Greater Mánchester, 5 de febrero de 2026 – Un pensionista británico de avanzada edad ha sido condenado a más de 16 años de prisión tras liderar, durante más de una década, una operación industrial de producción y distribución masiva de pastillas supuestamente destinadas al tratamiento de la ansiedad, valorada en hasta 332 millones de euros en el mercado ilícito. El caso, calificado por las autoridades como uno de los más graves en materia de salud pública en la región en los últimos 25 años, revela cómo una suma ganada legítimamente en la lotería pudo reconvertirse en una estructura criminal de dimensiones empresariales.
Entradilla: El origen inesperado de una red industrial
John Eric Spiby, de 80 años, residente en una granja rural del área metropolitana de Greater Mánchester, utilizó los 2,77 millones de euros obtenidos en un sorteo de 2010 para financiar y escalar una fábrica clandestina de comprimidos de etizolam, una sustancia psicoactiva hasta diez veces más potente que el diazepam convencional. Junto a su hijo de 37 años y dos colaboradores clave, el jubilado convirtió su propiedad en el núcleo de una producción que inundó las calles de Mánchester y sus alrededores con millones de unidades falsificadas, presentadas como ansiolíticos de uso común.
La operación, desmantelada tras una larga investigación de la Unidad contra el Crimen Organizado de Greater Mánchester, incluyó maquinaria de precisión farmacéutica, una empresa pantalla registrada legalmente y comunicaciones encriptadas que permitieron coordinar envíos de gran volumen. Una sola intervención policial en abril de 2022 permitió incautar 2,5 millones de pastillas con un valor estimado superior a los 77 millones de euros.
Desarrollo de la operación: De la granja familiar a la nave industrial
La trayectoria del grupo comenzó discretamente en la granja familiar poco después del premio de lotería. Fuentes policiales indican que los fondos iniciales se destinaron a adquirir equipos de prensado y mezclado de alta capacidad, inicialmente camuflados como material agrícola. Entre 2010 y 2021, la producción se mantuvo en un volumen moderado pero constante, suficiente para abastecer redes locales de distribución.
En 2021, ante el crecimiento exponencial de la demanda, el líder decidió trasladar las instalaciones a una nave industrial en Salford. Allí se instaló una línea de fabricación completa bajo la cobertura de Nutra Inc, una sociedad limitada que figuraba en registros oficiales como dedicada a suplementos nutricionales. Esta maniobra permitió justificar movimientos de mercancía pesada y envíos internacionales de precursores químicos sin levantar sospechas inmediatas.
Expertos en criminalidad organizada consultados por este diario coinciden en que la estructura alcanzaba niveles de eficiencia comparables a los de laboratorios farmacéuticos legales, con controles de calidad rudimentarios pero sistemáticos para mantener la apariencia de los comprimidos y su disolución en el organismo.
Reacciones institucionales y escala del impacto
La sentencia dictada el pasado miércoles por el juez Nicholas Clark ha sido recibida con preocupación en los círculos de salud pública. El magistrado destacó que “a pesar de haber obtenido una fortuna que le habría permitido disfrutar de una jubilación serena, el acusado optó por perpetuar una trayectoria delictiva de extraordinaria gravedad”. La condena de 16 años y seis meses para John Eric Spiby se acompaña de penas de nueve años para su hijo John Colin Spiby Jr. y de nueve años y nueve meses para Lee Drury, mientras que Callum Dorian recibió condena por su rol estratégico.
El inspector Alex Brown, responsable de la investigación, declaró: “Nos encontramos ante individuos que no han mostrado el menor respeto por la vida humana ni por la seguridad colectiva. Se trataba de un negocio de fabricación de drogas completamente industrializado, capaz de producir millones de pastillas que contenían una sustancia altamente peligrosa”.
La fiscal Emma Clarke añadió que la red había generado “un incremento alarmante en la disponibilidad de sustancias de riesgo en zonas urbanas clave como Bury New Road”, contribuyendo directamente a un repunte de intoxicaciones y episodios de sobredosis en los servicios de urgencias del noroeste de Inglaterra.
Declaraciones de fuentes cercanas y expertos
Un portavoz de la Agencia Nacional contra el Crimen británico señaló que el etizolam, no autorizado en el Reino Unido pero empleado en otros países para tratar ansiedad severa, insomnio y crisis de pánico, “representa una amenaza silenciosa pero devastadora”. Diversos estudios citados en el proceso judicial vinculan esta sustancia al 58 % de las muertes relacionadas con drogas en Escocia durante 2021, con efectos que incluyen sedación profunda, pérdida de consciencia y depresión respiratoria letal.
Un vecino de la zona rural donde se ubicaba la granja, que prefirió mantener el anonimato, comentó: “Siempre pensamos que era un hombre reservado que disfrutaba de su retiro tras un golpe de suerte. Nadie imaginaba que detrás de aquellas puertas se estaba gestando algo de esta magnitud”.
Por su parte, un toxicólogo del Imperial College London, especializado en sustancias de abuso emergentes, advirtió: “La potencia de estas pastillas convierte su consumo en una ruleta rusa. Muchos usuarios creen estar tomando un ansiolítico convencional cuando en realidad ingieren una molécula mucho más agresiva”.
Análisis: Un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico farmacéutico
Este caso marca un punto de inflexión en la percepción del crimen organizado en el ámbito de las drogas de prescripción falsificadas. Mientras que tradicionalmente se asociaba el tráfico de estupefacientes a carteles internacionales o redes juveniles, aquí emerge un perfil inédito: el del pensionista millonario que decide invertir su capital en una industria ilícita de escala industrial.
Comparado con hitos históricos como la irrupción de los opioides sintéticos en Estados Unidos o la proliferación de benzodiazepinas en Europa del Este durante la década de 2010, el imperio de Greater Mánchester destaca por su origen aparentemente inofensivo y por la edad avanzada de su cabecilla. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud han alertado repetidamente sobre el riesgo de que fortunas privadas se canalicen hacia mercados negros de medicamentos, pero pocos esperaban que un ganador de lotería octogenario se convirtiera en paradigma de esta amenaza.
Las consecuencias se extienden más allá de las cifras económicas. El colapso de los servicios de emergencia en la región durante los picos de consumo, la presión sobre los sistemas de desintoxicación y el incremento de muertes evitables sitúan este episodio como uno de los más costosos en términos humanos de los últimos años en el Reino Unido.
Cierre: Incertidumbre sobre el futuro de la salud pública
Con la desarticulación de la red y las condenas ya firmes, las autoridades insisten en que el peligro persiste. Millones de pastillas siguen circulando en el mercado negro, y la facilidad con la que se pueden falsificar ansiolíticos continúa siendo una vulnerabilidad estructural del sistema sanitario europeo.
Diversos analistas coinciden en que este caso podría alterar para siempre la forma en que se vigilan las fortunas privadas de origen legítimo y su posible reconversión en actividades ilícitas. Mientras la sociedad reflexiona sobre las elecciones individuales en la tercera edad, una pregunta permanece abierta: ¿cuántas otras operaciones similares permanecen ocultas bajo la apariencia de una jubilación tranquila?
El equilibrio entre libertad personal y protección colectiva se encuentra, una vez más, en entredicho.