Madrid, 1 de febrero de 2026 – El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por la ministra Sira Rego, ha impulsado una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que elevará la edad mínima para acceder a corridas de toros y otros espectáculos con violencia contra animales a los 18 años. La medida, que responde a recomendaciones reiteradas del Comité de los Derechos del Niño de la ONU desde 2018, busca proteger a los menores de la “exposición a la violencia” y sus potenciales efectos nocivos en el desarrollo psicológico. Sin embargo, la iniciativa ha generado una profunda controversia al contrastar con la legislación vigente que reconoce capacidad progresiva a partir de los 16 años para contraer matrimonio, interrumpir voluntariamente un embarazo o asumir responsabilidades contractuales y penales.
La propuesta ministerial establece una “protección reforzada” para los menores en contextos donde se ejerce violencia sobre animales, equiparando el acceso a plazas de toros con restricciones ya existentes para el consumo de alcohol, tabaco o la conducción de vehículos de motor. Fuentes del departamento explican que la exposición temprana a escenas de sufrimiento animal podría generar desensibilización ante el dolor ajeno y alterar de forma duradera la percepción emocional de los adolescentes. Diversos expertos en derechos infantiles consultados por este diario coinciden en que esta medida representa un avance significativo en la alineación de España con estándares internacionales de protección a la infancia.
El sector taurino, por su parte, ha reaccionado con indignación contenida pero firme. Asociaciones profesionales y figuras del toreo han calificado la norma como una incoherencia legislativa de primer orden. “Un joven de 16 años puede firmar su emancipación, contraer matrimonio con autorización judicial, abortar sin consentimiento parental hasta la semana 14 o incluso asumir responsabilidad penal por delitos graves, pero se le considera incapaz de procesar de forma madura el espectáculo de la lidia”, señala un comunicado conjunto de varias peñas taurinas consultado por Diario ASDF. El torero Julián López ‘El Juli’ ha recordado en declaraciones recientes que, de aplicarse esta restricción en su juventud, “no habría podido ser torero”, subrayando el impacto generacional que podría tener la medida en la transmisión cultural de la tauromaquia.
El contraste normativo resulta particularmente llamativo cuando se examinan las edades de capacidad reconocidas por el ordenamiento jurídico español. Desde los 16 años, los menores emancipados pueden celebrar contratos de suministro básico, cambiar su sexo en el Registro Civil o trabajar con contrato laboral formal. En materia reproductiva, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2024 avaló la interrupción voluntaria del embarazo sin autorización paterna a partir de esa edad, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y psicológicos establecidos. Fuentes jurídicas cercanas al Ministerio de Igualdad consultadas por este medio defienden que estas decisiones afectan directamente la autonomía corporal y vital del adolescente, mientras que la asistencia a una corrida de toros implica una mera exposición pasiva a un espectáculo regulado.
Expertos en bioética y psicología infantil han entrado en el debate con posiciones encontradas. El Instituto Nacional de Psicología Aplicada a la Infancia, con sede en Madrid y más de cuatro décadas de estudios sobre desarrollo emocional, ha recordado un informe de 1999 elaborado por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid que concluía que no existe “apoyo empírico alguno” que relacione la asistencia a corridas de toros con alteraciones emocionales permanentes en menores. “La falta de evidencia científica sólida sobre daños psicológicos derivados de la tauromaquia contrasta con los estudios ampliamente aceptados sobre las consecuencias a largo plazo de decisiones vitales tempranas como el matrimonio o el aborto”, afirma el doctor Enrique Morales, catedrático emérito de Psicología Evolutiva en la Universidad Complutense de Madrid.
Desde el ámbito político, la propuesta de Sira Rego –impulsada desde Sumar, socio de coalición del PSOE– ha puesto en evidencia tensiones internas en el Ejecutivo. Diversas fuentes socialistas consultadas admiten en privado que la medida podría complicar el equilibrio electoral en regiones con fuerte arraigo taurino, donde el electorado no se identifica necesariamente con posturas abolicionistas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Gobierno no acatará la prohibición si llega a aprobarse, y ha prometido redoblar esfuerzos para fomentar la asistencia familiar y juvenil a los toros como forma de preservar el relevo generacional en una manifestación cultural declarada Patrimonio Cultural de España por el Senado en 2013.
Ciudadanos anónimos contactados en las inmediaciones de Las Ventas expresan perplejidad ante la aparente disparidad de criterios. “Mi hijo de 16 años puede decidir sobre su cuerpo, casarse si quiere o trabajar a jornada completa, pero no puede sentarse conmigo en un tendido a ver una corrida. ¿Dónde está la lógica en priorizar la sensibilidad del animal sobre la del menor en cuestiones que le afectan directamente?”, pregunta María López, madre de familia y aficionada ocasional. Otro vecino, Javier Ruiz, añade: “Parece que el Estado confía en la madurez de un adolescente para tomar decisiones irreversibles, pero no para contemplar un arte que forma parte de nuestra historia desde hace siglos”.
El análisis de impacto legislativo apunta a que esta reforma podría marcar un punto de inflexión en el tratamiento de la violencia en el entretenimiento. Diversos juristas especializados en derechos humanos comparan la situación con hitos históricos como la progresiva restricción de la publicidad de tabaco dirigida a menores o la regulación de contenidos audiovisuales violentos. “Estamos ante un cambio de paradigma que coloca la protección frente a la exposición a la violencia animal por encima de la capacidad progresiva del menor en otros ámbitos”, explica la profesora Clara Mendoza, del Observatorio Europeo de Derechos Infantiles. “Podría sentar precedente para futuras restricciones en otros espectáculos o prácticas culturales que impliquen sufrimiento animal, alterando de forma estructural el equilibrio entre tradición y protección de la infancia”.
La ONU, a través de sus informes periódicos desde 2018, ha insistido en que España debe adoptar medidas contundentes para prevenir los efectos nocivos de las corridas en los niños, argumentando que la normalización temprana de la violencia hacia seres sintientes puede tener repercusiones en la empatía y el desarrollo moral. El Comité de los Derechos del Niño ha reiterado esta recomendación en su último examen a España, celebrado recientemente, donde miembros del organismo cuestionaron directamente a la delegación gubernamental sobre el cumplimiento de la prohibición.
En conclusión, la futura norma impulsada por Sira Rego representa uno de los debates más intensos de los últimos años sobre los límites entre protección infantil, derechos animales y preservación cultural. Mientras el Ministerio de Juventud e Infancia defiende que la medida es imprescindible para salvaguardar la integridad emocional de generaciones futuras, el sector taurino y sectores conservadores advierten de una incoherencia profunda que podría erosionar la confianza en la coherencia legislativa del Estado. El resultado final de esta reforma, pendiente de aprobación en Consejo de Ministros y posterior tramitación parlamentaria, podría redefinir durante décadas el acceso de los jóvenes españoles a una de las tradiciones más controvertidas y emblemáticas del país. La sociedad observa con atención un proceso que, más allá de los toros, interpela sobre qué tipo de madurez reconoce realmente el legislador en sus ciudadanos más jóvenes.