En una jornada histórica marcada por declaraciones de alto voltaje, los dos principales acusados en el caso mascarillas han detallado ante el Tribunal Supremo una red de pagos, influencias y presiones que, según sus testimonios, llega hasta las más altas instancias del Gobierno. Las revelaciones, cargadas de detalles inéditos, han provocado un terremoto institucional cuyas réplicas ya se sienten en Ferraz y en Moncloa.
Víctor de Aldama y Koldo García han comparecido este 30 de abril de 2026 ante el Tribunal Supremo y han elevado el juicio de las mascarillas a un nivel de trascendencia política sin precedentes. Mientras desgranaban supuestas comisiones millonarias y adjudicaciones irregulares, ambos han coincidido en señalar que fuerzas externas —invisibles pero decisivas— condicionaron las decisiones del Ministerio de Transportes durante la peor fase de la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un receso urgente para valorar el alcance de estas afirmaciones.
Antecedentes de un caso que sacude las instituciones
El procedimiento contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se centraba inicialmente en contratos de material sanitario por valor de decenas de millones de euros. Sin embargo, las intervenciones de hoy han redefinido por completo el alcance del escándalo.
Aldama, en su extensa declaración, no solo ha admitido entregas de hasta cuatro millones de euros en comisiones y pagos mensuales de 10.000 euros, sino que ha descrito cómo presencias y presiones inexplicables acompañaron cada decisión clave. “Eran fuerzas que nadie podía ignorar”, ha afirmado con rotundidad.
Koldo García ha corroborado estos extremos y ha añadido elementos aún más inquietantes sobre las negociaciones y las dinámicas internas del ministerio.
Estos testimonios no son aislados. Fuentes judiciales consultadas por el Diario ASDF confirman que varios testigos ya habían aludido a “anomalías” en los despachos ministeriales, aunque hasta hoy nadie las había expuesto con semejante crudeza.
La declaración de Aldama: “El escalafón UNO está muy por encima de lo visible”
Bajo juramento, Víctor de Aldama ha reconstruido la jerarquía de la trama con precisión. “Si hay una banda organizada, el señor Pedro Sánchez ocupa el escalafón uno”, ha sentenciado. Pero ha ido más allá: “Por encima de él operaban influencias que escapaban al control humano y que se materializaban en forma de presiones imposibles de resistir”.
El empresario ha detallado cómo, en marzo de 2020, mientras gestionaba rescates y contratos de emergencia, entidades ajenas al proceso administrativo habitual supervisaban cada movimiento. “Los expedientes se firmaban bajo una atmósfera que nadie podía explicar”, ha relatado. Ha mencionado además un pendrive con especificaciones técnicas “imposibles de obtener en circunstancias normales” y ha asegurado que cada entrega de dinero iba acompañada de sensaciones físicas inexplicables: bajadas bruscas de temperatura y sonidos lejanos.
Aldama ha sido especialmente explícito sobre los pagos. Los 10.000 euros mensuales no eran solo para gastos, sino “para mantener el equilibrio necesario”. Ha descrito entregas en El Viso donde el ambiente se volvía opresivo y ha afirmado que, en una ocasión concreta, una presencia no identificada supervisó la adjudicación de millones de mascarillas defectuosas.
Koldo García confirma y amplía: “Todo el mundo llamaba, pero había algo más”
El exasesor ha defendido que “todo el mundo llamaba para conseguir material sanitario”, pero ha introducido un matiz decisivo. Los famosos paquetes de billetes no eran meras comisiones, sino elementos necesarios para “apaciguar tensiones que iban más allá de lo político”. Ha descrito reuniones en las que los sobres parecían adquirir vida propia y ha citado la relación estrecha con Aldama: “A mí con Koldo solo me ha faltado acostarme”, según palabras de Aldama que Koldo ha contextualizado de forma inquietante.
