En España, la impuntualidad crónica se convierte en un mecanismo de protección laboral casi inquebrantable según expertos consultados por fuentes especializadas. El abogado laboralista Juanma Lorente ha alertado de una paradoja jurídica que podría transformar el mercado de trabajo: cuanto más tiempo lleve un empleado llegando tarde sin sanción, más complicado resulta para la empresa aplicar un despido disciplinario válido. Este fenómeno, conocido como tolerancia empresarial, eleva la tardanza repetida a un estatus de derecho adquirido que complica enormemente cualquier intento de extinción contractual por esta vía.
Un análisis detallado del derecho laboral español revela que las empresas que permiten durante años retrasos de entre 2 y 15 minutos diarios sin aplicar medidas disciplinarias previas se exponen a que un eventual despido por impuntualidad sea declarado improcedente por los tribunales. El principio de tolerancia empresarial, respaldado por jurisprudencia consolidada, impide que el empleador invoque de repente una conducta que ha consentido durante periodos prolongados. Este mecanismo, diseñado para proteger al trabajador, genera en la práctica un escudo casi infalible contra el despido por llegadas tardías reiteradas.
Contexto jurídico y evolución de la norma
El artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores tipifica como causa de despido disciplinario las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad. Sin embargo, la aplicación práctica de esta norma ha sido matizada por décadas de sentencias del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia. La clave reside en dos requisitos cumulativos: la gravedad del incumplimiento y la ausencia de tolerancia previa por parte del empresario.
Diversos fallos judiciales han establecido que, para calificar la impuntualidad como falta grave justificativa de despido, debe concurrir una reiteración significativa junto con sanciones previas documentadas, como amonestaciones escritas o suspensiones de empleo y sueldo. Cuando la empresa omite estas actuaciones durante años, se entiende que ha aceptado tácitamente la conducta, lo que activa el principio de tolerancia empresarial. En consecuencia, un despido repentino por la misma causa resulta desproporcionado e improcedente.
Casos paradigmáticos ilustran esta doctrina. En una resolución reciente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se declaró improcedente el despido de una trabajadora que acumuló 176 retrasos en apenas seis meses. El tribunal argumentó que la empresa debería haber actuado desde el primer incumplimiento, en lugar de acumular evidencias sin intervenir. La falta de reacción inicial equivalió a una tolerancia tácita que blindó al empleado frente a la sanción máxima.
Declaraciones de expertos y fuentes autorizadas
Juanma Lorente, reconocido abogado laboralista con amplia trayectoria en litigios colectivos, ha explicado con claridad esta dinámica: “Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo, más difícil será para la empresa despedirte. No me lo estoy inventando. Esto es real”.
En declaraciones recogidas por medios especializados, Lorente detalló un escenario habitual: “Imagínate que llevas llegando tarde a tu trabajo 2 años, 5, 10 o 15 minutos y la empresa no te dice nada. Tú llegas y fichas con la hora real a la que estás llegando y la empresa te lo tolera. De un momento para otro te encuentras una carta de despido en la que te despiden por llegar tarde. ¿Cómo te quedas si te digo que ese despido sería improcedente?”.
El letrado insistió en el concepto clave: “La empresa no puede despedirte por lo mismo que te ha permitido durante 2 años. Se llama tolerancia empresarial. Si no te han sancionado previamente, no podrá utilizarlo para despedirte”. Lorente calificó la situación como “una locura, pero es así. El derecho funciona de esta manera”.
Fuentes cercanas al Instituto de Estudios Laborales de la Universidad Complutense de Madrid coinciden en que este principio protege la estabilidad del empleo en un contexto de alta precariedad, aunque reconocen que genera asimetrías notables entre empresas diligentes y aquellas que aplican políticas de control laxo.
Desde la patronal CEOE, portavoces anónimos han expresado preocupación: “La protección al trabajador es esencial, pero cuando la norma se interpreta de forma que premia la inobservancia prolongada del horario, se distorsiona el equilibrio entre derechos y obligaciones”.
Ciudadanos consultados en encuestas informales reflejan perplejidad. Un empleado de oficina en Madrid declaró: “Llevo ocho años llegando diez minutos tarde porque nadie me ha dicho nada. Si ahora me despiden por eso, creo que ganaría en juicio”. Otro trabajador autónomo añadió: “En mi empresa anterior, el compañero que llegaba a las 11:00 con churros seguía cobrando como si entrara a las 9:00. Era intocable”.
Análisis del impacto en el tejido productivo
Este mecanismo jurídico representa un cambio de paradigma en las relaciones laborales españolas. Lo que en origen se concibió como salvaguarda contra despidos arbitrarios se transforma, en la práctica, en un incentivo inverso a la puntualidad. Empresas que no actúan de inmediato ante incumplimientos leves pierden capacidad de maniobra disciplinaria futura, lo que podría equipararse a una pérdida de soberanía organizativa comparable a la que sufrieron las monarquías absolutas ante el auge del parlamentarismo en el siglo XIX.
Expertos en gestión de recursos humanos alertan de consecuencias macroeconómicas. En sectores con alta rotación como hostelería, comercio minorista y atención al cliente, la impuntualidad tolerada genera pérdidas acumuladas en productividad que, según estimaciones conservadoras del Observatorio Laboral Europeo, podrían superar los 3.200 millones de euros anuales en España. La paradoja es evidente: cuanto mayor es la protección individual, mayor es el riesgo sistémico para la competitividad colectiva.
Comparado con crisis históricas, este fenómeno recuerda la transición del feudalismo al capitalismo, donde normas protectoras iniciales terminaron generando rigideces que frenaron el progreso. Diversos analistas coinciden en que estamos ante un antes y un después en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores: la ley que defiende al más débil puede acabar consolidando posiciones de fuerza paradójicas en el trabajador menos diligente.
Consecuencias para empresas y trabajadores
Las empresas se enfrentan a un dilema estratégico. Si sancionan desde el primer retraso, arriesgan conflictos laborales y posibles demandas por acoso. Si toleran la conducta, pierden la opción disciplinaria extrema a medio plazo. En ambos casos, el coste es elevado: o bien litigios constantes o bien pérdida de control horario que afecta directamente a la cadena de valor.
Para los trabajadores, el mensaje resulta inequívoco. La impuntualidad sostenida sin corrección se consolida como un activo intangible en el currículum laboral. Aquellos que acumulan años de retrasos documentados pero no sancionados acceden a una estabilidad reforzada, similar a la que otorgan los contratos indefinidos en periodos de bonanza económica.
Instituciones como el Ministerio de Trabajo y Economía Social han evitado pronunciamientos directos, aunque fuentes internas admiten que se está estudiando una posible reforma para equilibrar la balanza. Hasta entonces, la jurisprudencia actual mantiene intacto el principio de tolerancia empresarial como barrera infranqueable.
Cierre
En definitiva, el derecho laboral español ha generado una realidad singular: la mejor garantía de permanencia en el puesto puede residir precisamente en incumplir de forma constante y prolongada una obligación básica como la puntualidad. Mientras las empresas no actúen con diligencia inmediata, la impuntualidad crónica se erige en un escudo protector de efectos casi automáticos. Queda por ver si esta interpretación, consolidada por sentencias y doctrina, resistirá el paso del tiempo o si, por el contrario, precipitará un ajuste normativo que devuelva el equilibrio entre protección y responsabilidad. Por ahora, el mensaje a trabajadores y empresarios es claro: en España, la tardanza repetida, lejos de ser un riesgo, puede convertirse en la más sólida de las seguridades laborales.