciones técnicas, legales y sociales, incluyendo el creciente descontento con las prácticas de los estudios, que han llevado a muchos a justificar la piratería con la frase “si comprar no te da propiedad, piratear no es robo”. Mientras los legisladores, la industria y los defensores de los derechos digitales continúan el debate, el Block BEARD Act subraya la complejidad de regular un internet global en un mundo donde los consumidores exigen mayor transparencia y justicia de las empresas.