Diario ASDF

En un movimiento que ha generado controversia y escepticismo, Italia, Grecia, Dinamarca, Francia y España han iniciado un proyecto piloto para implementar un sistema de verificación de edad en línea, inspirado en la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido. Este esfuerzo, enmarcado en la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, busca restringir el acceso de menores a contenidos considerados inapropiados en internet. Sin embargo, lejos de ser una solución efectiva, esta iniciativa plantea serios problemas en términos de privacidad, libertad de expresión, viabilidad técnica y equidad en su aplicación.


La verificación de edad en línea, presentada como una herramienta para proteger a los menores, ha sido recibida con críticas por su potencial para socavar derechos fundamentales. La Unión Europea, a través de su proyecto piloto lanzado en junio de 2025, propone una aplicación de código abierto que utiliza tecnologías como pruebas de conocimiento cero (*zero-knowledge proofs*) para verificar la edad de los usuarios sin, en teoría, comprometer otros datos personales. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada. Los sistemas de identidad digital, incluso los más avanzados, no son inmunes a fallos de seguridad, y la integración con carteras digitales europeas plantea riesgos significativos de filtraciones de datos. En un continente donde los ciberataques están en aumento —con un incremento del 68% en incidentes de ciberseguridad en 2024, según la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)— confiar en una aplicación centralizada para manejar datos sensibles es, cuanto menos, temerario.

Además, la interoperabilidad del sistema con billeteras digitales nacionales añade una capa de complejidad que podría resultar en una implementación desigual. Países como Dinamarca, con sistemas de identidad digital bien establecidos, podrían adaptarse rápidamente, pero otros como Grecia o España, con infraestructuras digitales menos desarrolladas, enfrentan el riesgo de una adopción fragmentada, dejando lagunas que los actores maliciosos podrían explotar. Esta disparidad pone en evidencia una falta de cohesión en la estrategia de la UE, lo que podría generar un sistema ineficaz y vulnerable.



El proyecto europeo toma como referencia la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, aprobada en 2023, que ha sido ampliamente criticada por su enfoque draconiano y sus resultados dudosos. En el Reino Unido, las plataformas digitales están obligadas a implementar medidas de verificación de edad, pero los métodos utilizados, como el reconocimiento facial o la verificación de documentos, han generado preocupaciones sobre la privacidad y la discriminación. Por ejemplo, un informe de la Electronic Frontier Foundation (EFF) de 2024 señaló que los sistemas de verificación de edad basados en inteligencia artificial en el Reino Unido mostraron sesgos contra ciertos grupos étnicos y personas con discapacidades, lo que resultó en denegaciones injustas de acceso.

La UE parece ignorar estas lecciones, optando por un enfoque similar que podría replicar los mismos problemas. La dependencia de tecnologías avanzadas, como las pruebas de conocimiento cero, suena prometedora en teoría, pero en la práctica, su implementación es costosa y compleja. Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría de los proveedores de servicios digitales en Europa, podrían enfrentar dificultades para adoptar estas tecnologías, lo que las pondría en desventaja frente a gigantes tecnológicos con mayores recursos. Esto no solo distorsiona el mercado, sino que también podría llevar a una consolidación del poder digital en manos de unas pocas empresas, reduciendo la diversidad y la innovación en el sector.



Uno de los mayores puntos de crítica es el impacto de la verificación de edad en la privacidad de los usuarios. Aunque la UE promete que su sistema protegerá los datos personales, la historia reciente de iniciativas similares sugiere lo contrario. En 2023, un escándalo en Francia reveló que una aplicación de verificación de edad utilizada por algunos sitios web había recopilado datos de usuarios sin su consentimiento, incluyendo información sensible como nombres y fechas de nacimiento. Este precedente plantea dudas sobre la capacidad de los gobiernos y las empresas para manejar datos de manera segura, especialmente en un sistema que pretende ser utilizado a gran escala.

Además, la verificación de edad podría tener un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. Los usuarios, temerosos de ser identificados o rastreados, podrían evitar participar en plataformas que requieran verificación, lo que limitaría el acceso a información y la participación en debates públicos. Esto es particularmente preocupante en países como España, donde las protestas digitales han sido un medio clave para la movilización social, o en Grecia, donde la libertad de prensa enfrenta desafíos constantes. Obligar a los usuarios a identificarse para acceder a ciertos contenidos podría disuadir a activistas y ciudadanos de expresar opiniones disidentes, especialmente en contextos políticamente sensibles.



Otro problema fundamental es que la verificación de edad no aborda las causas subyacentes del acceso de menores a contenidos inapropiados. Los niños y adolescentes suelen eludir las restricciones digitales con facilidad, utilizando cuentas de adultos, VPNs o plataformas no reguladas. Un estudio de *EU Kids Online 2024* reveló que el 45% de los menores de 14 años habían accedido a contenido restringido a pesar de los controles parentales, lo que sugiere que las soluciones tecnológicas por sí solas son insuficientes. En lugar de invertir en educación digital, ( eso si en adoctrinamiento feminista, lgbt y proimpuestos todo lo que quieran ) programas de concienciación para padres o herramientas de supervisión más accesibles, la UE está apostando por una solución tecnológica costosa y potencialmente ineficaz.

Además, la definición de “contenido inapropiado” sigue siendo ambigua. ¿Quién decide qué es perjudicial para un menor? En países como Italia, donde los valores culturales y religiosos influyen fuertemente en las políticas públicas, existe el riesgo de que la verificación de edad se utilice para restringir el acceso a contenidos relacionados con la educación sexual, la diversidad de género o temas políticos controvertidos. Esto podría resultar en una censura encubierta, limitando el acceso de los jóvenes a información crítica para su desarrollo personal y cívico.



El desarrollo e implementación de este sistema también plantea preocupaciones económicas. La creación de una infraestructura digital para la verificación de edad requiere una inversión significativa, tanto por parte de los gobiernos como de las empresas privadas. En un momento en que países como Grecia y España enfrentan desafíos económicos, destinar recursos a una iniciativa de dudosa eficacia parece una prioridad mal enfocada. Además, las multas por incumplimiento, similares a las impuestas por la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, podrían castigar desproporcionadamente a las empresas más pequeñas, mientras que las grandes tecnológicas, con sus ejércitos de abogados, probablemente evadirán sanciones significativas.

En términos sociales, la medida podría exacerbar la brecha digital. Las comunidades marginadas, que a menudo carecen de acceso a dispositivos modernos o documentos de identidad digitales, podrían quedar excluidas de servicios en línea esenciales. En Dinamarca, por ejemplo, donde la digitalización está avanzada, esto podría no ser un problema, pero en regiones rurales de España o Grecia, la exclusión digital es una preocupación real.



El proyecto piloto de verificación de edad en línea en Italia, Grecia, Dinamarca, Francia y España, inspirado en la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, representa un esfuerzo bienintencionado pero profundamente defectuoso para proteger a los menores en internet. Su dependencia de tecnologías complejas, su potencial para socavar la privacidad y la libertad de expresión, y su incapacidad para abordar las causas raíz del problema lo convierten en una solución inadecuada y potencialmente perjudicial. En lugar de replicar un modelo británico que ya ha demostrado sus limitaciones, la UE debería invertir en educación digital, empoderamiento de los padres y regulaciones que equilibren la seguridad con los derechos fundamentales. Hasta que estas preocupaciones sean abordadas, el proyecto de verificación de edad corre el riesgo de convertirse en un costoso experimento que beneficia a pocos y perjudica a muchos.