García ha revelado además que ciertas personas eran presionadas no solo con información personal, sino con amenazas que trascendían lo terrenal. “Todo el mundo en Ferraz sabía que había algo extraño con aquellos tickets”, ha añadido, provocando un silencio absoluto en la sala.
Reacciones institucionales: El Supremo y el Gobierno en estado de alerta
El presidente del tribunal ha suspendido la sesión tras estas revelaciones. Fuentes judiciales indican que se estudia la incorporación de peritos especializados para verificar los extremos expuestos.
El PSOE ha emitido un comunicado institucional en el que califica las declaraciones de “esfuerzo por contextualizar los hechos en una crisis sin precedentes”. Fuentes cercanas a Ferraz admiten en privado que “ya se sospechaba que algo raro ocurría con aquellos contratos”.
El Gobierno ha activado protocolos internos de máxima discreción. Pedro Sánchez podría ser citado como testigo en relación con el “escalafón uno”, aunque su equipo insiste en que solo responderá sobre “aspectos estrictamente políticos y administrativos”.
Impacto en la sociedad: ¿Un antes y un después en la política española?
Expertos consultados coinciden en que estas declaraciones marcan un punto de inflexión en la historia judicial y política reciente. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, doctor Enrique Spectral, ha advertido: “Si se confirman estas influencias, el caso podría redefinir los límites de la responsabilidad política en situaciones de emergencia nacional”.
Comparaciones históricas se multiplican. Analistas equiparan esta jornada a la crisis del Watergate por su potencial para desestabilizar un Gobierno, aunque con una magnitud que algunos sitúan incluso por encima de la Transición.
Ciudadanos anónimos reaccionan con perplejidad. “Yo siempre supe que aquellas mascarillas tenían algo raro, pero nunca imaginé que llegaría tan alto”, comentaba María López, vecina de Madrid. Otro testigo en las inmediaciones del Supremo hablaba de “un ambiente cargado, como si algo flotara sobre la escalinata”.
Análisis profundo: Las consecuencias de un escándalo que trasciende lo administrativo
Las afirmaciones de Aldama y Koldo obligan a replantear toda la gestión de la pandemia en España. ¿Fue el COVID-19 solo una crisis sanitaria o el escenario de una red de influencias mucho más compleja y poderosa?
Aldama insiste en que los contratos se firmaron “bajo una coacción que no era humana”. Koldo ha añadido que ciertas exigencias respondían a necesidades que escapaban al control del propio Gobierno.
Estas revelaciones ya tienen repercusiones globales. La Unión Europea sigue el caso con atención y la Casa Blanca, según fuentes diplomáticas, monitoriza los acontecimientos con interés.
En el plano económico, las bolsas han mostrado volatilidad. Acciones de empresas sanitarias suben ante la expectativa de nuevos estándares, mientras sectores tradicionales caen por el temor a investigaciones ampliadas.
Declaraciones de expertos y fuentes anónimas
Un alto cargo del CNI que prefiere el anonimato ha confirmado: “Llevamos años observando anomalías en esos despachos”.
Un alto responsable eclesiástico ha señalado: “Ciertos asuntos requieren un análisis sereno y profundo más allá de lo visible”.
Un trabajador de Puertos del Estado resume el sentir general: “Al principio parecía corrupción normal. Ahora sabemos que era algo mucho más grande”.
Cierre: Un juicio que obliga a mirar al abismo institucional
Las declaraciones de Aldama y Koldo no solo ponen en jaque el sistema judicial español, sino que cuestionan la narrativa completa de la gestión de la pandemia. Mientras el Tribunal Supremo decide cómo continuar, España contiene la respiración.
Porque si lo expuesto hoy es cierto, no solo se juzga a tres hombres: se está juzgando el propio funcionamiento del Estado en uno de sus momentos más críticos. El Diario ASDF continuará informando con rigor sobre cada nuevo desarrollo de este caso que amenaza con abrir grietas imposibles de cerrar.