Un informe de AI Forensics revela grupos y canales privados con hasta 25.000 miembros solo en territorio español, donde se comparten deepfakes, vídeos sin consentimiento, doxxing y servicios de “novias para humillar”. La Policía Nacional y la Guardia Civil admiten que la privacidad extrema de la aplicación hace prácticamente imposible una infiltración efectiva.
Entre el 22 de diciembre de 2025 y el 10 de febrero de 2026, investigadores de la organización AI Forensics analizaron casi 2,8 millones de mensajes, 82.723 archivos multimedia y detectaron una red estructurada, automatizada y claramente lucrativa que opera con total impunidad en Telegram. Pagos únicos de entre 20 y 50 euros o suscripciones mensuales desde 5 euros dan acceso permanente a contenidos generados por bots que “desnudan” automáticamente a cualquier mujer, incluso a aquellas sin presencia pública. Fuentes cercanas a las instituciones consultadas por el Diario ASDF confirman que esta realidad choca frontalmente con el liderazgo internacional que España presume en materia de protección contra la violencia de género.
El contexto de una nación pionera en derechos
España ha sido durante años referente mundial en la aprobación de leyes integrales contra la violencia machista. La Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, el Pacto de Estado, la reciente reforma del Código Penal y la controvertida ley del “solo sí es sí” se han presentado como murallas infranqueables destinadas a proteger la dignidad de las mujeres.
Sin embargo, mientras las instituciones exhiben estos avances en foros internacionales, un ecosistema paralelo ha crecido en silencio dentro de la aplicación de mensajería más popular del país. Telegram, defendida por millones como bastión de la privacidad frente al control estatal, se ha convertido, según el informe, en la plataforma ideal para organizar, automatizar y rentabilizar precisamente aquello que las leyes pretenden erradicar.
Cómo funciona la “infraestructura del acoso”
Los investigadores de AI Forensics, entidad especializada en el análisis forense de contenidos generados por inteligencia artificial, documentaron 16 grupos y canales —ocho en España y ocho en Italia— que operan como verdaderas empresas del abuso. Algunos alcanzan los 25.000 miembros en nuestro país y 27.000 en Italia.
El modelo de negocio es sencillo y eficiente:
- Acceso pago mediante Bizum, PayPal, criptomonedas o sistemas digitales.
- Bots integrados que, con una simple foto vestida, generan en segundos imágenes o vídeos explícitos de la persona solicitada.
- Secciones premium donde se comparten “packs” de exparejas, influencers o mujeres anónimas obtenidas mediante doxxing.
- Dinámicas colectivas de humillación en las que los usuarios ofrecen “novias prestadas” para que el resto genere y comente material.
Todo ello automatizado. Todo ello monetizado. Y todo ello, según las conclusiones del estudio, estructurado como una industria que utiliza la privacidad de Telegram como escudo impenetrable.
Reacciones institucionales y el reconocimiento policial
La Policía Nacional y la Guardia Civil han confirmado, en conversaciones reservadas con medios, que la encriptación de extremo a extremo y las limitaciones legales para obtener datos de Telegram convierten cualquier operación de infiltración en una tarea extremadamente compleja. “Necesitamos que la plataforma identifique IPs y colabore de forma real, algo que hasta ahora no ha ocurrido de manera sistemática”, señalan fuentes especializadas.
Borja Adsuara, experto en derecho digital, ha recordado en declaraciones recientes que Telegram ya fue objeto de atención tras la detención de su fundador Pavel Durov en París en 2024. Pese a ello, grupos eliminados durante el período de análisis del informe reaparecieron horas después con idénticos nombres y contenidos.
En mitad de esta red destacan espacios como el grupo Redbirds, un canal privado donde, según el informe, se coordinan y difunden de forma sistemática deepfakes, vídeos sin consentimiento y estrategias colectivas de doxxing. Su mera existencia ilustra cómo la combinación de bots automatizados y pagos accesibles ha permitido que prácticas antes marginales se conviertan en una actividad organizada y rentable.
