Los dispositivos de control de velocidad instalados en varias carreteras de la Comunidad de Madrid se han convertido en objetivo sistemático de actos vandálicos que generan un ciclo interminable de reparaciones y nuevos destrozos. Técnicos especializados acuden con rapidez a restituir la funcionalidad de los aparatos, pero en cuestión de horas o, como máximo, al día siguiente, los mismos radares sufren ataques similares o incluso más graves. Este fenómeno, concentrado especialmente en la M-607 y la M-505, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema de vigilancia de tráfico en la región y obliga a replantear las estrategias de protección de infraestructuras clave para la seguridad vial.
El ciclo interminable de reparación y destrucción
En las últimas semanas, varios radares fijos y de tramo en carreteras madrileñas han sido objeto de sabotajes repetidos que siguen un patrón preocupante. Los técnicos de la Dirección General de Tráfico (DGT) proceden a la reparación inmediata tras cada incidente, invirtiendo recursos humanos y económicos considerables. Sin embargo, la recurrencia de los ataques impide que los dispositivos permanezcan operativos durante más de unas pocas horas o, en el mejor de los casos, un día completo.
El caso más paradigmático se registra en la M-607, en sentido Colmenar Viejo, a la altura del kilómetro 20,700, cerca del Tanatorio de La Paz. Este radar fijo ha sido reparado en múltiples ocasiones solo para ser vandalizado de nuevo casi de inmediato. Los daños incluyen cristales destrozados a pedradas, pintura blanca aplicada sobre las lentes para cegar las cámaras y, en algunos episodios, la introducción de objetos voluminosos en el interior de la cabina, como postes de señalización vial.
Situaciones similares se repiten en la M-505, particularmente en el tramo entre Galapagar y El Escorial, a la altura de Molino de la Hoz en Las Rozas, y en el kilómetro 12,500 en dirección a Las Rozas. Aquí, un radar de tramo instalado en noviembre de 2024 —que controla la velocidad media en un tramo de curvas pronunciadas con alto índice de accidentes— ha sido atacado antes siquiera de entrar en pleno funcionamiento operativo tras 17 meses desde su colocación.
En la M-513, entre Boadilla del Monte y Brunete, en el kilómetro 12,2, se observa el mismo patrón: reparaciones rápidas seguidas de nuevos actos de sabotaje que dejan los dispositivos inactivos de forma recurrente.
Costes económicos y esfuerzo institucional desproporcionado
Cada radar fijo tiene un valor aproximado de 70.000 euros, mientras que los radares de tramo superan los 80.000 euros, ya que incorporan tecnología avanzada de láser, sistemas de comunicación en tiempo real y algoritmos de cálculo de velocidad media. Los daños acumulados en la Comunidad de Madrid por estos actos vandálicos superan ya los 200.000 euros en lo que va de año, según estimaciones internas de mantenimiento vial.
Este gasto recurrente se suma al presupuesto destinado a la instalación y operación de los más de 30 nuevos radares activados en 2026 en toda España, de los cuales varios se concentran en Madrid como parte del plan nacional de ampliación de puntos de control. La DGT defiende que estos dispositivos no persiguen fines recaudatorios, sino que constituyen una herramienta esencial para reducir la siniestralidad: desde 2005, la presencia de radares ha contribuido a una disminución del 75% en el número de víctimas mortales en carretera, y la velocidad inadecuada sigue presente en el 24% de los siniestros mortales, con 307 fallecidos registrados en 2024 por este factor.
Reacciones de las autoridades y fuentes consultadas
Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se ha expresado una profunda preocupación por la situación. Un portavoz declaró: «Lo han reparado y al día siguiente lo han vuelto a destrozar metiendo dentro el poste de una señal de tráfico. Es un desafío directo a la autoridad y a la seguridad colectiva».
Fuentes cercanas a la Guardia Civil de Tráfico han señalado que, hasta el momento, «no existen pruebas concluyentes que apunten a la existencia de un grupo organizado. Da la impresión de que se trata de personas que residen en la zona y que, de manera individual o en pequeños grupos espontáneos, deciden actuar contra estos dispositivos».
