En un giro sorprendente que ha sacudido a la opinión pública, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, cambió su teléfono móvil justo una semana después de ser imputado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos. Este cambio de dispositivo se produjo el 23 de octubre de 2024, pero lo que ha generado mayor controversia es el destino que tuvo el teléfono anterior: según fuentes cercanas a la investigación, García Ortiz habría decidido deshacerse de él de una manera inusual, dándoselo de comer a los cerdos.
La investigación de la UCO comenzó tras una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta filtración de información confidencial. En el marco de esta investigación, los agentes de la UCO analizaron los dispositivos telefónicos incautados en el despacho del fiscal general, donde descubrieron que no había mensajes relevantes en el periodo crucial entre el 8 y el 14 de marzo, fecha en la que supuestamente se produjeron las filtraciones.
La ausencia de mensajes en el dispositivo de García Ortiz contrastaba con la existencia de comunicaciones en el teléfono de Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, quien también está implicada en el caso. Esta disparidad llevó a los investigadores a sospechar que podría haber habido una manipulación o eliminación de datos.
El informe de la UCO detalla que, “el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha 23 de octubre de 2024”, lo que sugiere que García Ortiz efectivamente cambió de terminal telefónico poco después de ser notificado por el Supremo. Sin embargo, la afirmación de que el antiguo móvil fue entregado a los cerdos añade un nivel de extrañeza a la situación, ya que implica un intento de borrar completamente cualquier rastro digital de conversaciones que pudieran ser incriminatorias.
Este caso ha desatado un debate acalorado sobre la integridad y transparencia dentro del sistema judicial español. Críticos y analistas legales señalan que esta acción podría interpretarse como un intento de obstrucción a la justicia, mientras que defensores de García Ortiz argumentan que podría tratarse de una medida de seguridad ante la publicidad y las amenazas que conlleva un caso de tal magnitud.
El hecho de que el fiscal general utilizara dos números de teléfono, uno personal y otro oficial, también ha sido objeto de escrutinio, especialmente porque uno de estos números estaba asociado a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, lo que abre interrogantes sobre el uso y la custodia de datos sensibles.
La reacción pública ha sido variada. En las redes sociales y medios de comunicación se han vertido opiniones desde la condena directa hasta la defensa de la presunción de inocencia, mientras se espera que el Tribunal Supremo decida los próximos pasos en esta compleja trama. La UCO continúa sus indagaciones para determinar si es posible recuperar los mensajes eliminados a través de técnicas forenses avanzadas.
Este caso no solo afecta la reputación del fiscal general sino que podría tener implicaciones más amplias en la percepción pública sobre la independencia y la ética del Ministerio Público en España.
Asi que, recordando las palabras del presidente de España, Pedro Sanchez Castejon, es un deber que todos los Españoles le pidan perdón al fiscal general por pensar mal de él.