Diario ASDF

La influencia del Online Safety Act (OSA) del Reino Unido y las propuestas de “Kids Code” en Carolina del Sur y Nebraska, presentándolas como amenazas a la libertad de expresión y la privacidad.

En Carolina del Sur, la iniciativa “South Carolina Kids Code” avanzó a través de la Cámara el 16 de mayo de 2025, con la promesa de un “mundo digital más seguro” para los niños. En Nebraska, el “Nebraska Kids Code” está en su etapa final de lectura desde el 14 de mayo de 2025, proponiendo medidas de privacidad y protección infantil. Estas imágenes sirven como evidencia visual de un movimiento creciente hacia la regulación de internet en Estados Unidos, inspirado, según Byrne, por el modelo del OSA del Reino Unido, impulsado por Baroness Beeban Kidron y su organización 5Rights.

Sin embargo, desde una perspectiva crítica, estas imágenes pueden ser engañosas. La retórica de “seguridad infantil” es un gancho emocional que rara vez se cuestiona a fondo. ¿Qué significa realmente un “mundo digital más seguro”? ¿Se basa en datos concretos o en percepciones amplificadas por campañas mediáticas? La falta de detalles específicos en las capturas sugiere que estas propuestas podrían ser más un ejercicio de marketing político que una solución bien fundamentada.


El Online Safety Act (OSA), plenamente vigente para medidas de seguridad infantil desde el verano de 2025 bajo la supervisión de Ofcom, impone obligaciones estrictas a las plataformas digitales para mitigar riesgos a menores, incluyendo verificación de edad y eliminación de contenido dañino. Ofcom ya ha impuesto multas en julio de 2025 a grandes plataformas por incumplimiento, lo que demuestra su enfoque agresivo. Sin embargo, esta ley ha sido criticada por organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF), que en junio de 2025 señaló que las reglas de verificación de edad socavan la privacidad y el anonimato en línea, derechos protegidos por la Primera Enmienda en Estados Unidos.

Desde un punto de vista crítico, el OSA parece más un instrumento de control gubernamental que una medida de protección genuina. La disposición de escaneo del lado del cliente (client-side scanning) bajo la Cláusula 122, que permite a las autoridades acceder a dispositivos personales, recuerda tácticas de vigilancia de regímenes autoritarios, como los sellos de censura en cartas durante la era comunista en Polonia, según un artículo de The Constitution Society de marzo de 2025. Además, la creación de un “delito de comunicación falsa” bajo la sección 179(1) amplía el alcance del gobierno para regular el discurso, lo que podría silenciar voces críticas bajo el pretexto de proteger a los niños.


Byrne señala a Baroness Beeban Kidron, fundadora de 5Rights desde 2013, como una arquitecta clave del OSA y una fuerza detrás de las propuestas de “Kids Code” en Estados Unidos. Kidron, una figura influyente en la Cámara de los Lores, ha promovido con éxito leyes como el California Age Appropriate Design Code y colaborado con marcas como Dove en 2024 para analizar el impacto del OSA. Sin embargo, esta influencia transnacional levanta sospechas. ¿Por qué una noble británica debería tener tanto peso en la legislación estadounidense? La falta de registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de 5Rights, como se menciona en un artículo de DC Journal de agosto de 2023, sugiere una posible violación de las normas sobre influencia extranjera, lo que alimenta la narrativa de Byrne sobre una agenda internacionalista.

Críticamente, la alianza de 5Rights con figuras como el cirujano general de Biden, como se muestra en un video mencionado por Byrne, podría indicar una colusión entre la administración Biden y actores extranjeros para imponer regulaciones que erosionen las libertades estadounidenses. Esta relación plantea preguntas inquietantes: ¿está el gobierno de Estados Unidos cediendo su soberanía legislativa a intereses externos bajo la fachada de la seguridad infantil? La ausencia de una investigación oficial, a pesar de las acusaciones de Byrne, sugiere una complacencia preocupante.


Las iniciativas en Carolina del Sur y Nebraska, que avanzan hacia la implementación de verificaciones de edad y restricciones de contenido, reflejan un enfoque similar al OSA. Sin embargo, estas medidas son profundamente problemáticas. La verificación de edad requiere la recopilación masiva de datos personales, lo que aumenta el riesgo de filtraciones o explotación por parte de hackers o incluso gobiernos, como lo demostró el fallo de la Corte Suprema en Free Speech Coalition v. Paxton en junio de 2025, que permitió reglas de verificación que comprometen la privacidad.

Además, la eliminación proactiva de contenido plantea un peligro aún mayor. Bajo el pretexto de proteger a los niños, las plataformas podrían censurar discursos legítimos, desde críticas políticas hasta expresiones artísticas, como se vio con la división forzada de contenido en YouTube tras las regulaciones COPPA, según un artículo de Wikipedia actualizado en agosto de 2025. Este “efecto escalofriante” (chilling effect) podría disuadir a los creadores de contenido y limitar el intercambio de ideas, contradiciendo los principios de una sociedad abierta.


Byrne apela a la historia, recordando la resistencia de Estados Unidos a la autoridad británica y a la nobleza desde la Revolución Americana. Este argumento resuena con un sentimiento nacionalista, pero también tiene mérito desde un punto de vista crítico. Las leyes como el OSA, que amenazan con multas y prisión, evocan un pasado de censura que Estados Unidos rechazó explícitamente. La idea de que una baronesa extranjera influya en la legislación estadounidense es, como mínimo, una ironía histórica, y como máximo, una afrenta a la autonomía nacional.

Sin embargo, esta narrativa también puede ser utilizada como un recurso retórico para polarizar el debate. La seguridad infantil es un objetivo válido, y desechar por completo las propuestas de “Kids Code” podría dejar a los menores vulnerables a los peligros reales de internet, como el acoso o la explotación. El desafío está en encontrar un equilibrio, algo que ni el OSA ni las propuestas actuales parecen lograr.



A medida que septiembre de 2025 se acerca, el tono de Byrne sugiere que la resistencia a estas leyes podría intensificarse. Si las propuestas de Carolina del Sur y Nebraska se aprueban, podrían establecer un precedente para una regulación federal más amplia, respaldada por una administración que, según algunos, ya ha mostrado disposición a censurar contenido, como lo indicó un informe del Comité Judicial de la Cámara en 2024. Sin embargo, sin un debate transparente y basado en evidencia, estas leyes corren el riesgo de convertirse en herramientas de control más que en soluciones efectivas.

En conclusión, el post de Preston Byrne expone fallos significativos en el Online Safety Act y las propuestas de “Kids Code”. Estas leyes, aunque justificadas como medidas protectoras, amenazan la privacidad, el anonimato y la libertad de expresión, mientras que la influencia de figuras como Kidron y 5Rights plantea preguntas sobre la soberanía legislativa. Desde una perspectiva crítica, el enfoque actual parece más preocupado por el control gubernamental y la influencia extranjera que por el bienestar real de los niños. Es imperativo que Estados Unidos rechace estos modelos importados y desarrolle regulaciones que respeten sus principios fundacionales, o de lo contrario, podría perder una de sus mayores fortalezas: la libertad en el mundo digital.