La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha impulsado 272 cambios legislativos en materia laboral sin alcanzar consenso con los agentes sociales, lo que representa una ruptura sin precedentes con el modelo de diálogo tripartito que ella misma ha defendido como pilar fundamental de su gestión. Desde la aprobación de la reforma laboral de 2021, el departamento que dirige ha introducido un total de 416 alteraciones normativas, de las cuales más de dos tercios se han tramitado al margen de patronal y sindicatos. Este volumen normativo, calificado por expertos como “de intensidad histórica”, pone en cuestión la sostenibilidad del sistema de relaciones laborales y genera alarma en sectores empresariales y políticos.
El origen de la cifra: un recuento que sacude el consenso tradicional
El dato, revelado en exclusiva por el diario ABC tras un exhaustivo análisis de boletines oficiales y disposiciones ministeriales, abarca el periodo transcurrido desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2026. Las 272 normas sin acuerdo tripartito incluyen reales decretos-ley, reales decretos, órdenes ministeriales y modificaciones puntuales al Estatuto de los Trabajadores y otras normativas complementarias. Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por este diario aseguran que cada una de estas intervenciones responde a “necesidades urgentes de protección de los trabajadores en un contexto de incertidumbre económica global”, aunque reconocen que la velocidad legislativa ha superado con creces los ritmos habituales de negociación.
En contraste, la reforma laboral de 2021 —firmada por Gobierno, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT— se presentó como el último gran pacto tripartito de la legislatura. Aquel acuerdo, que modificó aspectos centrales como la ultraactividad de convenios o la prioridad aplicativa del convenio sectorial, fue exhibido por Díaz como prueba irrefutable de su compromiso con el diálogo permanente. Sin embargo, el recuento actual indica que, desde entonces, el diálogo ha dado paso a una producción normativa casi en solitario.
Reacciones institucionales: de la sorpresa a la condena abierta
La patronal ha reaccionado con dureza. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha calificado la situación de “monólogo social institucionalizado”. En declaraciones recogidas por diversos medios, Garamendi ha señalado: “Lo que la ministra denomina diálogo social permanente se ha convertido en un procedimiento en el que solo una voz tiene derecho a palabra. Hemos pasado de negociar en mesas tripartitas a recibir notificaciones vía Boletín Oficial del Estado”.
Desde Cepyme, Gerardo Cuerva ha ido más allá: “Estamos ante una acumulación de cambios que altera de forma sustancial el equilibrio entre derechos y obligaciones en el mercado laboral. 272 modificaciones sin consenso equivalen a legislar en paralelo a los interlocutores sociales, algo que no se registraba desde las etapas más intervencionistas del siglo pasado”.
Los sindicatos, por su parte, mantienen posiciones divididas. Fuentes cercanas a CCOO han admitido a este diario que “la intensidad normativa ha sido alta, pero muchas de estas medidas responden a demandas históricas de los trabajadores”. UGT, en cambio, ha optado por un silencio institucional que fuentes internas atribuyen a “la complejidad de valorar un volumen tan elevado de disposiciones en tan corto espacio de tiempo”.
En el ámbito político, el Partido Popular ha registrado iniciativas parlamentarias exigiendo una auditoría independiente sobre el impacto acumulado de estas 272 normas. Su portavoz en materia laboral ha declarado: “Yolanda Díaz ha convertido el Ministerio de Trabajo en una fábrica de decretos que operan al margen del consenso. Esto no es progresismo; es unilateralismo con etiqueta social”.
Vox, por su lado, ha elevado el tono al afirmar que “el supuesto diálogo social de Díaz no es más que una cortina de humo para imponer una agenda ideológica que ahoga a las empresas y precariza el empleo real”.
Contexto histórico: cuando la norma sustituye a la mesa de negociación
El volumen legislativo acumulado supera con creces los registros de anteriores titulares de Trabajo. Durante la etapa de Celestino Corbacho (2008-2010), se aprobaron alrededor de 45 modificaciones relevantes en cuatro años. Fátima Báñez (2011-2016) impulsó la gran reforma de 2012 más un paquete de decretos complementarios que no superaron las 80 intervenciones. Magdalena Valerio y José Luis Escrivá, en etapas posteriores, mantuvieron ritmos moderados.
El actual mandato de Yolanda Díaz rompe todos los precedentes. Expertos del Instituto de Estudios Económicos (IEE) han calculado que el ritmo medio supera las 90 normas anuales sin acuerdo tripartito, una cifra que duplica la media histórica desde la Transición. “Estamos asistiendo a una transformación acelerada del marco laboral mediante decretos que evitan el filtro del consenso”, explica un investigador senior del IEE bajo condición de anonimato. “El riesgo es que la proliferación normativa genere inseguridad jurídica y desincentivo a la contratación indefinida, precisamente lo contrario de lo que se pretendía con la reforma de 2021”.
Declaraciones clave: voces que marcan distancias
Una fuente cercana al Ministerio ha defendido: “Cada una de las 272 disposiciones ha sido necesaria para adaptar el marco laboral a desafíos imprevistos: inflación, guerras comerciales, transición ecológica y digital. El diálogo social no puede convertirse en veto permanente de ninguna parte”.
Por su parte, un representante sindical anónimo ha reconocido: “Hay medidas que no pudimos negociar en profundidad porque el tiempo apremiaba, pero el saldo global es positivo para los trabajadores. Quizás el formato ha sido menos dialogante de lo deseable”.
Un empresario de pyme consultado por este diario resume el sentir generalizado en el tejido productivo: “Antes negociábamos. Ahora recibimos la norma ya aprobada y tratamos de entender cómo sobrevivir a ella. 272 veces”.
Análisis: un antes y un después en el modelo español de relaciones laborales
Diversos analistas coinciden en que el actual ciclo legislativo marca un punto de inflexión comparable al de la reconversión industrial de los años 80 o la liberalización de los 90. “Nunca antes un ministro de Trabajo había acumulado tal capacidad de intervención unilateral en tan poco tiempo”, señala un catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. “Esto podría alterar el equilibrio democrático en las relaciones laborales durante las próximas generaciones, al desplazar el centro de gravedad desde las mesas tripartitas hacia la potestad reglamentaria del Ejecutivo”.
Comparado con crisis históricas, el fenómeno recuerda —salvando las distancias— al intervencionismo laboral de ciertos regímenes del siglo XX, donde la norma sustituyó al acuerdo colectivo. En clave europea, España se aleja del modelo nórdico de diálogo consolidado y se aproxima a sistemas más dirigistas.
El impacto económico se empieza a medir: la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estima que la incertidumbre normativa ha contribuido a una ralentización del 1,8% en la creación de empleo indefinido durante 2025, según sus últimos informes internos.
Cierre: incertidumbre sobre el futuro del diálogo social
El recuento de 272 cambios unilaterales deja abierta una pregunta de fondo: ¿puede sobrevivir el diálogo social cuando una de las partes acumula tal volumen de decisiones en solitario? La respuesta, según fuentes de todos los ámbitos consultadas, permanece en el aire. Lo que sí parece claro es que el modelo tripartito español atraviesa su momento más delicado desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980.
Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo prepara nuevas iniciativas para 2026. Fuentes oficiales insisten en que “el diálogo nunca se ha roto; simplemente se ha adaptado a las urgencias del momento”. La historia dirá si esa adaptación fue un avance o el principio del fin de un sistema que durante décadas ha sido referencia en Europa.