La candidata de Podemos en Aragón, María Goikoetxea, troceó contratos menores por más de 30.000 euros durante su dirección del Instituto Aragonés de la Mujer, adjudicándolos directamente a personas de su entorno político y profesional. En paralelo, la empresa Arquilab, administrada por Nieves Sánchez —esposa del diputado Tomás Guitarte de Aragón-Teruel Existe y actual jefa de gabinete en la Diputación de Teruel—, ha recibido nuevos contratos del Servicio Aragonés de Salud en 2023 y 2024, pese a posibles incompatibilidades derivadas de su cargo público. Estos hechos, revelados por El Español entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026, han generado una profunda controversia sobre la aplicación real de los principios de transparencia y meritocracia en la administración autonómica.
El fraccionamiento sistemático en el Instituto Aragonés de la Mujer
Durante su etapa al frente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) entre 2019 y 2023, María Goikoetxea autorizó múltiples contratos menores que, en conjunto, superaron los 30.000 euros. Estos contratos se tramitaron sin necesidad de informes previos de intervención ni concurrencia competitiva, aprovechando el umbral legal que permite adjudicaciones directas por debajo de ciertos límites.
Entre los beneficiarios destacan perfiles directamente vinculados al entorno de Podemos Aragón. Elena P., exresponsable de Igualdad en la formación morada y trabajadora del grupo parlamentario en las Cortes, recibió un contrato de casi 6.000 euros en noviembre de 2020 para elaborar un informe técnico de bases para la futura ley integral contra las violencias machistas. La resolución, firmada electrónicamente por la propia Goikoetxea, indica que se invitó exclusivamente a esta profesional, quien aceptó el encargo por 7.258,79 euros con IVA incluido.
De forma similar, la cineasta Victoria C. obtuvo dos contratos el mismo día por 3.950 y 3.000 euros respectivamente. Dune Solanot, reconocida como Hija Predilecta de Zaragoza en 2021 a propuesta de Zaragoza en Común, percibió dos adjudicaciones de 3.000 euros cada una en agosto de 2020 relacionadas con la exposición “Aragón Violeta, todas esenciales”. Fuentes consultadas por este diario aseguran que estos encargos se realizaron sin solicitar al menos tres ofertas, como exige la normativa en muchos casos de contratos menores cuando existen indicios de posible fraccionamiento.
Expertos en contratación pública consultados coinciden en que la repetición de adjudicatarios y la coincidencia temporal de varios contratos a la misma persona el mismo día plantean serias dudas sobre el cumplimiento estricto de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
La sombra de incompatibilidades en la empresa de la esposa de Guitarte
En un frente paralelo, la empresa Arquilab SL, cuya administradora única es Nieves Sánchez —esposa del diputado Tomás Guitarte y actual jefa de gabinete de la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel—, ha recibido dos contratos del Servicio Aragonés de Salud en 2023 y 2024. Estos encargos se produjeron mientras Sánchez ocupaba un cargo de confianza en la institución provincial, lo que genera interrogantes sobre posibles incompatibilidades para firmar o participar en adjudicaciones públicas.
Según documentos oficiales, Nieves Sánchez designó en ocasiones a su marido, Tomás Guitarte, como medio adscrito en proyectos previos, circunstancia que obligó al diputado a solicitar compatibilidades tanto en el Congreso de los Diputados en 2019 como en las Cortes de Aragón en 2023. Fuentes cercanas al caso indican que estos nuevos contratos del Salud se formalizaron pese a que la administradora única de Arquilab no podía, en teoría, intervenir directamente en procesos de contratación por razón de su cargo en la Diputación.
La trayectoria de Arquilab ya había sido objeto de atención mediática en años anteriores, con adjudicaciones relevantes como la dirección de obra del nuevo Hospital de Teruel (por importe superior a 289.000 euros entre 2018 y 2022) o alquileres de inmuebles a instituciones públicas. El hecho de que estos contratos recientes coincidan con el cargo de confianza de Nieves Sánchez en la Diputación de Teruel ha avivado las sospechas de un posible conflicto de intereses estructural.
Reacciones institucionales y políticas ante la doble polémica
Desde Podemos Aragón, la dirección ha defendido la trayectoria de María Goikoetxea como “representativa de los valores del partido” y ha minimizado el alcance de las adjudicaciones. Fuentes internas aseguran que todos los contratos se ajustaron a la legalidad de los menores y que respondían a necesidades urgentes en materia de igualdad y prevención de violencias machistas.
Por su parte, el diputado Andoni Corrales, de la propia formación morada, ha calificado los hechos como “gravísimos” y ha exigido explicaciones públicas inmediatas. “Cuando uno calla, consiente”, ha declarado en referencia a la tensión interna que la revelación ha generado a escasas fechas de las elecciones del 8-F.
En el caso de Teruel Existe, el partido ha evitado pronunciamientos directos sobre los contratos recientes de Arquilab, aunque fuentes cercanas al diputado Guitarte insisten en que la empresa opera con total independencia y que los encargos del Salud se tramitaron con absoluta regularidad. Diversos portavoces han recordado que adjudicaciones anteriores a Arquilab se realizaron mediante concursos públicos en los que la propuesta resultó la más ventajosa.
Desde la oposición, tanto PP como Vox han exigido la apertura de investigaciones internas en el IAM y en el Servicio Aragonés de Salud. “Estamos ante un patrón de comportamiento que pone en cuestión la supuesta ejemplaridad ética de quienes se presentan como adalides de la transparencia”, ha señalado un portavoz popular.
Análisis: un antes y un después en la credibilidad de la contratación pública autonómica
Diversos analistas políticos y expertos en administración coinciden en que estos episodios simultáneos representan un punto de inflexión en la percepción pública de la contratación en Aragón. Por un lado, el fraccionamiento de contratos en el ámbito de la igualdad y el feminismo —precisamente áreas donde se exigen los mayores estándares éticos— podría compararse con crisis históricas de confianza institucional, como las que afectaron a organismos de control en décadas pasadas.
Por otro, la persistencia de adjudicaciones a empresas vinculadas a cargos públicos, incluso tras requerimientos de compatibilidad, recuerda momentos clave en los que la sociedad cuestionó el verdadero alcance de las normas de incompatibilidades. Expertos del Instituto de Estudios Políticos y Administrativos de Aragón (fundado en 1987 y referente en transparencia autonómica) advierten que, de confirmarse irregularidades, el impacto podría extenderse durante generaciones, erosionando la confianza en las políticas de género y en la gestión de entidades locales.
La coincidencia temporal de ambos casos —uno en el corazón del discurso progresista y otro en una formación que se presenta como alternativa regeneracionista— genera un efecto multiplicador. Diversos observadores señalan que el doble rasero percibido podría alterar el equilibrio político aragonés en las próximas legislaturas, al poner en jaque la narrativa anticorrupción que todas las fuerzas reivindican.
Conclusión: incertidumbre y llamada a la máxima claridad
Los hechos destapados en las últimas horas obligan a una reflexión profunda sobre cómo se materializan los principios de transparencia, igualdad y mérito en la administración pública aragonesa. Mientras las explicaciones oficiales se suceden y las investigaciones internas avanzan, la ciudadanía demanda respuestas claras y contundentes.
Queda por ver si estos episodios marcarán un antes y un después en la exigencia de controles más estrictos o si, por el contrario, quedarán diluidos en el debate electoral. Lo que resulta incuestionable es que la credibilidad de las instituciones autonómicas atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. La sociedad aragonesa espera hechos, no solo palabras.