En el vertiginoso mundo digital, donde un meme puede desmontar narrativas oficiales en segundos, el humor satírico es un pilar de la resistencia ciudadana. En México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum y su partido Morena, esta libertad enfrenta un ataque tan absurdo como alarmante: la propuesta de la “Ley Anti-Stickers” o “Ley Anti-Memes”. Presentada por el diputado Armando Corona Arvizu, esta iniciativa pretende castigar con hasta seis años de prisión —nueve si la víctima es un servidor público— la creación o difusión de memes, gifs, stickers o videos que “humillen” o “ridiculicen” a políticos y funcionarios. Lejos de ser una medida razonable contra el ciberacoso, esta propuesta es un disparate autoritario que evoca la censura de regímenes comunistas, donde el chiste era un delito y la sátira, traición. Tildar de criminal un meme es no solo un atentado contra la libertad, sino un ridículo que pone a México en el ojo de la burla global.


La censura como pilar del comunismo

La censura es el sello de los regímenes totalitarios, y en el comunismo, fue elevada a dogma. En la Unión Soviética de Stalin, cualquier caricatura que insinuara un defecto del líder era “propaganda antisoviética”, castigada con gulags. En la China de Mao, la Revolución Cultural incineró libros y viñetas satíricas, enviando a sus autores a campos de reeducación por “ridiculizar al pueblo”. En Cuba, un chiste sobre Fidel en un bar podía costar años de cárcel por “desacato”. Estos regímenes entendían que el humor desarma al poder, y por eso lo aplastaban. Que Morena, en 2025, pretenda imitarlos con una ley que penaliza stickers es tan absurdo como alarmante: un calco de la paranoia comunista, pero con un tinte tragicómico que solo México podría producir.



La propuesta de Morena: Detalles de la “Ley Anti-Stickers”

La iniciativa, presentada en septiembre de 2025 por Armando Corona Arvizu, diputado por el Distrito 5 de la Ciudad de México, busca reformar el Código Penal Federal con los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9. Corona, cuya fama nació de un “manotazo” de Sheinbaum en su toma de posesión —inmortalizado en memes virales—, argumenta que los memes y deepfakes son “armas de destrucción masiva” para la honra. La ley castiga crear o difundir “representaciones digitales manipuladas” que ridiculicen sin consentimiento, con penas de 3 a 6 años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo (100,000-200,000 pesos). Si la víctima es un servidor público, la pena sube a 4.5-9 años; si el contenido supera 1,000 vistas, la multa se duplica. Plataformas como X o TikTok deben eliminar contenido bajo demanda, sin orden judicial, o enfrentar sanciones.



Corona defiende: “No es censura, es proteger la dignidad”. Pero la redacción es un despropósito: términos como “ridiculizar” o “daño moral” son vagos, dejando la puerta abierta a interpretaciones subjetivas. ¿Un gif de un político bailando es delito? ¿Un sticker de un diputado como payaso? La ley no exime la sátira política ni la parodia, derechos consagrados en el Artículo 6 constitucional y tratados internacionales. Es un absurdo jurídico que pretende convertir la sorna en felonía.



La “Ley Anti-Memes” es un monumento al absurdo. Pretender encarcelar a alguien por un meme es como arrestar a un niño por un dibujo burlón: no solo es desproporcionado, sino risible. México enfrenta problemas reales —narcotráfico, pobreza, corrupción—, y Morena dedica su energía legislativa a perseguir stickers. Es una caricatura de la ineficiencia: mientras el país registra 12 asesinatos de periodistas en 2024, el Congreso debate cómo blindar el ego de funcionarios. La propuesta no solo es autoritaria, sino patéticamente ridícula: un gobierno que teme a un gif de Sheinbaum como alienígena no merece respeto, sino más memes.


Este disparate revela la fragilidad de Morena. Corona, convertido en hazmerreír por su “manotazo”, no propone proteger a los ciudadanos, sino a políticos incapaces de soportar la crítica. Es un intento de formalizar la hipersensibilidad en ley, como si la burla digital fuera una amenaza mayor que los cárteles. En X, usuarios como @Melissa_Bely lo resumen: “Quieren meterte a la cárcel por un sticker. Esto no es gobierno, es comedia”. La ley misma es un meme viviente: una idea tan absurda que se autodestruye.

Morena, que en 2014 prometía una “transformación” democrática, se ha consolidado como un partido hegemónico. Con supermayoría en el Congreso, ha impulsado reformas que concentran poder: elección popular de jueces, extinción del INAI y ataques a la prensa. Sheinbaum, sucesora de López Obrador, mantiene las mañaneras como púlpito único, mientras propuestas como la “Ley Anti-Memes” refuerzan un patrón autoritario. No es la primera: en 2025, Ricardo Monreal intentó una ley similar, retirada por protestas, y en Puebla, Alejandro Armenta propuso una “Ley Censura” contra insultos en redes. La Ley de Telecomunicaciones de abril 2025 permitió bloquear plataformas sin juez, frenada tras críticas pero con multas a medios disidentes.


La “Ley Anti-Memes” es un eslabón más en esta cadena de control. Su absurdo radica en su desconexión: en un país donde el 70% usa redes para informarse, criminalizar el humor es declarar la guerra a la cultura digital. Es como prohibir los chistes en los mercados: no solo imposible, sino risible.



Si se aprueba, esta ley absurda transformará México en un circo represivo. Un tuit con un meme de un alcalde corrupto podría enviar a un joven a prisión. Periodistas y caricaturistas, ya bajo amenaza (México es el país más letal para la prensa), enfrentarían demandas frívolas. Plataformas como X auto-censurarían, como en China, donde WeChat elimina memes “ofensivos”. Económicamente, asfixiaría a creadores de contenido; políticamente, blindaría a Morena de críticas; socialmente, castigaría a los pobres mientras los poderosos evaden con abogados.

Comparada con el comunismo, la ley es un eco risible: no hay gulags, pero sí una burocracia orwelliana que teme a un sticker. Es un absurdo que humilla a México ante el mundo: un país que encarcela por memes no es serio, es patético.



En X, la propuesta desata furia: #LeyCensura acumula 139,000 menciones. @rthur013: “Seis años por un meme, pero los narcos libres. Absurdo”. @iohannesjo1: “Censura comunista disfrazada de protección”. Corona insiste: “No es censura, es dignidad”. Sheinbaum, en mañanera, pide “clarificar” sin desmarcarse. Artículo 19 advierte: “Es un absurdo que atenta contra la libertad”. En Puebla, Armenta cedió, excluyendo a funcionarios de su ley tras protestas.

La “Ley Anti-Memes” es un disparate que ridiculiza a Morena más que cualquier sticker. Criminalizar el humor en un país donde los memes son cultura y resistencia es no solo autoritario, sino absurdamente desconectado. México no necesita leyes que protejan egos frágiles, sino instituciones que enfrenten problemas reales. Ciudadanos, periodistas y opositores deben combatir este esperpento con más memes, más sátira, más ruido. Sheinbaum puede detener esta farsa, como con la Ley de Telecom; si no, México será el hazmerreír global: un país donde un gif vale más que la libertad. El meme no es delito; es la cura contra el absurdo del poder.

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