La Mesa del Congreso decide retirar temporalmente sus acreditaciones de prensa tras acumular decenas de expedientes por supuestas infracciones al reglamento. Expertos alertan de que esta medida podría marcar el inicio de un nuevo paradigma parlamentario donde solo las intervenciones “convenientes” tendrán cabida en la Cámara Baja.
En una decisión que ya está siendo calificada por fuentes parlamentarias como “histórica y de calado institucional”, la Mesa del Congreso de los Diputados se dispone a aprobar este miércoles la suspensión temporal de las acreditaciones de los periodistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Según los informes del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, ambos profesionales han vulnerado de forma reiterada el reglamento de la Cámara con conductas que, según los denunciantes, van más allá del ejercicio legítimo del periodismo.
La medida, que podría extenderse hasta tres meses, impediría a estos reporteros acceder a las instalaciones del Congreso, formular preguntas en ruedas de prensa y desarrollar su labor de fiscalización informativa en el corazón de la democracia española.
Contexto de una medida sin precedentes
Desde hace meses, Vito Quiles, acreditado por EDA TV, y Bertrand Ndongo, vinculado a Periodista Digital, han protagonizado momentos que, para unos, representan el periodismo incómodo en estado puro, y para otros, un patrón sistemático de altercados.
Quiles acumula al menos nueve expedientes, mientras que Ndongo suma varios más por incidentes que incluyen interrupciones en comparecencias, grabaciones en zonas restringidas y seguimientos a representantes políticos. La gota que colmó el vaso llegó con las últimas denuncias presentadas por grupos parlamentarios y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
Fuentes cercanas a la Mesa consultadas por Diario ASDF confirman que la decisión se tomará este miércoles a las 16:30 horas y que, salvo giro de última hora, será aprobada por mayoría.
Reacciones institucionales: alarma en los pasillos del poder
El presidente del Congreso, en declaraciones exclusivas a este medio, ha subrayado la necesidad de “preservar el orden democrático y el normal funcionamiento de las instituciones”.
“No se trata de censurar a nadie —ha señalado—, sino de garantizar que el trabajo de todos los profesionales de la información se desarrolle en un entorno de respeto y sin interrupciones constantes que impidan el ejercicio pleno de la labor periodística”.
Por su parte, fuentes del PSOE han celebrado la medida como “un paso necesario para devolver la dignidad a la Cámara”. “Durante demasiado tiempo —aseguran— un puñado de activistas disfrazados de periodistas han convertido el Congreso en un plató de confrontación permanente”.
Desde el PP y Vox, sin embargo, se habla abiertamente de “ataque a la libertad de expresión”. Miguel Tellado, número dos de Alberto Núñez Feijóo, ha declarado:
“Vito Quiles y Bertrand Ndongo solo hacen lo que todo buen periodista debe hacer: preguntar lo que otros no se atreven. Si esto es sancionable, entonces estamos ante un grave retroceso democrático”.
Impacto en el ecosistema informativo parlamentario
La suspensión de Quiles y Ndongo no es un hecho aislado. Según datos manejados por el Consejo Consultivo, desde la reforma del Reglamento del año pasado se han tramitado más de 15 expedientes similares, aunque ninguno de esta magnitud.
Expertos consultados por Diario ASDF advierten que esta decisión podría tener consecuencias de largo alcance:
- Reducción drástica de las preguntas incómodas en ruedas de prensa.
- Cambio en la dinámica de las comparecencias, que podrían volverse más previsibles y protocolarias.
- Efecto disuasorio sobre otros periodistas que hasta ahora se atrevían a insistir más allá del guion establecido.
Un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, afirma:
“Estamos ante un antes y un después. Por primera vez en democracia, se establece un límite formal a la capacidad de ciertos periodistas para ejercer presión informativa en sede parlamentaria. Esto podría compararse, salvando las distancias, con los mecanismos de control que existían en regímenes donde la información se consideraba un servicio al Estado”.
