El Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) ha declarado persona non grata al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una decisión aprobada por mayoría absoluta en pleno municipal. El motivo radica en una reclamación económica de casi 600.000 euros que el Ministerio dirige al Consistorio por la reparación de un socavón ocurrido en marzo de 2025 en la carretera nacional N-VI, a su paso por el núcleo de San Rafael. Una vía de titularidad estatal cuya conservación corresponde al Gobierno central, pero cuya factura se pretende trasladar al municipio.
Esta medida simbólica, impulsada por el Grupo Municipal del Partido Popular, refleja un malestar institucional profundo ante lo que el equipo de gobierno local considera una actuación “injustificada y perjudicial” por parte del Ministerio. La moción aprobada no solo rechaza la reclamación económica, sino que insta formalmente al departamento ministerial a asumir íntegramente los costes de la reparación y a retirar cualquier exigencia financiera al Ayuntamiento.
Antecedentes del conflicto vial
El incidente que originó esta crisis se remonta al 20 de marzo de 2025, cuando se produjo un hundimiento significativo en el punto kilométrico 62+100 de la N-VI, en la travesía de San Rafael, núcleo principal de El Espinar. El socavón, de dimensiones considerables, afectó gravemente a la circulación diaria de miles de vehículos, incluidos camiones de transporte pesado que utilizan esta arteria como acceso principal a la sierra madrileña y a la meseta norte.
Según fuentes municipales consultadas, el deterioro acumulado durante años en la infraestructura —con deficiencias técnicas en el firme, drenaje insuficiente y falta de mantenimiento preventivo— habría sido el factor desencadenante principal del colapso. El Ayuntamiento argumenta que, al tratarse de una carretera nacional de competencia exclusiva del Estado, cualquier responsabilidad económica debe recaer en el Ministerio de Transportes.
Sin embargo, el departamento dirigido por Óscar Puente emitió una reclamación formal por importe de 598.742 euros, correspondiente a los trabajos de emergencia realizados para restablecer el tráfico. Esta cantidad incluye asfaltado, señalización provisional y refuerzo estructural, actuaciones que, según el Consistorio, debieron haberse planificado y ejecutado con antelación por parte del Gobierno central.
Desarrollo del pleno y aprobación de la moción
El pleno ordinario celebrado el 4 de febrero de 2026 en la Casa Consistorial de El Espinar aprobó la moción con siete votos a favor del Partido Popular —que ostenta la mayoría absoluta con siete de los trece concejales— y cinco votos en contra de los grupos del PSOE e Izquierda Unida.
Durante la sesión, el alcalde y portavoz del PP, José Luis Figueredo, defendió la medida con argumentos institucionales contundentes. “Se ha portado muy mal y a mala fe con el municipio de El Espinar y con los vecinos”, afirmó el regidor, subrayando que la reclamación representa “una actitud insensible y perjudicial” que no puede quedar sin respuesta formal.
La moción incluye, además de la declaración de persona non grata, una exigencia clara: que el Ministerio retire la factura y asuma los costes totales de la reparación definitiva de la vía. Fuentes cercanas al equipo de gobierno indican que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites administrativos para recurrir la reclamación ante los órganos competentes, aunque reconocen que la declaración simbólica busca, ante todo, visibilizar el problema a nivel nacional.
Reacciones institucionales y políticas
Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no se ha emitido aún un comunicado oficial en respuesta a la declaración, aunque fuentes próximas al departamento consultadas por este diario aseguran que “se mantiene la posición jurídica de que las reparaciones de emergencia en vías estatales pueden repercutirse cuando concurran circunstancias de responsabilidad municipal”. Esta postura ha sido calificada por el Consistorio como “una interpretación maximalista y alejada de la realidad competencial”.
Por su parte, el PSOE e Izquierda Unida de El Espinar han criticado duramente la iniciativa. En un comunicado conjunto, ambas formaciones la han tildado de “esperpento institucional” que “no tiene efectos administrativos ni jurídicos” y que “únicamente contribuye a escalar el conflicto en lugar de buscar soluciones reales”. Los grupos de la oposición reclaman “diálogo institucional” y advierten de que medidas de este tipo podrían complicar futuras negociaciones para obtener inversiones en infraestructuras locales.
Expertos en derecho administrativo consultados coinciden en que la figura de “persona non grata” carece de efectos jurídicos vinculantes más allá del ámbito simbólico y protocolario. Sin embargo, subrayan su valor político: “En un contexto de creciente tensión entre administraciones locales y central, este tipo de declaraciones sirven para posicionar al municipio en el debate nacional y presionar por soluciones estructurales”.
Impacto en la ciudadanía y consecuencias a medio plazo
La decisión ha generado un amplio respaldo entre los vecinos de El Espinar y San Rafael. Diversos testimonios recogidos en la localidad reflejan frustración acumulada por el estado crónico de la N-VI. “Llevamos décadas soportando baches, inundaciones y cortes de tráfico, y ahora nos quieren cobrar la reparación de algo que no es nuestro”, explica un comerciante del núcleo afectado, que prefiere mantener el anonimato.
Otro residente, agricultor de la zona, añade: “Esta carretera es la principal vía de salida de nuestros productos. Si no la arreglan bien desde Madrid, seguiremos perdiendo competitividad año tras año”. Estos testimonios ilustran cómo un problema técnico se ha convertido en un conflicto de competencias que afecta directamente a la economía local.
Diversos analistas políticos consultados advierten que este episodio podría sentar un precedente peligroso en las relaciones entre ayuntamientos y el Estado. “Estamos ante un desafío al principio de jerarquía competencial que, aunque simbólico, refleja un hartazgo generalizado en municipios medianos y pequeños ante la percepción de abandono por parte de las administraciones superiores”, explica un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en descentralización territorial.
Comparado con crisis históricas como las reclamaciones municipales durante la crisis de 2008 o los conflictos por el canon de saneamiento en los años 90, este caso destaca por su carácter personalista: dirigir la medida directamente contra un ministro en ejercicio supone un salto cualitativo en la dramatización de los conflictos administrativos.
Un antes y un después en la defensa municipal
La declaración de persona non grata a Óscar Puente marca, según fuentes municipales, un punto de inflexión en la forma en que El Espinar defenderá sus intereses ante el Gobierno central. “No se trata solo de 600.000 euros. Se trata de dignidad institucional y de exigir que se cumplan las competencias tal como están establecidas en la Constitución”, afirman desde el equipo de gobierno.
Expertos en gobernanza local coinciden en que este gesto podría inspirar a otros municipios con problemas similares en carreteras estatales. “Si un ayuntamiento con mayoría absoluta puede llegar a este extremo simbólico, imaginemos lo que ocurrirá en cientos de pueblos cuando las reclamaciones por mantenimiento vial se acumulen”, señala un investigador del Instituto de Estudios Locales de Castilla y León.
En última instancia, el caso de El Espinar pone de manifiesto las tensiones inherentes al actual modelo de distribución competencial en materia de infraestructuras. Mientras la carretera N-VI sigue siendo un eje estratégico para la movilidad entre Madrid y el noroeste peninsular, su estado actual representa para muchos vecinos un símbolo de negligencia estatal. La factura pendiente, el socavón reparado a medias y ahora la figura del ministro declarado non grata conforman un cuadro que, para algunos observadores, podría alterar el equilibrio en las relaciones interadministrativas durante los próximos años.
El Diario ASDF seguirá informando de cualquier desarrollo en este conflicto que, por su carácter inédito, ya ha trascendido las fronteras provinciales y se ha convertido en referencia nacional sobre los límites de la responsabilidad administrativa.