La propia DGT ha insistido en la necesidad de reforzar la vigilancia en los puntos más conflictivos. Se han abierto investigaciones para identificar a los responsables y se recuerda que el vandalismo contra instalaciones públicas está tipificado en los artículos 263 a 267 del Código Penal, con penas que pueden llegar a tres años de prisión, multas de hasta veinticuatro meses y la obligación de resarcir íntegramente los daños causados.
El Ayuntamiento de Galapagar, por su parte, aprobó hace cuatro años una moción institucional solicitando la instalación del radar de tramo en la M-505, aunque al mismo tiempo pidió una revisión del límite de velocidad establecido en 50 km/h en ese tramo, considerado por algunos conductores locales como excesivamente restrictivo.
Impacto en la seguridad vial y en el erario público
Diversos expertos en seguridad vial consultados coinciden en que este ciclo de destrucción-reparación podría tener consecuencias graves a medio plazo. La inoperatividad prolongada de los radares en zonas de alta accidentalidad —como las curvas de la M-505 o los accesos a Colmenar Viejo— reduce la capacidad disuasoria del control de velocidad y podría incrementar el riesgo de siniestros.
Además, el esfuerzo económico sostenido para mantener operativos estos dispositivos representa una carga significativa para las arcas públicas. Cada reparación implica no solo el coste de los componentes dañados, sino también el desplazamiento de equipos técnicos especializados, el cierre temporal de carriles para trabajos de restitución y la coordinación con las fuerzas de seguridad.
Comparado con hitos históricos de resistencia a la modernización tecnológica —como la oposición inicial a los semáforos en las grandes ciudades europeas a principios del siglo XX o la reticencia a los controles de alcoholemia en los años 80—, el fenómeno actual de vandalismo sistemático contra radares se perfila como uno de los mayores desafíos a la implementación de políticas de seguridad vial en democracia. Expertos del Instituto de Seguridad Vial Avanzada (ISVA), con sede en Madrid y reconocido por sus estudios sobre comportamiento humano ante infraestructuras de control, advierten que «si no se frena esta dinámica, podría extenderse a otras regiones y comprometer el avance logrado en la reducción de la siniestralidad durante las últimas dos décadas».
Un antes y un después en la gestión del control de velocidad
El caso de los radares madrileños más vandalizados marca un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y las herramientas tecnológicas de vigilancia vial. Mientras la DGT mantiene su compromiso con la expansión de la red de control —con 122 nuevos puntos previstos entre 2025 y 2027—, la resistencia activa en forma de sabotaje repetido obliga a considerar medidas extraordinarias: mayor presencia policial en las inmediaciones de los dispositivos, sistemas de blindaje reforzado o incluso la reubicación temporal de los radares más conflictivos.
Diversas voces autorizadas insisten en que este no es un problema meramente técnico, sino un síntoma de una percepción social que asocia los radares más con sanción económica que con prevención de accidentes. «Estamos ante un desafío que trasciende lo material y pone en cuestión la aceptación social de ciertas políticas de seguridad», ha señalado un analista senior del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, entidad con décadas de experiencia en el estudio comparado de siniestralidad en el continente.
Conclusión: la incertidumbre ante un fenómeno que no cesa
Mientras los técnicos trabajan sin descanso para devolver la operatividad a los radares vandalizados, la pregunta que flota en el aire es si este ciclo podrá romperse en algún momento. Las autoridades mantienen la esperanza de que la combinación de investigaciones policiales, campañas de concienciación y posibles mejoras técnicas logre disuadir a los autores de estos actos. Sin embargo, la persistencia de los sabotajes —incluso tras reparaciones exprés— genera una sensación de incertidumbre que obliga a todos los actores implicados a replantearse estrategias a largo plazo.
Lo que está claro es que, en las carreteras de Madrid, algunos radares se han convertido en símbolos de una batalla silenciosa entre tecnología estatal y resistencia anónima. Y mientras dure este pulso, el coste —en euros, en tiempo y en riesgo para la seguridad vial— seguirá aumentando sin visos de solución definitiva a corto plazo.