Declaraciones de los expertos
Silvia Semenzin, una de las autoras principales del informe, ha sido tajante: “Se trata de un ecosistema de abuso estructurado, monetizado y en gran medida automatizado. Telegram se presenta como un lugar seguro para estos usuarios y la inteligencia artificial ha disparado las prácticas hasta límites antes inimaginables. Ya no hace falta que la víctima sea una figura pública ni que haya compartido previamente imágenes íntimas. Cualquier mujer es objetivo potencial con solo una fotografía de cara.”
Por su parte, Borja Adsuara ha alertado sobre la contradicción jurídica y social: “Distribuir pornografía infantil o planear agresiones no es libertad de expresión. Sin embargo, la opacidad de la plataforma y la dificultad para identificar a los responsables convierten estos espacios en zonas prácticamente fuera del alcance del Estado de Derecho.”
El impacto en la sociedad española: un antes y un después
Diversos analistas consultados por el Diario ASDF coinciden en que este fenómeno marca un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género en nuestro país. Mientras las campañas institucionales insisten en la prevención y la educación, una infraestructura tecnológica permite que miles de hombres organicen, compartan y paguen por humillar digitalmente a mujeres reales, muchas de ellas conocidas en su entorno cercano.
El estudio revela que las víctimas no son únicamente influencers o celebridades. La mayoría son mujeres anónimas, exparejas, compañeras de trabajo, amigas o incluso familiares lejanas cuyos rostros han sido capturados en cualquier foto cotidiana y convertidos en material explícito en cuestión de segundos.
Expertos en ciberseguridad advierten que esta normalización colectiva puede tener consecuencias a largo plazo en la salud mental de las víctimas, en la confianza de las mujeres en el entorno digital y, en última instancia, en la propia cohesión social. Comparan la situación actual con crisis históricas de desprotección colectiva, aunque con la particularidad de que, en esta ocasión, la tecnología acelera y multiplica el daño a una velocidad sin precedentes.
Consecuencias legales y el desafío europeo
La Unión Europea tramita actualmente normativas que pretenden prohibir el uso de IA para generar deepfakes sexuales no consentidos, con sanciones a plataformas que no colaboren. España, por su parte, avanza en la catalogación de estos contenidos como vulneración del derecho al honor.
Sin embargo, el informe de AI Forensics pone de manifiesto que Telegram ha sorteado hasta ahora la Ley de Servicios Digitales de la UE argumentando que no alcanza ciertos umbrales de usuarios activos mensuales, pese a contar con canales que superan los 20.000 miembros y albergan contenidos claramente delictivos.
Fuentes cercanas al Ministerio del Interior indican que se están estudiando medidas específicas, entre ellas la creación de unidades policiales especializadas en monitorización de estos canales y la exigencia de mayor cooperación por parte de la plataforma.
El cierre de una era de impunidad o el comienzo de otra
Mientras las instituciones reiteran su compromiso con la igualdad y la protección de las mujeres, el informe de AI Forensics deja sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto las leyes nacionales y europeas están realmente preparadas para enfrentarse a una violencia que se organiza, se automatiza y se monetiza en espacios digitales supuestamente privados?
25.000 miembros en España. 2,8 millones de mensajes en apenas seis semanas. Bots que generan abuso en segundos. Estos no son datos aislados ni anécdotas. Son indicadores de una realidad que opera a gran escala y que, según los investigadores, continuará expandiéndose mientras el diseño de la plataforma y la falta de colaboración efectiva lo permitan.
El Diario ASDF seguirá informando sobre las medidas que las autoridades adopten en las próximas semanas. Porque cuando la tecnología se pone al servicio de la humillación sistemática, la sociedad entera tiene el derecho —y el deber— de exigir respuestas proporcionales a la gravedad del desafío.