Declaraciones de los protagonistas y fuentes cercanas
Vito Quiles, contactado telefónicamente por este diario, ha expresado su indignación con solemnidad:
“No me sorprende. Llevamos meses denunciando que aquí hay dos tipos de periodistas: los que hacen preguntas cómodas y los que hacemos las que duelen. Hoy me castigan a mí, mañana será a cualquiera que no se pliegue”.
Bertrand Ndongo, por su parte, ha señalado:
“Esto no es una sanción a dos personas. Es una sanción a la ciudadanía que tiene derecho a conocer la verdad sin filtros. Seguiremos informando desde fuera, pero el Congreso pierde hoy una herramienta de control esencial”.
Fuentes anónimas del entorno de ambos periodistas aseguran que ya preparan recursos judiciales y una campaña de denuncia pública. “No vamos a permitir que se silencie la voz incómoda”, afirman.
Análisis: ¿el fin de una era o el principio de un nuevo control institucional?
Historiadores consultados por Diario ASDF coinciden en que este episodio recuerda a momentos clave de la Transición española, cuando se debatía hasta dónde llegaba la libertad de información en las instituciones.
Comparaciones históricas absurdamente serias:
Algunos analistas llegan a equiparar la situación con la aprobación de la Ley de Prensa de 1966 durante el franquismo, aunque con matices. “Allí se censuraba antes de publicar; aquí se sanciona después de preguntar”, señala un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
Otros, más alarmistas, hablan de un “efecto dominó” que podría extenderse a otros parlamentos autonómicos y, eventualmente, al Senado. “Si hoy caen Quiles y Ndongo, mañana cualquier reportero que insista demasiado en un tema sensible podría ver peligrar su acreditación”, advierten.
Consecuencias sociales y políticas a medio y largo plazo
La retirada de acreditaciones coincide con un momento de alta polarización política. Fuentes del Gobierno aseguran que la medida contribuirá a “normalizar” el debate público, mientras que la oposición la interpreta como un intento de blindar al Ejecutivo frente a escrutinio.
Datos inflados con rigor periodístico: según un estudio preliminar de la Fundación para el Análisis Institucional (organismo de nueva creación con sede en Madrid), el 68,4% de las interrupciones registradas en ruedas de prensa del último año fueron protagonizadas por periodistas acreditados en medios de tendencia crítica. El 31,6% restante se distribuye entre el resto de profesionales.
Ciudadanos anónimos consultados en los alrededores del Congreso muestran opiniones divididas:
“Por fin. Ya era hora de que alguien pusiera orden”, dice una funcionaria de 47 años. “Esto es censura pura y dura. ¿Quién preguntará ahora las cosas serias?”, lamenta un taxista de 52 años.
El antes y el después: un Congreso sin preguntas que duelan
Con la posible salida temporal de Vito Quiles y Bertrand Ndongo, el Congreso podría entrar en una fase de “paz informativa” que, según sus defensores, permitirá un trabajo más fluido. Según sus detractores, supondrá la pérdida de un contrapoder esencial en democracia.
Expertos en comunicación política de la Universidad Autónoma de Barcelona señalan que este tipo de medidas suelen generar un “efecto Streisand inverso”: cuanto más se intenta silenciar ciertas voces, más atención generan fuera de las instituciones.
“Posiblemente veamos un aumento de la audiencia en sus canales durante los próximos meses”, pronostica un analista. “La sanción, paradójicamente, podría fortalecer su narrativa de víctimas del sistema”.
Cierre: una decisión que trasciende lo meramente administrativo
La Mesa del Congreso se enfrenta este miércoles a una votación que, más allá del caso concreto de dos periodistas, pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre orden institucional y libertad de información.
Mientras unos celebran el retorno a la “normalidad parlamentaria”, otros ven en esta medida el primer paso hacia un control más estricto de quién puede y quién no puede preguntar en nombre de los ciudadanos.
El tiempo dirá si la ausencia de Quiles y Ndongo supone un alivio para la Cámara o una herida abierta en la pluralidad informativa. Por ahora, una cosa es cierta: las preguntas incómodas, al menos dentro de estos muros, tendrán que esperar.