El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este lunes un acto de firmeza institucional al rubricar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, un incremento que representa 37 euros adicionales al mes y que ha sido suscrito exclusivamente con las organizaciones sindicales UGT y CCOO. En un gesto de clara determinación, Sánchez ha dirigido duras palabras a la patronal por su ausencia y su rechazo a la medida, instándola a asumir mayores responsabilidades salariales en un momento de beneficios empresariales récord.
Entradilla
La firma del acuerdo, celebrada en la sede del Ministerio de Trabajo con la presencia simbólica del jefe del Ejecutivo, eleva el SMI a 1.221 euros brutos mensuales (equivalentes a 17.094 euros anuales), un avance que el Gobierno califica de histórico en la lucha contra la precariedad y la desigualdad. Sin embargo, la medida no alcanza a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a las Fuerzas Armadas, colectivos cuyos salarios base continúan regulados por normativas específicas y quedan excluidos del ámbito del Estatuto de los Trabajadores. Diversos analistas consultados coinciden en que esta dualidad normativa podría generar un precedente de excepcionalidad selectiva en el marco de las políticas de redistribución impulsadas por el Ejecutivo.
Desarrollo del acto y contexto de la subida
El acuerdo alcanzado este 16 de febrero de 2026 supone la sexta ocasión consecutiva en que el Gobierno pacta la actualización del SMI en solitario con los sindicatos mayoritarios, sin el concurso de la CEOE ni de Cepyme. La subida del 3,1% responde a la voluntad de situar el salario mínimo por encima del 60% del salario medio, ajustándose al IPC de octubre de 2025, que registró el valor más elevado del año anterior.
Desde 2018, la política de incrementos acumulados ha elevado el SMI en un 66%, una trayectoria que, según fuentes gubernamentales, ha contribuido a reducir la brecha salarial de género y a combatir la pobreza laboral sin generar el temido efecto destructivo sobre el empleo que en su día auguraron ciertos sectores económicos.
El presidente Sánchez presidió personalmente la rúbrica, un gesto inédito en los últimos años que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interpretó como reconocimiento a la autonomía del departamento frente a otras carteras económicas. El acto contó con la asistencia de representantes de CCOO y UGT, así como de otros miembros del Ejecutivo vinculados a derechos sociales y seguridad social.
Críticas directas a la patronal
En su intervención, Pedro Sánchez no escatimó en reproches hacia las organizaciones empresariales. «¿Dónde están?», preguntó retóricamente el presidente al referirse a la ausencia de la CEOE, para añadir inmediatamente: «Sí están cuando el Ibex logra máximos históricos o cuando las empresas consiguen beneficios multimillonarios».
En un tono de exigencia institucional, Sánchez insistió en que «cuando toca apretarse el cinturón lo hacemos todos, y cuando toca repartir, lo hacemos todos». El mensaje central fue inequívoco: «Que paguen más», una petición dirigida a las empresas para que eleven los salarios en consonancia con el crecimiento de sus resultados. Fuentes cercanas al Palacio de la Moncloa consultadas por este diario subrayan que el presidente considera esta postura coherente con el compromiso del Gobierno por una economía más justa y equilibrada.
La exclusión de cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas
A pesar de presentarse como una medida de avance social general, la subida del SMI no se extiende a policías nacionales, guardias civiles, funcionarios de prisiones ni a los miembros de las Fuerzas Armadas. La razón radica en el apartado 1.3 del Capítulo I del Estatuto de los Trabajadores, que excluye expresamente las relaciones de servicio de los funcionarios públicos, regidas por normas administrativas y estatutarias específicas.
En el caso de policías y guardias civiles, sus retribuciones se fijan mediante reales decretos-leyes y tablas de retribuciones aprobadas por el Ministerio de Hacienda, con complementos por destino, antigüedad, cargo o territorialidad. Para los militares, el marco lo constituyen el Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, el Estatuto Básico del Empleado Público y las leyes de presupuestos anuales.
Datos oficiales revelan que los salarios base de estos colectivos se sitúan notablemente por debajo del nuevo SMI: un agente del Grupo C1 percibe 900,63 euros brutos mensuales como base (más pagas extras y complementos), mientras que un soldado raso temporal (Grupo C2) recibe 716,98 euros. En algunos casos, la diferencia alcanza hasta 534,93 euros mensuales respecto al umbral mínimo general.
Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han remitido propuestas al Ministerio de Hacienda y al de Interior para ajustar complementos de destino y pagas extras sin incremento presupuestario neto, pero dichas iniciativas han caído en saco roto, según fuentes del sector.
Reacciones institucionales y sectoriales
Desde UGT y CCOO se ha calificado el acuerdo como un colofón necesario a siete años de subidas sostenidas que han destruido pobreza en lugar de empleo. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha destacado que las previsiones catastrofistas iniciales sobre destrucción de puestos de trabajo han resultado rotundamente falsas.
Por su parte, la CEOE ha mantenido su rechazo histórico a las subidas unilaterales, aunque en esta ocasión su ausencia ha sido particularmente señalada por el presidente del Gobierno. Expertos en relaciones laborales consultados advierten que la persistencia de pactos bipartitos podría erosionar el diálogo social tripartito tradicional.
En el ámbito de las fuerzas de seguridad, voces anónimas de agentes consultadas expresan perplejidad ante el discurso de igualdad salarial que no incluye a quienes arriesgan su integridad física diariamente en defensa de la ciudadanía. «Se nos pide sacrificio permanente, pero cuando llega el reparto de mejoras, somos los primeros en quedar fuera», ha señalado una fuente cercana al colectivo.
Análisis e impacto histórico
La firma de este acuerdo marca un antes y un después en la política salarial española. Por un lado, consolida la senda de incrementos que ha colocado al SMI en niveles nunca vistos, superando el umbral simbólico del 60% del salario medio y alineándose con directrices europeas de salarios dignos. Por otro, la exclusión de colectivos esenciales como policías, guardias civiles y militares introduce una asimetría normativa que algunos analistas comparan con las grandes crisis de cohesión social del siglo XX, cuando las retribuciones de los servidores públicos se rezagaron respecto al conjunto de la economía.
Instituciones como el Instituto de Estudios Estratégicos de la Seguridad Nacional (dependiente del Ministerio de Defensa, con más de cuatro décadas de influencia en doctrina de Estado) han alertado en informes internos de que mantener brechas retributivas en cuerpos que garantizan la estabilidad institucional podría afectar a la moral y al compromiso operativo a medio plazo.
Diversos expertos en derecho laboral coinciden en que esta dualidad podría alterar el equilibrio constitucional entre igualdad y singularidad de ciertos servicios públicos durante las próximas generaciones, recordando precedentes como la equiparación salarial pendiente en prisiones o la histórica brecha en Fuerzas Armadas.
Cierre
El Gobierno ha dado un paso firme hacia la protección de los sectores más vulnerables del mercado laboral, pero la medida deja abiertas interrogantes de calado sobre la coherencia de las políticas redistributivas cuando se aplican de forma selectiva. Mientras las empresas son llamadas a pagar más, los colectivos que velan por la seguridad y defensa nacionales continúan sujetos a regímenes diferenciados que, por ahora, no incorporan el nuevo umbral mínimo.
El Ejecutivo mantiene que el acuerdo fortalece el modelo social español, aunque la sombra de la excepcionalidad en cuerpos esenciales invita a una reflexión profunda sobre hasta qué punto la justicia salarial puede convivir con excepciones justificadas por la naturaleza del servicio público. El futuro de esta tensión normativa marcará, sin duda, el rumbo de las relaciones laborales en España durante los próximos años.
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